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Cifuentes sopesa acogerse al fondo de rescate de Montoro

Los Gobiernos de Aguirre y González se negaron de forma sistemática a acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)

José Marcos
Rajoy y Cifuentes se saludan en un acto del PP.
Rajoy y Cifuentes se saludan en un acto del PP.LUIS SEVILLANO

El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) estudia acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que supone la revisión de uno de los pilares de las políticas de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Responsables relevantes del Ministerio de Hacienda dan por seguro que la Comunidad de Madrid acudirá al FLA para poder financiar a corto plazo algunas de las medidas sociales que ha anunciado Cifuentes, como la tarifa plana de transportes para jóvenes, los comedores escolares o la reducción del 10% de las tasas universitarias.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy puso en marcha el FLA en 2012 para que las comunidades con más dificultades para financiar su deuda en los mercados pudieran hacerlo a través de esta herramienta del Estado. Cataluña fue la primera en apuntarse, mientras que Madrid fue de las regiones que más resistencia opuso desde el inicio, hasta el punto de ser una de las pocas que sigue sin acogerse al plan estatal, destinado al pago de vencimientos de deuda y a la financiación de proveedores. La postura del Gobierno regional coincidió con su reclamación de un nuevo sistema de financiación autonómico. González, como también Cifuentes pero con un estilo más suave, consideran que es el sistema es “injusto” con Madrid, al que le resta unos 1.300 millones de euros. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda reconoce que “está estudiando” cómo financiarse, sin dar más detalles.

El argumento de la anterior Administración autonómica frente al FLA fue que aceptarlo conllevaba una pérdida de la “autonomía” económica. La solicitud del rescate tenía que ir acompañada de un Plan de Ajuste que contara con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, ante el que habría que rendir cuentas del estado de la tesorería y del nivel de cumplimiento presupuestario. Esto es, que el ministro Cristóbal Montoro, con quien Aguirre y González mantenían una mala relación, podría “controlar” el presupuesto regional.

De esta manera, Madrid “se arriesgaría a perder la independencia” por ejemplo en su política fiscal, observa un alto cargo del gabinete de González. Madrid es la región con los impuestos más bajos de España: es la única que no aplica el de Patrimonio, y tiene bonificado al 99% el de donaciones y sucesiones. En sus dos años y ocho meses de mandato, González aprobó dos bajadas del tramo autonómico del IRPF pese al recorte de 4.000 millones en el presupuesto madrileño.

La oposición reprocha que la política fiscal del PP es posible a cambio de que la deuda autonómica pasara de 15.000 a 25.000 millones entre 2011 y 2014. Y critica la negativa de González de apuntarse, a finales del año pasado, al Fondo de Facilidad Financiera, una nueva modalidad del FLA para las autonomías más saneadas con un tipo de interés del 0% que, según el Ministerio de Hacienda, permitiría financiar todos los vencimientos de deuda con los bancos, el déficit y la deuda comercial hasta 2017. González lo rechazó, muy molesto después de que el Gobierno de Rajoy perdonase el pago de los intereses de la deuda de 2012 a 2014 “a las comunidades que de manera sistemática han incumplido frente a las comunidades que sí lo han hecho".

Aunque la previsión del Ejecutivo de Cifuentes es aumentar los ingresos conforme avance la legislatura, distintos responsables del Gobierno y del PP de Madrid coinciden en la necesidad de liquidez a corto plazo, tanto para financiar las primeras medidas del programa de Cifuentes como para cumplir el objetivo de déficit de este ejercicio, y que obliga a un recorte de 600 millones. El coste de la apertura de los comedores escolares, que Cifuentes se comprometió en realizar con rapidez y puso en marcha hace dos semanas, sin llevar siquiera un mes como presidenta, es de cuatro millones, el doble de lo que se calculó en un principio. El coste de la rebaja del 10% de las tasas universitarias del próximo curso académico no se ha detallado, al menos en público, y las estimaciones sobre la extensión del abono transportes también se han incrementado por encima de lo previsto en la campaña electoral.

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El otro problema que afrontará el Gobierno de Cifuentes es el cumplimiento del déficit, fijado en el 0,7% para 2015, tres décimas menos que en 2014. La Comunidad cerró el curso pasado con un déficit del 1,34%, rebasando el 1% que Montoro había fijado. Un reto que la promesa de la presidenta regional de bajar “todos” los impuestos complica todavía más.

El abono joven, 20 millones más caro de lo previsto

La aplicación de una tarifa plana de 20 euros para jóvenes y su extensión de los 23 a los 26 años, como PSOE e IU reclaman desde hace más de una década ante la oposición del PP, será 20 millones más caro de las estimaciones iniciales del equipo de Cristina Cifuentes.

Su puesta en marcha, a partir del próximo octubre, tendrá un coste de 17 millones de euros este ejercicio, mientras que en 2016 será de al menos 84 millones, según señaló Pedro Rollán, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. La cifra aportada por el consejero supone un incremento de 20 millones sobre los cálculos que el equipo de Cifuentes realizó el pasado abril. Entonces se hablaba de 64 millones. En concreto, el coste de la propuesta al Gobierno regional sería de 16,5 millones cada año por la ampliación del abono a una población mayor y otros 47,5 millones por la tarifa plana.

El Ejecutivo madrileño prevé que la tarifa plana para jóvenes beneficie a 550.000 viajeros, de los que 160.000 serían usuarios entre los 23 y 26 años y que ahora pagan una tarifa normal por el abono transportes.

Cifuentes recalcó ayer que el resto de tarifas para los demás viajeros no se verán incrementadas y que su compromiso es “congelar” el precio de los demás abonos. La presidenta de Madrid recordó que pondrá en marcha, en un plazo por concretar, un abono de 10 euros para parados de larga duración acogidos al Programa de Activación para el Empleo. La iniciativa no es novedad: la presidenta regional la incluyó en su programa electoral.

La presidenta replicó así a la exigencia compartida por los tres partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos), para quienes la tarifa plana de 20 euros mensuales para usuarios de hasta 26 años desde octubre se quedaba corta y pedían aplicarla a otros colectivos, entre ellos los desempleados.

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Sobre la firma

José Marcos
Redactor de Nacional desde 2015, especializado en PSOE y Gobierno. Previamente informó del Gobierno regional y casos de corrupción en Madrid, tras ocho años en Deportes. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de Periodismo de EL PAÍS. Trabajó en Starmedia, Onda Imefe y el semanario La Clave.

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