Red Eléctrica y Endesa pagarán 20 millones por el apagón de 2007

Red Eléctrica de España (REE) y Endesa tendrán que pagar un total de 20 millones de euros por el apagón que dejó media Barcelona a oscuras el 23 julio de 2007, en una incidencia que se alargó más de dos días. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en dos fallos que avalan otro de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El alto tribunal desestima los recursos presentados por las dos compañías, responsables de las instalaciones colapsadas y que provocaron que más de 323.000 hogares y comercios del área metropolitana de Barcelona se quedaran sin electricidad, muchos de ellos más de dos días.

El Supremo notificó su decisión a las compañías durante el mes de julio. Este lunes hizo pública la sentencia que afecta a REE, mientras que Endesa recibió la notificación acerca de su recurso la pasada semana, según explicó un portavoz de la compañía eléctrica. Cada una tendrá que pagar a la Generalitat diez millones de euros. En el caso de REE, el alto tribunal considera que “infringió la obligación legal de garantizar la continuidad del suministro eléctrico, pues siendo titular de la línea de 220 kilovatios incumplió la obligación de mantenerla en las adecuadas condiciones”.

La sala de lo contencioso-administrativo del Supremo ha descartado el intento de REE de que se rebajara su sanción al considerar que Endesa había tenido mayor responsabilidad en el accidente. Esa pretensión sí fue atendida por el TSJC, que corrigió las multas impuestas por el Departamento de Economía de la Generalitat en 2008, una vez concluidos los informes sobre el apagón. El Gobierno catalán había decidido que REE atendiera un pago de once millones de euros y Endesa respondiera a otro de diez, pero el TSJC apostó por igualar las sanciones, como ha ratificado ahora el Supremo.

Esas multas responden a la responsabilidad de cada compañía. El origen de todo el embrollo fue la rotura y la caída de un cable de 110 kilovoltios (kV) de la línea Can Jardí 4-Collblanc, en la subestación de Collblanc, que era responsabilidad de Endesa. Si la avería no hubiera pasado de ahí la afectación se habría limitado a 40.000 abonados y la resolución del problema hubiera sido mucho más ágil. Pero aquel cable acabó provocando tres cortocircuitos que causó un efecto dominó del que se responsabiliza al mal estado de la red de REE. El resultado: cinco subestaciones eléctricas afectadas y la última de ellas, la del paseo de Maragall, con un aparatoso incendio y una columna de humo negro que se podía distinguir desde diferentes puntos de la ciudad.

El Supremo señala que las instalaciones donde se produjo el fallo eran propiedad de REE y que ya se había alertado del mal estado de la instalaciones que finalmente colapsaron y cuyo incendio se debió al fallo de las tomas de tierra correspondientes. En definitiva, el alto tribunal entiende que “la deficiente situación del sistema de puesta a tierra y cross-bonding de la línea Maragall-Urgell ha sido condición necesaria causante del incendio de la subestación de Maragall”.

“Como consecuencia del incidente producido el 23 de julio de 2007, 323.337 usuarios del área de Barcelona se quedaron sin sumnistro eléctrico, que quedó restablecido de forma gradual, si bien hasta el día 25 de julio de 2007 no se consiguió totalmente”, describía sobre lo sucedido el fallo del TSJC. La presencia de generadores en puntos estratégicos de la ciudad —ante las críticas vecinales por las molestias que generaban— acabó manteniendo el suministro hasta que la subestación de Maragall estuvo finalmente reparada.

El corte de luz afectó a trece centros de asistencia primaria, a diferentes líneas del metro, de Ferrocarrils de la Generalitat y del tranvía, además de hogares y comercios de Barcelona, Badalona, L'Hospitalet, Esplugues y Cornellà de Llobregat. También quedaron afectados un gran número de semáforos, que obligó a 800 agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra a regular el tráfico de Barcelona.

La Generalitat hizo informes propios y encargó a instituciones externas para sacar conclusiones y poder acusar a las dos compañías. Lo mismo hizo la Comisión Nacional de Energía, que si bien responsabilizó a Endesa del origen de la avería responsabilizó de la gran afectación a Red Eléctrica de España. Desde el inicio de la avería, ambas compañías se enzarzaron en una retahíla de acusaciones mutuas que acabó llegando al Parlamento catalán. En una comparecencia en la cámara el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, dijo: “No podemos pedir calidad alemana a precio tercermundista”.

Al pago de la sanción, ambas compañías tendrán que añadir las costas del proceso judicial, según establece la sentencia, además de los 10 millones de euros que la eléctrica Endesa asumió como indemnización para sus abonados por el tiempo y los daños provocados por una avería que obligó a la Generalitat a intensificar su control sobre la red.