Sanidad gastó un 7% más en tratar pacientes en la privada y concertada
La Comunidad destinó 84 millones de euros más en 2014 a conciertos mientras la asignación para todos los hospitales públicos cayó
El Gobierno regional aumentó en 2014 el presupuesto destinado a atender a los pacientes madrileños en centros privados y concertados casi un 7%. La Consejería de Sanidad destinó 84 millones de euros más que el año anterior a pagar los conciertos con estas clínicas (ese año se abrió el hospital de Collado-Villalba), mientras el gasto sanitario total subió por debajo del 2%. Pese a que el intento de privatización de la gestión de seis hospitales se frenó en 2014, en parte debido a la presión de la marea blanca, el peso de la privada en el gasto público siguió aumentando, como demuestran estos datos presupuestarios, correspondientes al gasto real.
La Comunidad presupuestó inicialmente 720 millones de euros para pagar derivaciones de consultas y operaciones de pacientes madrileños a centros sanitarios privados y concertados (gestionados por empresas pero dentro de la red pública) durante 2014. Al final, el gasto real superó los 824 millones de euros, según recoge la memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que se aprobó la semana pasada en el consejo de administración —con varios meses de retraso respecto a la fecha habitual— y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El peso de la colaboración con el sector privado asciende al 11,2% del presupuesto total destinado a Sanidad en 2014.
Los datos sobre gestión económica que recoge este documento muestran también cómo mientras la colaboración con la sanidad privada y concertada crecía un 7%, el presupuesto de todos los grandes hospitales de gestión enteramente pública de la región disminuyó con respecto al año anterior. El hospital de La Paz, el segundo más grande de Madrid, con 1.300 camas instaladas, tuvo que funcionar con 33 millones de euros menos: en 2014 perdió el 6,2% de su presupuesto, que se quedó en 504 millones de euros. El Clínico San Carlos, hospital de referencia nacional para esclerosis múltiple y otras patologías, perdió el 5,2% de su asignación.
“Mantenemos el deseo de seguir con la externalización”, manifestó el entonces consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, cuando a finales de 2013, con el plan para privatizar la gestión de seis hospitales de la región y de 10 de los centros de salud paralizado por los tribunales de justicia, presentó las cuentas sanitarias de 2014. Finalmente no pudo hacerlo: en enero de ese año, el presidente, Ignacio González, anunció que el mayor plan de privatización de la gestión de la sanidad pública jamás diseñado en España quedaba desactivado. En esa rueda de prensa Lasquetty comunicó que abandonaba el cargo por el fracaso del proyecto. Le sustituyó Francisco Javier Rodríguez, que fue destituido apenas un año después por su gestión de la crisis del ébola.
El plan del Gobierno regional incluía el paso a manos privadas de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 por Esperanza Aguirre (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo), afectaba a unos 5.000 trabajadores sanitarios y cambiaba la gestión de la salud de 1,2 millones de madrileños. El intento le costó al Gobierno regional una huelga sanitaria como no se recordaba en años y manifestaciones con decenas de miles de ciudadanos protestando en las calles, la llamada marea blanca. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el plan en septiembre de 2013.
El gasto sanitario real durante el año 2014 era una incógnita, puesto que la Cámara de Cuentas aún no ha publicado el informe de fiscalización correspondiente a ese año. La memoria del Sermas permite comprobar que el presupuesto inicial, de 6.840,4 millones de euros, pasó a 7.340,7 millones de euros de gasto real. Los gastos en actividad concertada, señala la memoria, que se publicará en breve, “se incrementan como consecuencia de la puesta en funcionamiento del Hospital de Collado Villalba, el incremento en el Convenio con Instituciones del Estado y la mayor actividad con la Fundación Jiménez Díaz”.
Pese a que la memoria recoge con detalle la actividad concertada en hospitales privados (clínica SEAR, Hospital San Rafael, Hospital Beata María Ana de Jesús, Fundación Instituto San José...), los convenios de salud mental y las pruebas diagnósticas, no es posible saber cuánto mayor fue la actividad concertada con la Fundación Jiménez Díaz, hospital privado propiedad del fondo de capital riesgo CVC que atiende a los vecinos del centro de Madrid. El texto únicamente precisa que los “procedimientos en centros de gestión indirecta” —los hospitales de gestión privada que forman parte de la red pública Jiménez Díaz, Torrejón, Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro, el hospital del Ministerio de Defensa Gómez Ulla— aumentaron un 37,8%.
El hospital de gestión privada de Collado Villalba, pero que forma parte de la red pública, abrió sus puertas en octubre de 2014, después de llevar casi dos años terminado y cerrado. Durante ese tiempo, la Comunidad pagó por él 900.000 euros al mes en concepto de mantenimiento.
Los madrileños pagan casi el doble que hace tres años por sus medicamentos
El porcentaje del coste de los medicamentos que pagan los madrileños cuando los compran en la farmacia se ha casi duplicado en apenas tres años. Si en 2011 la aportación de los usuarios era del 6,1%, en 2014 ha subido hasta el 10,1%, según recoge la memoria correspondiente al año pasado del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Este aumento se debe principalmente a la reforma sanitaria que emprendió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y que, entre otras cosas, estableció por primera vez la obligatoriedad de que los pensionistas pagaran por sus medicinas.
Desde 2012, cuando se aprobó el real decreto que también dejó fuera de la asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular, por primera vez más de 7,5 millones de pensionistas españoles pagan por sus medicamentos. Jubilados, perceptores de pensiones de viudedad y de invalidez (quedaron exentos quienes reciben una pensión no contributiva) empezaron a abonar un 10% del precio de los medicamentos, con un tope mensual de entre 8 y 60 euros, según la cuantía de la pensión. Con la reforma del copago farmacéutico, el Ejecutivo esperaba ahorrar hasta 165 millones de euros.
Durante el primer año, Madrid cobró a los pensionistas las medicinas aunque superaran el límite, para devolverles el exceso en tres o seis meses, pero después se sumó a otras comunidades y adoptó un sistema que permite que la farmacia sepa cuándo el jubilado ha llegado a su tope mensual y deja de cobrarle. El Sermas realizó entre septiembre de 2013 y el mismo mes del año pasado 292.910 pagos, por importe de 796.554 euros, como reembolso de los excesos de aportación farmacéutica.
El gasto en medicamentos en 2014 fue de 1.873 millones de euros, más de una cuarta parte del presupuesto sanitario y el 11% del presupuesto total de la Comunidad. Aumentó un 4% con respecto al año anterior. El 52% de todos los envases dispensados en farmacia en el año 2014 fueron genéricos, destaca la memoria, un porcentaje que no deja de crecer desde 2003.
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