La policía irrita a los jueces al borrar órdenes de detención por su cuenta

Los Mossos d’Esquadra y los jueces tratan de zanjar un conflicto que les enfrenta desde hace al menos medio año y que ha permanecido oculto. La policía catalana introdujo, en octubre de 2014, cambios notables en las órdenes de detención policial sin dar cuenta de ello a los magistrados, que han denunciado la decisión en reuniones al más alto nivel. Los Mossos fijaron plazos de vigencia para esas órdenes y —lo que más ha molestado a los jueces— ordenaron dar de baja del sistema todas las que estaban pendientes de ejecutar antes de dictar esa instrucción, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El listado remitido por la policía a los jueces señala que unas 400 órdenes de detención han sido canceladas solo en Barcelona.

Cuando una investigación judicial avanza y se identifica al presunto autor de un delito, los Mossos remiten diligencias al juzgado. Allí hacen constar, entre otras cosas, una orden de detención policial (ODP) sobre el sujeto, que les habilita para arrestarle y ponerle a disposición del juez. Hasta que la policía catalana introdujo los cambios en octubre de 2014, esas órdenes no tenían fecha límite: se supone que los Mossos continuaban buscando al individuo hasta que daban con él, o hasta que el caso quedaba cerrado.

La policía, de hecho, pide al juez que le diga si archiva el caso, bien porque lo que parecía un delito acaba siendo una falta, bien porque la víctima no ha reconocido con claridad al sospechoso, etcétera. Así, le dan de baja del sistema. A veces se cometen errores: puede que el juez archive el caso, no alerte a los Mossos y éstos detengan al sospechoso. Fuentes judiciales subrayan que, en casos puntuales, los magistrados han abroncado a la policía por esas disfunciones. Y sitúan en el malestar que esas riñas provocaron la instrucción de otoño. Los Mossos no comentan qué motivó la instrucción, pero matizan que se pretendió “regular” y mejorar las órdenes de detención sin generar “malestar” en ningún estamento.

El 14 de octubre, el jefe de los Mossos, comisario Josep Lluís Trapero, firmó una instrucción interna que fijó plazos de vigencia para las órdenes de detención —15 días, tres meses, etcétera— en función de la gravedad del delito investigado. Tras ese periodo, las órdenes quedan sin efecto. Otros cuerpos policiales, como la Guardia Civil, funcionan de un modo similar. El Cuerpo Nacional de Policía fija en un año el plazo y, después, las revisa. Fuentes judiciales coinciden en la necesidad de revisar las órdenes de forma periódica y teniendo en cuenta los plazos de prescripción del delito.

A partir de noviembre, llegaron a los juzgados diligencias que advertían de que, tras 15 días, la orden “se dará de baja y finalizarán las gestiones policiales tendentes a su localización”. Los magistrados de Barcelona se alarmaron. Consideran que, como policía judicial, los Mossos deben seguir sus directrices y detener la búsqueda solo cuando ellos lo indiquen. Los jueces convocaron una reunión de la junta y exigieron explicaciones a la Dirección General de Policía, que les remitió la instrucción.

El enfado de los jueces fue mayúsculo al comprobar que la norma interna incluía otra modificación más relevante: “Con fecha anterior” [a la instrucción, de octubre de 2014] las órdenes “deben darse de baja por el órgano reclamante en un máximo de 30 días (...) e informar a la autoridad judicial en caso de que sea considerado necesario”. Esa última mención abría la puerta a no informar a los jueces y eso fue precisamente lo que ocurrió, lamentan fuentes judiciales.

La tensión salió a relucir en una reunión entre mandos policiales y miembros de la judicatura. Estos últimos reprocharon que la decisión se tomara de forma unilateral y advirtieron de la gravedad de dar de baja, sin previo aviso y sin tener en cuentas el criterio de los jueces, las órdenes de detención. Los Mossos se sintieron amenazados y exigieron explicaciones a la Fiscalía. El conflicto obligó a celebrar incluso una reunión en el TSJC y motivó otra de junta de jueces en la que se pidió, entre otras cosas, la lista de órdenes dadas de baja: 400 en Barcelona, según fuentes judiciales. Los jueces, además, responden ahora a las diligencias de los Mossos con la advertencia de que deben “seguir trabajando” en el caso hasta que les indiquen lo contrario.

El enfrentamiento, coinciden las dos partes, está en vías de solución. Próximamente se celebrará una reunión de la Comisión Provincial de Policía Judicial para acercar posiciones. “Se ha iniciado una línea de entendimiento”, explica un portavoz oficial de los Mossos, que admite el malestar judicial y señala que la policía catalana “cumplirá cualquier orden de los juzgados”. La policía, agrega, ha dado las “explicaciones oportunas” a jueces y fiscales.