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Los funcionarios recuperan parte de la oferta de hospitales

Funcionarios, policías y militares empiezan a recuperar parte de la oferta sanitaria que perdieron a principios de año

Concentración de funcionarios frente al Ministerio de Hacienda por recortes en Muface.
Concentración de funcionarios frente al Ministerio de Hacienda por recortes en Muface. Carlos Rosillo

Funcionarios, policías y militares empiezan a recuperar parte de la oferta sanitaria que perdieron a principios de año, cuando las aseguradoras de Muface recortaron la cartera de médicos y especialidades a los que pueden acudir y pacientes con cáncer tuvieron que cambiar de centro. Los 250.000 beneficiarios de Muface en Madrid vuelven a tener cobertura en oncología en centros del grupo Quirón.

Mutualismo

Los funcionarios del Estado pueden elegir dónde recibir su asistencia sanitaria: con entidades privadas o en la sanidad pública. A 1 de diciembre de 2014, había 1.518.434 personas adscritas a Muface. Algo más del 81% escogieron la privada el año pasado, entre una de las aseguradoras que firmaron el concierto con Muface.

Los mutualistas eligen, a principios de año, entre la pública y la privada, y dentro de esta, con qué aseguradora entre las que han firmado el concierto. Este año lo han hecho Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria. En todos los casos, tienen garantizadas las mismas prestaciones. Sin embargo, las aseguradoras deciden con qué hospitales o con qué medicos contratan a su vez esos servicios.

En 2015, las aseguradoras dejaron de tener convenio con varios centros sanitarios del Grupo Quirón. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) informó a principios de año de que ninguna de las tres grandes aseguradoras ofrece ya los tres hospitales de este grupo en Barcelona. En Madrid, los funcionarios siguen pudiendo acudir a San José y San Camilo, las clínicas más pequeñas. En el hospital más grande, el de Pozuelo, se limitó a las especialidades que cubren las compañías.

Los problemas de los funcionarios con la prestación sanitaria a través de Muface saltaron a la opinión pública cuando se empezaron a registrar quejas de afectados por cáncer que vieron interrumpido su tratamiento. Las tres grandes aseguradoras privadas que este año han firmado el concierto con Muface (Adeslas, Asisa y DKV) recortaron en enero su cartera de médicos y hospitales, de forma que especialidades e incluso centros enteros quedaron fuera de la oferta. Eso provocó que personas ya en tratamiento tuvieran que cambiar de hospital o se vieran obligadas a solicitar autorizaciones para cada una de las pruebas o las consultas que necesitaran.

Una de estas tres aseguradoras, Adeslas, ha sido la primera en dar marcha atrás y ha vuelto a incluir la cobertura de oncología médica y radioterapia para los pacientes de Muface en Madrid. “El hospital universitario Quirón Madrid vuelve a tener concierto con Adeslas para el colectivo de funcionarios”, asegura una circular a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Estas especialidades dejaron de estar cubiertas en enero, lo que dejó en un limbo a pacientes ya en tratamiento. Por ejemplo, una policía nacional de 53 años con un cáncer de ovarios relató a este diario la incertidumbre y el enredo burocrático que vivió entre un ciclo de quimioterapia y otro sin saber en qué hospital la tratarían.

Según fuentes sanitarias, también los centros de HM Hospitales podrían volver a incorporarse a la oferta de Adeslas para los funcionarios de Muface. Este organismo público, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre ha mantenido que “todos los pacientes están siendo atendidos de forma integral y con calidad”. Así lo reiteró el viernes una portavoz, que no quiso desvelar los cambios ni el papel que había desempeñado el ministerio en la negociación con las aseguradoras.

Muface asegura que la continuidad asistencial —mantener los mismos médicos en los mismos hospitales— ha estado garantizada todo este tiempo. Los pacientes con dolencias graves podían pedir a las aseguradoras seguir en su centro durante los seis meses siguientes a la baja del catálogo de proveedores de una especialidad. En el caso de pacientes de oncología y psiquiatría, la normativa prevé un año. “Aunque en teoría el Gobierno garantizaba la continuidad asistencial durante un año, comprobamos que no es así”, asegura el sindicato CSI-F, mayoritario entre los funcionarios. En muchos casos, “directamente se la denegaban”, añaden. “Eso les ha obligado a iniciar un peregrinaje burocrático, con la angustia de saber que el tiempo de su enfermedad corre en su contra, viéndose interrumpidas las pruebas o los tratamientos”.

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CSI-F emprendió una recogida de firmas (135.000) y ha presentado reclamaciones ante el Defensor del Pueblo y los ministerios de Sanidad y Hacienda. La oficina del Defensor del Pueblo anunció que actuaría de urgencia para tramitar las quejas individuales de los mutualistas. “Estos cambios no han supuesto ninguna disminución de coberturas, sino una sustitución de algunos prestadores privados de servicios sanitarios”, defiende Muface. Este organismo atiende aproximadamente a 1,5 millones de personas en España, de las cuales un millón son titulares y medio millón, beneficiarios (familiares).

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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