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La Generalitat legaliza el alquiler de habitaciones en viviendas a turistas

Los domicilios particulares podrán dar alojamiento y desayuno a cambio de pagar una tasa

Lluís Pellicer
Un grupo de turistas frente a la catedral de Tarragona.
Un grupo de turistas frente a la catedral de Tarragona.JOSEP LLUÍS SELLART

El Gobierno catalán ha decidido legalizar la oferta de alojamiento turístico que prestan particulares en sus domicilios a través de plataformas tecnológicas como Airbnb o Homeaway. Los ciudadanos podrán alquilar habitaciones de su vivienda habitual a viajeros a cambio de recaudar la tasa a la que están sujetos el resto de establecimientos. Los hogares podrán hospedar a turistas por estancias que no duren más de 31 días y en conjunto solo podrán alquilar las habitaciones durante cuatro meses, no necesariamente consecutivos. Los Ayuntamientos podrán decidir las áreas en las que se autorice la actividad.

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Cataluña se convertirá en la primera comunidad que legisle sobre el alquiler de habitaciones en domicilios particulares a turistas. La actividad ya se venía realizando hace tiempo, pero se hallaba en un limbo legal, por lo que estaban en el punto de mira del sector hotelero. El año pasado cientos de ciudadanos que desarrollaban esta actividad en Barcelona se manifestaron en numerosas ocasiones después de que la Generalitat multara con 30.000 euros a ocho plataformas en las que se ofertaban estas habitaciones, entre ellas Airbnb. El Ejecutivo catalán se convertía en la primera Administración de la Unión Europea en sancionar a este tipo de empresas.

El Departamento de Empresa y Empleo presentó ayer, sin embargo, un proyecto de decreto que trata de regular esa oferta del mismo modo que lo han hecho ciudades como Ámsterdam (Holanda) y San Francisco (Estados Unidos). En esas ciudades los particulares también pueden ofrecer habitaciones a turistas un máximo de días a cambio de que los turistas estén sujetos al pago de la tasa turística. “Se trata de una modalidad de bed and breakfast en vivienda compartida”, explicó el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, quien agregó que el objetivo es “evitar la economía sumergida” y la “indefensión del consumidor”.

Los ciudadanos podrán alquilar un máximo de dos habitaciones en su “domicilio habitual y permanente”, por las que deberán tributar como actividad económica y liquidar la tasa turística, de 0,65 euros por noche en Barcelona y de 0,45 euros en el resto de Cataluña.

Condiciones para el dueño

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Los propietarios, que deberán de estar empadronados en ese inmueble, estarán sujetos a algunas condiciones: no se podrán albergar a más personas que las previstas por la cédula de habitabilidad, solo se podrá prestar el servicio de desayuno y el dueño deberá seguir viviendo en el inmueble durante la estancia de sus clientes.

La otra oferta polémica de estos portales consiste en los apartamentos que se arriendan a turistas. Al respecto, el Gobierno catalán ha decidido que todas las viviendas que se oferten a viajeros serán consideradas viviendas de uso turístico. Estos apartamentos deberán estar inscritas en el registro de Turismo y los Ayuntamientos podrán pedir al propietario que informe a los vecinos de la finca la apertura de la vivienda de uso turístico antes de ponerlo en funcionamiento. Los Consistorios, además, tendrán siempre la última palabra, tanto en las habitaciones en vivienda compartida como en los apartamentos, de modo que podrán decidir a través de sus ordenanzas en qué zonas aprueban o prohíben la presencia de cada modalidad.

Una portavoz del Ejecutivo explicó que de momento el texto se halla en fase de proyecto y que se materializará en un decreto en un periodo de entre cinco y ocho meses. La plataforma Airbnb aplaudió el anuncio de la Generalitat y aseguró: “En los próximos días esperamos poder trabajar con la Generalitat para entender más acerca de las propuestas anunciadas y conocer de qué manera los residentes pueden participar en los próximos debates”.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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