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Uber se desmarca de la economía colaborativa en su primer juicio

La compañía se define ante el juez como una "empresa de servicios de la información"

Un centenar de taxistas protesta contra Uber en la Ciutat de la Justicia.

Atrás quedaron los días en los que Uber defendía en España que se movía en las aguas de la economía colaborativa, que sus usuarios carecían de ánimo de lucro y que ejercían de chóferes para compartir gastos. Ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Barcelona, donde se ha enfrentado este jueves a su primer proceso judicial en España, estos argumentos han brillado por su ausencia. La defensa ha optado por definir a su cliente como una "empresa de servicios de la sociedad de la información" radicada en Holanda que ejerce de "intermediadora" entre conductores y pasajeros a través de una aplicación para móvil, con "el apoyo" de su filial española, Uber Systems Spain. 

Esta última es el objeto de la demanda de la Asociación Profesional Élite Taxi, que le acusa de ser una "cooperadora necesaria" de una actividad que cae en la "competencia desleal y el abuso de posición", según ha explicado antes del juicio el abogado de Élite, Diego Salmerón. "Los conductores de Uber no tienen licencia para transportar pasajeros y la compañía no paga ningún impuesto. Además, la firma se posiciona de manera fraudulenta en el mercado, propiciando que el consumo vaya hacia su lado", ha denunciado.

Un pensionista, un cocinero y un recién estrenado taxista que llevaba más de dos años en el paro han declarado ante el juez como antiguos chóferes de Uber. Los tres llevan a sus espaldas multas de al menos 4.000 euros por transportar viajeros sin contar con el permiso necesario. Han declarado que su único contacto físico con la empresa fue la reunión inicial en la que recibieron una lista de instrucciones sobre cómo realizar el servicio y un teléfono móvil en el que solo funcionaba la aplicación de UberPop, la modalidad con la que la multinacional se introdujo en Barcelona en abril de 2014. Con esta misma se extendió a Madrid y Valencia hasta que el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid ordenó el pasado mes de diciembre el cese cautelar de sus actividades en todo el Estado a raíz de otra demanda interpuesta por la Asociación Madrileña del Taxi (ATM) .

Los testigos han negado que la empresa les exigiera estar conectados a la aplicación. Han afirmado que podían rechazar los viajes que les ofrecían y que la empresa les aseguraba que si tenían problemas con la policía, ella se haría cargo. "Yo hice el mes gracias a los incentivos porque con las carreras eran un perjuicio total", ha añadido el pensionista. La acusación ha señalado esta política de incentivos como una forma de "marcar la cuota" de los chóferes y a la provisión de móviles como "la disposición de herramientas de trabajo".

Los abogados de Élite han afirmado que según estos hechos y un informe de la Inspección de Trabajo presentado al juez, la relación laboral de Uber y los conductores "queda acreditada" y han recordado que "no es necesario firmar contratos" para que esta exista. 

El letrado de Uber ha mostrado su "sorpresa" ante las acusaciones de Élite: "De lo único que se habla es de la aplicación. ¿De verdad puede transportar gente una app?" La defensa ha insistido en la calidad de "intermediador" de su cliente: "No es más que el tradicional corretaje, pero con el avance que es la tecnología. Se pone en contacto a dos iguales".

El abogado de Uber ha añadido que si Élite "entiende que hay competencia desleal porque alguien transporta viajeros sin tener licencia, son los conductores los que deberían estar aquí", tras recordar el testimonio de dos guardias urbanos, que han asegurado que las denuncias que pusieron cuando intervinieron chóferes de Uber iban contra estos y no la empresa. Aunque omitió mencionar que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad abrió a la compañía un expediente sancionador por cada usuario denunciado.

"Una app no compra 400 móviles para repartirlos entre sus usuarios ni da formación o charlas informativas. La realidad es que ha estado contratando a personas necesitadas en condiciones precarias", ha zanjado Salmerón, entre el centenar de taxistas que protestaba a las puertas de la Ciudad de la Justicia, algunos de ellos venidos desde Madrid, Valencia, Bilbao y Gijón.

Al no recurrir a su argumento de formar parte de la economía colaborativa, Uber también ha dejado de lado el del vacío legal en el que esta opera. "En la intermediación electrónica no hay ninguna laguna legal. Está muy regulado en Europa", ha dicho su abogado, que ha pedido al juez que haga una consulta a Europa sobre el caso antes de determinar su veredicto. El magistrado ha respondido que lo meditará y que tendrá una respuesta para después de la fiesta de San Juan.