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CDC perdió durante el proceso todos los donativos desde fuera de Cataluña

Las aportaciones de constructoras del resto de España pasaron del 35% a 0 en seis años

La fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) perdió entre 2008 y 2013, años del giro soberanista del presidente catalán, Artur Mas, la totalidad de las donaciones que percibía de constructoras con sede fuera de Cataluña. El descenso en estas ayudas, que llegaron a suponer el 35% de las donaciones recibidas por la entidad, fue compensado con el aumento de aportaciones de empresas catalanas, especialmente con el regreso de CDC al poder en la Generalitat en 2010. Los expertos consultados consideran “muy relevantes” datos y destacan la opacidad que ha rodeado la financiación de la fundaciones políticas.

La publicación por EL PAÍS de las donaciones recibidas por CatDem pone luz al oscuro mundo de la financiación de las fundaciones de partidos. Y revela tendencias remarcables. Si, como suele decirse, las bolsas anticipan las crisis económicas —aunque esta tesis es cuestionada por los expertos—, podría decirse que este mercado de las donaciones anticipó la crisis soberanista.

Los grandes donantes privados —excluidas empresas que dieron menos de 20.000 euros y otras fundaciones y entidades políticas— donaron 1,1 millones de euros a CatDem en 2008. De ellos, 382.000 (el 34,6%) procedían de 13 grandes constructoras radicadas fuera de Cataluña, casi todas en Madrid. Un año más tarde, estos donantes dieron 1,2 millones, aunque el peso de los no catalanes ya descendió al 23,7%. La tendencia siguió imparable —17,7% en 2010, 5,7% en 2011 y 0,6% en 2012— hasta la desaparición de las donaciones no catalanas en 2013.

Esta pérdida se vio compensada por el mayor esfuerzo de empresas catalanas, entre las que hay constructoras pero también empresas de servicios —aguas, autopistas, residuos...—, sanitarias, de consultoría... En casi todos los casos, dentro y fuera de Cataluña, los donantes son adjudicatarias directas o indirectas de contratos públicos.

Una “puerta trasera” en la ley de financiación de partidos

Una puerta trasera en la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007 —que prohibía las donaciones de empresas beneficiarias de adjudicaciones públicas a los partidos pero las permitía a sus fundaciones— está en el origen de buena parte de los casos de corrupción que afectan a fundaciones como CatDem de CDC y la FAES del PP, según los expertos. Juan Rodríguez Teruel afirma que "el resultado de las presiones de CiU, PP y PNV para dejar esa vía de financiación fue un notable crecimiento de las ayudas a estas fundaciones". Según un trabajo de este investigador, basado en datos del Tribunal de Cuentas, estas fundaciones recibieron más de 23 millones de euros de empresas entre 2007 y 2013. La federación CiU, a traves de sus dos fundaciones —CatDem de CDC y Coll y Alentorn de Unió Democràtica (UDC)— fue la más beneficiada: 10,9 millones. Le siguen la Fundación FAES del PP, con casi nueve millones, y la Sabino de Arana, del PNV (2,4 millones). La Fundación Ideas, del PSOE, ingresó un millón por este concepto.

Víctor Lapuente califica de “pésimo síntoma de la higiene democrática en España” que donantes y cantidades aportadas solo salgan a la luz pública “por investigaciones periodísticas y judiciales por corrupción”. Según Lapuente, “es preocupante que los implicados se refugien en la estricta legalidad, a menudo sesgada, de los hechos”. “El buen gobierno pide transparencia y asumir responsabilidades, no solo legales, sino también políticas y éticas”. Este investigador lamenta que “solo se ponga el foco en los partidos”. “Si hay donaciones sospechosas es porque alguien las da. Y las empresas y sus directivos también deben asumir sus responsabilidades éticas ante la sociedad”.

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Las aportaciones de las empresas catalanas a la fundación de CDC presentan una clara evolución al alza entre 2008 y 2010, cuando pasaron de 723.000 a 1,05 millones millones de euros. En los dos años siguientes, muestran un ligero descenso hasta desplomarse en 2013. En esta evolución también puede observarse la incorporación a la lista de donantes en 2010, cuando CiU preparaba el asalto a la Generalitat ante la descomposición del Tripartido de izquierdas, de muchas empresas catalanas que hasta entonces no habían contribuido a CatDem.

Los expertos consultados califican de “muy relevantes” unos datos desconocidos hasta la fecha, aunque son prudentes al “establecer una relación de causalidad en la correlación”. “Es evidente que muestran un fenómeno de fondo, pero del que nos faltan datos por la opacidad que ha habido en estas donaciones y la influencia que han tenido otros factores, como la crisis económica”, afirma Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). Pese a ello, Lapuente destaca “la distinta evolución de las constructoras catalanas y las del resto de España en unos años en los que, además de la crisis económica, se produjo el giro independentista de CDC”.

Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia y analista de Agenda Pública, afirma que “los datos sugieren tres procesos paralelos, cuyo impacto es difícil de aislar”. “Primero, parece que el giro independentista de CDC reduce las donaciones de empresas no catalanas. Segundo, CDC logra reemplazar estas entradas con pequeños donantes locales, especialmente cuando las expectativas de Gobierno en la Generalitat son evidentes. Por último, en 2013, tras el caso Bárcenas y los avances en la investigación del caso Palau, las donaciones caen en todas las fundaciones políticas”, sostiene.

Un investigador de la financiación ilegal de partidos, que pide el anonimato, aporta otra clave: “El caso Palau mostró el peso de las constructoras de Madrid adjudicatarias de grandes proyectos [Línea 9 del Metro, Ciudad de la Justicia...] aprobados en el último gobierno de Jordi Pujol. Lo ocurrido en 2009 y 2010 puede explicarse por el plan Zapatero, que financió pequeñas obras hechas por empresas locales”.

Las investigaciones del caso Palau mostraron el papel de CatDem en la financiación ilegal de CDC, en este caso desde la constructora Ferrovial. La fórmula usada son supuestos trabajos que el partido hace a su fundación cuya función es dar cobertura al traspaso de fondos de una a otra. El Tribunal de Cuentas también ha alertado de que, entre 2008 y 2013, CatDem pagó a CDC 2,2 millones por trabajos sin justificar. En todos esos años, investigados ahora por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil por supuestas comisiones ilegales pagadas desde la constructora Teyco a CatDem, partido y fundación compartieron tesoreros: Daniel Osácar y Andreu Viloca.

Entre 2008 y 2013, Artur Mas y CDC han dado el giro hacia el independentismo. El proceso arrancó en 2007, con el proyecto de La gran casa del catalanismo, que se comprometió con el “derecho a decidir” y quiso atraer figuras de todos los ámbitos para dar transversalidad al proyecto. CatDem, dirigida por el historiador Agustí Colomines, tenía un papel central como impulso de las propuestas soberanistas. La llegada de CiU a la Generalitat, a finales de 2010, vino precedida de la gran manifestación contra la sentencia del Estatuto del Tribunal Constitucional, punto de inflexión del paso del nacionalismo hacia posiciones independentistas. El proceso se consolidó un año más tarde, con la primera Diada masiva.

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