La Comunidad pide a las energéticas que no corten luz y gas
Los consejeros de Economía y de Presidencia abordan con representantes del sector cómo impedir el corte del suministro a ciudadanos en riesgo de exclusión social en otoño e invierno
La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, abordaron ayer con representantes de las compañías Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, Endesa y Madrileña Red de Gas cómo evitar que los ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión social puedan quedarse sin suministro energético en los meses de otoño e invierno.
El Consejo de Gobierno de la semana pasada acordó “instar” a las empresas energéticas de electricidad y gas “a adoptar medidas para el mantenimiento del suministro a favor de familias en riesgo de pobreza”. La Comunidad pone como ejemplo la tarifa social del Canal de Isabel II, que se aplica a clientes que no pueden hacer frente al pago de los recibos de agua. La semana pasada la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, precisó que a 31 de agosto había 2.871 beneficiarios en el Canal de Isabel II de la tarifa social, un 69% más que en el ejercicio anterior.
La iniciativa del Ejecutivo de Cifuentes se produjo dos días antes de que Podemos presentara en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para, precisamente, impedir por ley el corte de los servicios de electricidad y de gas a los ciudadanos que no pudieran afrontar su coste. “Presentamos esta iniciativa ahora porque dentro de un mes hay que encender las calefacciones”, afirmó Cifuentes, que achacó a una “coincidencia” la similitud de su propuesta con la de Podemos en el Parlamento autónomo.
La Asamblea de Madrid aprobó el pasado jueves la proposición del partido de Pablo Iglesias para garantizar el acceso al suministro de agua, electricidad y gas de todos los habitantes de la Comunidad de Madrid durante los meses de otoño e invierno, “evitando la suspensión de dichos suministros”, con el voto en contra del PP y el respaldo del resto de partidos políticos. La propuesta no tiene carácter vinculante, es decir, no es de obligatorio cumplimiento para el Gobierno.
