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El Superior vasco investigará por estafa a dos altos cargos del PSE

Txarli Prieto y Víctor García Hidalgo están acusados de estafa y falsedad documental en el pago de obras de seguridad en sedes socialistas de Álava

Mikel Ormazabal
El parlamentario socialista Txarli Prieto, en una sesión reciente de la Cámara vasca.
El parlamentario socialista Txarli Prieto, en una sesión reciente de la Cámara vasca.l. rico

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra el parlamentario y ex secretario general del PSE de Álava, Txarli Prieto, y el dirigente socialista y exdirector de la Policía, además de secretario de organización del PSE alavés, Víctor García Hidalgo, por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental, en la adjudicación de unas obras en las sedes del partido.

La Sala de lo Civil y Penal del máximo tribunal vasco  se declara competente para instruir este caso relacionado con la presunta adjudicación por parte del PSE en Álava de obras por un importe de 71.484 euros durante los años 2010 y 2011 a la empresa Escoiba, de la que era copropietario Txarli Prieto, entonces secretario general del partido en Álava.

El auto del tribunal, dado hoy a conocer, señala que tras examinar la relación de hechos recogidos en la denuncia fiscal "no es posible descartar" que los hechos que implican a Prieto y García Hidalgo "pudieran revestir carácter de delito, ni considerar la manifiesta falsedad de la denuncia".

La causa que se sigue contra los dos altos cargos socialistas se inició a raíz de una denuncia anónima presentada el pasado mes de abril, en la que se alertaba sobre presuntas irregularidades en el cobro de los trabajos, encargados a una constructora vinculada a Prieto, y que no siempre fueron ejecutados.

Según consta en la denuncia, las obras que el PSE alavés adjudicó a la mercantil Escoiba SA fueron para mejorar la seguridad en las sedes socialistas de Ribabellosa, Amurrio, Labastida, Llodio y Salvatierra. Estas reformas se financiaban con las asignaciones anuales que el Ministerio del Interior abonaba a lospartidos políticos desde 2003 "para sufragar gastos de seguridad".

El TSJPV sostiene que en algunas obras contratadas "no hay evidencia de que las facturas se correspondan a trabajos efectivamente realizados". "Cabe concluir", se asegura en el auto, "queno es posible en este momento procesal excluir la concurrencia, al menos con carácter indiciario, de los elementos del delito de estafa, así como el ánimo de lucro de los denunciados en la consecución de los hechos que se denuncian".

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El parlamentario Txarli Prieto, y Víctor García, han sostenido en sus declaraciones ante la Fiscalía, que la empresa Escoiba recibió adjudicaciones de obras en las sedes socialistas durante 15 años, desde 1992 a 2012. Prieto, junto con un socio, se encargaba de la gestión de la empresa de la que era copropietario. En su declaración explicó que el Partido Socialista, como organización privada, podía contratar con cualquier empresa, incluida la suya, como así fue.

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, declaró recientemente que "de ser imputados y llegar a juicio oral, [Prieto y García Hidalgo] abandonarán sus cargos".

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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