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El voto del PSOE a Carmena será secreto porque “no hay miedo” a un ‘tamayazo’

Los socialistas refrendan la auditoría de la deuda y la paralización de las grandes operaciones urbanísticas

Carmena y Carmona antes de la rueda de prensa.

La candidata de Ahora Madrid al Ayuntamiento de la capital, Manuela Carmena, y el líder municipal socialista, Antonio Miguel Carmona, han explicado esta mañana en una rueda de prensa conjunta el acuerdo que cerraron ayer, en principio, sólo para la investidura del sábado pero que "irá a más porque sólo puede ir a más". Carmona ha añadido a esas palabras que "se hace camino al andar", al ser preguntado sobre la posibilidad de entrar más adelante en el gobierno municipal, algo imposible ahora por imposición del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Ahora Madrid obtuvo 20 concejales en las elecciones de mayo, que sumados a los nueve del PSOE servirán para convertir a Carmena en alcaldesa justo con mayoría absoluta. Los 21 ediles del PP votarán a favor de Esperanza Aguirre, y los siete de Ciudadanos a su líder, Begoña Villacís. "Hay coincidencias con Ciudadanos, si hubiéramos tenido más tiempo nos habríamos acercado a ellos y el acuerdo sería más global", ha dicho Carmena. Villacis señaló ayer que había habido acercamientos sólo al principio, pero añadió que las relaciones eran "cordiales".

Las cinco promesas de Carmena para antes del otoño

  1.  “Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional”.
  2. “Parar la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público”.
  3. “Garantizar los suministros básicos (luz y agua) a todos los hogares que no puedan pagarlos”.
  4. “Garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias municipales y a acciones de prevención y promoción de la salud a todas las personas con independencia de su situación administrativa”.
  5. “Desarrollar un plan urgente para la inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración”.

Sobre la posibilidad de que se repita "una operación tan vergonzosa como el Tamayazo, ese miedo no existe", según Carmena, porque "son 29 concejales absolutamente decididos a votar la investidura". La candidata de Ahora Madrid ha rechazado que los ediles deban exponer su papeleta antes de introducirla en la urna (el voto es secreto): "Tenemos confianza y nos parece importante evitar posibilidades de alteración que pudieran constituir un motivo de impugnación". "[Eduardo] Tamayo no va en las listas del PSOE y Ahora Madrid", ha recalcado Carmona, en referencia al diputado regional que, junto a su compañera Teresa Sáez, se ausentaron de una votación y llevaron a la repetición de las elecciones de 2003, que arrebataron la presidencia de la Comunidad al PSOE en favor de Aguirre.

El acuerdo entre el PSOE y Ahora Madrid incluye "sólo los puntos de coincidencia, que son muchos", según Carmona. "Es un acuerdo desde el rigor y la seriedad de dos fuerzas de progreso; en el entendimiento personal, no sólo coincidimos en casi todas las letras del apellido sino intelectualmente y personalmente", ha añadido el líder socialista. "Hemos querido reforzar lo que nos une", ha recalcado la candidata de Ahora Madrid. Quedan fuera así posibles bajadas de impuestos: Carmona quiere un recorte generalizado del IBI y la futura alcaldesa opina: "Lo importante es tener los efectivos necesarios para hacer las políticas sociales necesarias, pero si se pueden conseguir de otras maneras haremos lo posible".

Ambos han coincidido en que, en palabras de Carmona, con este acuerdo "se pone fin a un gobierno centralizado en el que casi todo se decidía en la junta de gobierno". "La satisfacción de los concejales socialistas de dotarse de relevancia es muy grande", añadía. Hacía referencia así al acuerdo para traspasar al pleno municipal algunas competencias que Alberto Ruiz-Gallardón transfirió a la junta de gobierno a lo largo de su mandato (2003-2011). En el acuerdo se mencionan: aprobación inicial del planeamiento general, reconocimiento extrajudicial de crédito, aprobación de gastos plurianuales que excedan cuatro ejercicios, modificación de estatutos de empresas y organismos públicos, concertación de grandes operaciones de crédito, adquisición o enajenación de patrimonio público, y modificaciones sustanciales del presupuesto.

Sin embargo, el acuerdo firmado no traslada esas competencias al pleno porque la ley de capitalidad lo impide. Lo que hace es rubricar el compromiso de debatir esas cuestiones en el pleno, si es posible (cuando no medien "razones de urgencia") antes de aprobarlas. Pero no se votarán, es decir, el PSOE sólo tendrá la palabra de Ahora Madrid de que su posición será tenida en cuenta pero ningún poder real en estas cuestiones.

Los seis puntos del acuerdo

1. Para tener "un Ayuntamiento transparente y honesto", se acuerda "llevar a cabo inmediatamente auditorías de la deuda y la gestión municipal", "incidiendo en los sobrecostes de las obras públicas, los contratos públicos y los alquileres injustificados". E "implementar medida de transparencia de la gestión pública con información veraz y actualizada en formato electrónico", creando "un gran portal abierto" de transparencia y "potenciando las medidas antifraude" con un oficina que "investigue casos concretos de uso ilegal de fondos públicos".

2. Para "una Administración más cercana y abierta", desarrollar "una nueva ordenanza para la participación ciudadana real y efectiva", "a través de presupuestos participativos, iniciativas legislativas populares y consultas ciudadanas". Además, se acuerda "ampliar las competencias de los distritos y barrios", y "aprobar un pacto por la cultura".

3. Como "la vivienda es un derecho", se pondrán "todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda", con la creación de una oficina de intermediación hipotecaria. Además, se establecerá "una estrategia para recuperar las viviendas ya vendidas" por la Empresa Municipal de la Vivienda "dentro de las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento". Y se reforzará la agencia municipal del alquiler, "revisando las actuales competencias para facilitar el alquiler de viviendas vacías y/o en venta".

4. Para "un Ayuntamiento igualitario", se desarrollarán medidas contra la discriminación en función de género y se promoverán criterios de paridad y políticas locales feministas. Se implantará un plan integral para proteger los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Y otro contra la exclusión de las personas sin hogar. Se implementará un plan de inserción laboral para jóvenes; y ayudas para becas de comedor, material escolar y transporte público. Además, se revisarán las tasas municipales, "especialmente ofreciendo precios más asequibles para familias numerosas con necesidades especiales, desempleados de larga duración, discapacitados o grupos de exclusión social. Y "se penalizará la acumulación de vivienda con fines especulativos dentro de las competencias municipales".

5. Para "una ciudad sostenible y equilibrada", se auditarán "la legalidad, pertinencia y adecuación económica de las modificaciones urbanísticas, mega-inversiones, grandes operaciones y transmisiones de suelo de los últimos años para detectar posibles sobrecostes injustificados y gestiones perversas de cara a su reversión". Además, se revisará la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana elaborada por el gobierno saliente de Ana Botella (PP), que no tuvo tiempo a aprobarla antes de las elecciones de mayo. Y se redactará un "plan de urgencia integral" para empezar a cambiar ya el modelo de ciudad, porque desarrollar un nuevo plan puede llevar muchos años. Además, se "revisarán los planteamientos y objetivos de las grandes operaciones urbanísticas previstas para reconducirlas de manera que sean viables en el tiempo, se adapten a las necesidades de la ciudad y sus plusvalías reviertan a la ciudadania".

6. Para "una Administración profesional y eficaz", se eliminarán y racionalizarán las estructuras directivas, limitando puestos y favoreciendo la designación de funcionarios . Además, se reorganizarán los organismos y empresas públicas, y se "fijará una estrategia para la recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a las grandes empresas.

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