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Cuatro años de austeridad

Mas ha rebajado el gasto el 20% durante sus dos legislaturas para contener el déficit a la par que la deuda se ha incrementado un 87%

Lluís Pellicer
El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell.
El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell.Albert Garcia

La austeridad ha guiado la política fiscal y financiera de la Generalitat en las dos legislaturas de Artur Mas. La receta del Ejecutivo catalán para enderezar las finanzas públicas en los últimos cuatro años ha consistido en un tijeretazo del gasto presupuestario del 20%, un aumento de la presión fiscal y una accidentada política de privatizaciones. Con esas medidas, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha rebajado el déficit público en 3.948 millones de euros. La reducción de ese desfase fue constante entre 2011 y 2013, pero volvió a incrementarse en 2014 después de que los planes de privatizar las depuradoras del área metropolitana de Barcelona dieran al traste por la oposición de los alcaldes.

La receta de CiU se basa en recortes, privatizaciones y la subida de tributos

En la pasada legislatura, el Gobierno de CiU tuvo que compaginar el control que el Ministerio de Hacienda ejercía sobre sus finanzas mediante el reparto de los objetivos de déficit —que cargaban el grueso del ajuste sobre las comunidades— y los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con el cambio de socio parlamentario. Tras los comicios de 2012, CiU decidió romper con el PP y pactar con ERC las cuentas públicas. Los convergentes tuvieron que tragar con las exigencias de ERC de recuperar el impuesto de Sucesiones —que había suprimido tras tacharlo de “confiscatorio”—, a instaurar el impuesto sobre los depósitos bancarios que CiU siempre se había negado a implantar o bien varias tasas ambientales. Algunos de esos tributos nunca entraron en vigor al ser recurridos por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.

El año pasado el déficit escaló del 1,96% al 2,58% del Producto Interior Bruto (PIB) por la política de privatizaciones y por el retraso que sufren las comunidades en beneficiarse de la mejora de la recaudación tributaria a causa del sistema de anticipos. Ello explica parte de la escalada de la deuda pública de la Generalitat, que en el primer semestre de 2015 ascendió, según el Banco de España, a 66.813 millones de euros, equivalente al 32,8% del PIB. Eso significa que durante la época de Artur Mas la deuda se ha incrementado un 87,5%. La mitad de esa deuda está contraída con el FLA, lo cual es un arma de doble filo: si bien aumenta la dependencia respecto a la Administración central, también ha permitido rebajar los intereses de la deuda por primera vez en la legislatura, de los 2.077 millones de 2014 a 1.713 millones en 2015.

La tesorería de la Generalitat ha estado sometida, además, a duras tensiones en los últimos años. Los hospitales concertados, las farmacias o las entidades sociales han sufrido los retrasos en los pagos del Ejecutivo catalán. La morosidad de la Administración catalana ha ido creciendo este año, de modo que, según el Departamento de Economía, ya paga a 92,2 días a sus proveedores. El área de Salud es la que más tarda en abonar las facturas (100,9 días), mientras que Enseñanza paga solo seis días más tarde de lo que debería.

El Presupuesto de la Generalitat se ha incrementado este año el 5,6%, aunque casi todo ese aumento se lo come la recuperación de la paga extra de los empleados públicos. Si se excluye la subida de los costes salariales y el efecto de integrar en las cuentas algunas empresas públicas, el gasto apenas aumenta el 0,4%. Sin embargo, Mas-Colell se enfrenta a una reducción del déficit del 2,58% al 0,7% del PIB. Para cuadrar el sudoku, el consejero incluyó tres partidas sujetas a negociación con el Estado —que este le negó enseguida— y que en el plan de ajuste presentado a Hacienda cambió por más privatizaciones. De hecho, el plan presentado el pasado julio prevé que esas operaciones permitan ingresar 1.663 millones. Hasta ahora, sin embargo, las ventas han supuesto más un problema que una solución: la Generalitat se malvendió Tabasa y ya ha sufrido varios reveses judiciales por ATLL, que podría costarse hasta 326 millones de euros.

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Propuestas de las candidaturas al 27-S

Junts pel Sí. La candidatura señala que con la secesión no serían necesarios más recortes. Lucha contra el fraude. Creación de la Hacienda pública, un banco central, organismos reguladores y un banco público.

Unió. Negociación de un concierto fiscal para Cataluña. Lucha contra el fraude fiscal. Cláusula en los contratos públicos para evitar trabajar con empresas radicadas en paraísos fiscales.

PSC. Modificación de los impuestos de sucesiones y patrimonio. Creación de una oficina neutral de Presupuestos.

PP. No salir del euro. Reducción del tramo autonómico del IRPF. Supresión del impuesto de sucesiones. Eliminación del impuesto de patrimonio.

Catalunya Sí que es Pot. Acabar con la austeridad y los recortes. Gestión pública de los servicios. Reforma fiscal y financiera teniendo en cuenta criterios de justicia social.

Ciutadans. Lucha contra el fraude fiscal. Rebaja del tramo autonómico del IRPF. Reforma del impuesto de sucesiones y patrimonio.

CUP. No pagar la deuda ilegítima. Parar las privatizaciones. Nacionalización de los sectores estratégicos. Priorizar el gasto social.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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