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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Hacer una Cataluña mejor

Nos preparamos para hacer una futura Cataluña mejor, mientras soportamos una demoledora crisis social, ética y económica

Francesc Valls

La realidad vive instalada en una vía paralela a la que circulan muchos políticos. Así mientras arranca el tren de alta velocidad de la campaña de la Generalitat Preparados para hacer una Cataluña mejor, en un desvencijado cercanías se agolpan los problemas de una crisis ética, social y económica que no toca fondo.

Sesteamos gracias al efecto placebo de que estamos “preparados” para construir esa Cataluña de ensueño, pero al despertar la realidad sigue ahí, en la vía de al lado. En Barcelona, uno de cada cuatro contratos de trabajo firmado en 2014 fue de un mes o menos; en Cataluña hay 70.300 menores que sufren carencias en la alimentación; los imputados no solo llegan a alcaldes, sino a presidentes de diputación; y las puertas giratorias permiten que las ex empresas de directivos de la sanidad pública catalana se beneficien de contratos públicos. Todo eso ocurre en la Cataluña que mira al futuro, tropezando una y otra vez en el presente. La gran paella de la utopía resulta altamente indigesta para quienes están sometidos a dieta estricta.

El país mejor se hace día a día, sin esperar quimeras en forma de paraíso de huríes. Las viejas generaciones antifranquistas aprendieron a golpe de realidad a perder la fe de catequista en el hombre nuevo. La experiencia muestra que el futuro debe comenzar a construirse con las piedras del presente y en el presente. Lo más importante es no permitir que sea Enrique Bañuelos —el zar levantino del ladrillo y hasta hace poco impulsor del macrocasino BCN-World— quien se encargue de la promoción del inmueble. De eso todos somos responsables.

Por eso, contra quienes se enmascaran tras catecismos de eslogan y bandera fácil, hay que apelar a la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos. No solo el de voto, sino el de control de la gestión de sus políticos. Todos somos partícipes y responsables de cómo se gobierna el presente. Y ahí quedan muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo: mientras preparamos el país de ensueño, Josep Poblet —alcalde convergente de Vila-seca, que ha obtenido mayoría absoluta en las recientes municipales— presidirá con los votos de Esquerra la Diputación de Tarragona. Poblet cuenta con seis imputaciones relacionadas con el caso Innova por tráfico de influencias, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos, además de haber tenido que depositar una fianza civil de 280.000 euros. La presunción de inocencia va por delante, aunque es difícil imaginar qué pruebas de pureza de sangre exigirían muchos de los ahora indulgentes con Poblet si para dirigir un sindicato fuera elegido un afiliado a quien se investigara por fraude a la prestación por desempleo. Pero como siempre sirve el consuelo comparativo, piensan algunos, no hay que desesperar. En una nación hermana —Galicia— fueron 14 los alcaldes imputados que lograron mayoría absoluta.

Soñamos con la Cataluña que oficialmente sale de la crisis y se prepara para el futuro y Cáritas de Barcelona nos despierta con los siguientes datos de 2014: las ayudas directas a familias para necesidades básicas crecieron un 24%; un total de 2,2 millones de euros fueron entregados a 5.316 núcleos familiares para pagar material escolar, alquiler, alimentos y suministros básicos. “Las familias están llegando al límite mientras los recursos públicos se reducen”, sentencia Salvador Busquets, director de Cáritas en Barcelona.

Sin entrar en la oportunidad de la campaña de Generalitat sobre un país mejor, que cuesta 1,3 millones de euros, la situación de emergencia social interpela a los gobernantes y les obliga a escuchar y a interpretar el crujir de la creciente fractura social. Pero eso sigue casando poco con la actuación cotidiana de algunos de ellos, más preocupados por sus imputados, a quienes están dispuestos a evitar la llamada “pena de telediario”. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pactada por PP y CiU trata de evitar las imágenes de los detenidos mientras son trasladados. Lo hacen en nombre del legítimo derecho a la presunción de inocencia. Pero no deja de ser curioso que la decisión se adopte cuando arrecian los escándalos. Algunos políticos —como Mariano Rajoy— deben pensar que para evitar que las televisiones “martilleen” con los casos de corrupción es mejor que carezcan de imágenes. Así el electorado no se da cuenta, les sigue votando y la realidad sigue viajando por la vía de al lado.

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