El presidente de la Cámara de Comercio se adjudicó a sí mismo el servicio de comedor
La Cámara de Cuentas entiende que la institución incurrió en un “conflicto de intereses” al conceder el contrato a Arturo Fernández
El empresario hostelero Arturo Fernández, presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid, adjudicó el servicio de comedor de empleados de la sede central de este organismo a una empresa suya. El importe de la adjudicación, que se produjo en 2013, fue de 94.920 euros, según consta en un informe de la Cámara de Cuentas. El organismo fiscalizador entiende que la Cámara incurrió en un “conflicto de intereses”. Fernández, que está al frente de este organismo desde 2010, tuvo que dimitir de la presidencia de la patronal regional (CEIM) en 2014, acosado por varios escándalos.
Los auditores de la Cámara de Cuentas afirman en su informe, relativo al grado de cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, que en la adjudicación del contrato de restauración al Grupo Arturo Cantoblanco “no llegó a existir verdadera concurrencia”. Para ello, recalca que “aunque se invitó a presentar oferta a cinco empresas, solamente acudió la que ha venido siendo adjudicataria en los últimos años y de la que era titular el presidente de la corporación fiscalizada”. El reglamento de la Cámara de Comercio valida administrativamente esa circunstancia. Aun así, la Cámara de Cuentas se plantea si el grado de incompatibilidades de la institución fiscalizada está “excesivamente limitado”.
1,2 millones de deuda tras tres años de concesión en Ifema
La concesión del comedor de la Cámara de Comercio a Arturo Fernández no es la única de una institución en la que el empresario de la restauración ocupa un cargo relevante. Siendo miembro del Consejo Ejecutivo de Feria de Madrid (Ifema), Fernández también ganó el contrato para gestionar desde enero de 2011 sus bares, restaurante y cafeterías.
Ifema rescindió el contrato en diciembre de 2013. El empresario tenía una deuda con el recinto ferial de 1,27 millones a finales de 2012.
Fernández no había abonado el canon anual al que estaba obligado. Y no cumplió con lo dispuesto en las bases del concurso al no hacer frente ni al pago de la renta ni a las inversiones de 928.000 euros a las que obligaba la concesión.
El grupo Arturo Cantoblanco, fundado en 1898 y otrora uno de los más poderosos del país con más de 4.000 empleados, ha perdido en los últimos años algunas de las concesiones administrativas que le dieron más fama e influencia, como el comedor del Congreso de los Diputados o el de la Asamblea de Madrid.
El juzgado de lo mercantil número uno de Madrid declaró en concurso de acreedores al Grupo Arturo en octubre del año pasado. Unos meses antes, en junio, el grupo empresarial se acogió al artículo 5 bis de la Ley Concursal, solicitando el preconcurso de acreedores para “garantizar el futuro de su proyecto empresarial”, informó la firma.
Desde el pasado noviembre se encuentra en liquidación: el administrador concursal es, según el registro mercantil, Data Concursal SLP. Fernández dejó de ser el administrador único de la compañía en febrero de este año.
Fernández preside la Cámara de Comercio desde julio de 2010, cuando sucedió a Santos Campano, amigo suyo y al que a su vez nombró vicepresidente de CEIM cuando él era presidente de los empresarios madrileños. La Cámara de Comercio modificó antes del relevo el procedimiento de licitación del contrato de comedor. Empresarios como Hilario Alfaro, que se presentó a las elecciones de CEIM en marzo de 2014 —Fernández fue reelegido, pero terminó renunciando a finales de año desgastado por escándalos como el de las tarjetas opacas de Caja Madrid (gastó 38.776,57 euros, casi 10.000 en facturas a sus restaurantes)—, criticaron que se trató de un concurso a la medida del Grupo Arturo.
La Cámara de Cuentas concluye en su informe fiscalizador de 2013 que la incompatibilidad que establecen las normas internas de contratación de la Cámara de Comercio “resulta limitada en su alcance”. El motivo es que “permite la contratación con empresas de los titulares de los órganos rectores de la entidad, pudiendo darse una colisión de intereses en dichos miembros en su doble condición de integrantes de los órganos rectores y de titulares de empresas contratistas”.
El servicio de comedor de la Cámara de Comercio en su sede de la calle de Ribera del Loira, en el campo de las Naciones de Madrid, se licita anualmente y fue adjudicado en 2010 a Arturo Cantoblanco con la aprobación y firma de Fernández. Su empresa ganó el concurso con 96 puntos de 100 posibles, frente a los 54 de las otras empresas aspirantes, ISS Soluciones de Catering y Serunion. Los nuevos requisitos establecían un máximo de 40 puntos por experiencia y facturación; 30 puntos por el menú más competitivo; 20 puntos por certificados oficiales, y 10 puntos por otras mejoras propuestas. El Grupo Arturo ofreció el menú más caro (6,46 puntos), que le valió 26 puntos, por detrás de ISS (5,50 euros; 30 puntos) y de Serunion (6 euros; 28 puntos). Sin embargo, en las tres categorías restantes el Grupo Arturo barrió a sus oponentes, obteniendo los 70 puntos posibles. Las competidoras de Cantoblanco se quedaron en 54 puntos, a 42 de distancia de la empresa seleccionada.
Para evitar casos así, la Cámara de Cuentas concluye que la Cámara de Comercio e Industria “debe modificar la regulación de las incompatibilidades” recogidas en su reglamento de contratación, “para que den una respuesta eficaz y acorde con nuestro ordenamiento jurídico a los conflictos de intereses que puedan producirse”.
El artículo 22.3 de la normativa de contratación de la entidad fiscalizada dispone que “las personas físicas o jurídicas miembros titulares del pleno de la Cámara, los vocales cooperadores y los representantes en el pleno de sus miembros titulares personas jurídicas y las personas físicas o jurídicas a cualquiera de ellos vinculados, tendrán incompatibilidad para contratar con la Cámara”.
La Cámara de Cuentas también pone reparos a un contrato de rehabilitación por un importe estimado de 360.000 euros (IVA no incluido), que exigía en principio que se adjudicase mediante procedimiento abierto o restringido. En cambio, fue adjudicado de forma directa “sin justificar debidamente la concurrencia de una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para la Cámara y no imputables a ella”. El órgano de contratación solicitó ofertas a los tres estudios de arquitectura que consideró oportuno invitar. Las ofertas fueron de 141.000 euros; 308.000 euros y 342.514 euros.
El correspondiente expediente de contratación remitido a la Cámara de Cuentas “adolece”, según esta, “de falta de transparencia”. Los auditores subrayan que “no están justificadas las razones de la adjudicación directa” y que “se desconoce por qué se invitó a tres profesionales determinados”. Tampoco se justifican “cuáles eran los criterios de adjudicación inicialmente previstos”. El órgano fiscalizador sentencia que las razones para realizar la adjudicación “no explican por qué no se realizó a quien había presentado la mejor oferta una vez que había sido invitado a participar”.
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