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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Traviesas de la tercera vía

Mientras unos piden un diálogo “sin condiciones” para un acuerdo entre Cataluña y España, otros apoyan la idea con escarnios e impugnaciones

Apenas iniciada la campaña electoral que concluirá esta próxima medianoche, la abnegada asociación catalana Tercera Vía hizo un llamamiento al “diálogo y la negociación” para evitar que se acentúe la “división” de la sociedad catalana entre los defensores de la unidad de España y los independentistas. En un comunicado, la entidad que preside el notario Mario Romeo reclamó la urgente apertura de un proceso de diálogo “sin condiciones previas” para alcanzar un acuerdo entre Cataluña y “el resto de España”.

Dicho y hecho. O, más exactamente, hecho antes que dicho, porque ya durante la semana anterior al posicionamiento de Tercera Vía, y como anticipándose a sus anhelos, el ministro José Ignacio Wert impugnaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el proceso de inscripción escolar puesto en marcha por la Generalitat para el próximo curso, exigiendo una presencia mayor del castellano en las aulas. Dos días después, con la perfecta sincronización que exhiben los aparatos del Estado en según qué materias, el Tribunal Supremo dictaba un par de sentencias susceptibles de iniciar la voladura controlada de la inmersión lingüística.

De todos modos, la apelación de Tercera Vía no cayó en saco roto. Espoleada sin duda por los buenos deseos terceristas expresados en la nota del lunes 11 de mayo, la brigada ferroviaria, que desde hace tanto tiempo no cesa de explanar terrenos, apilar balasto y preparar raíles para la mejora de la conexión Cataluña-España, decidió colocar unas cuantas traviesas más en la línea de alta velocidad sentimental entre Barcelona y Madrid.

Así pues, justo al día siguiente, el martes 12 de mayo, y aprovechando que se debatía en el Congreso una propuesta del Parlamento de Cataluña para que conocer la lengua y el derecho civil catalanes fuese requisito exigible a los fiscales, jueces y magistrados ejercientes aquí, el Partido Popular no sólo usó su mayoría absoluta para rechazar la proposición, sino que, además, consideró necesario escarnecerla.

El uso de moros amigos es típico de las mentalidades coloniales

Lo hizo por boca de la diputada catalana Dolors Montserrat Montserrat —el uso de moros amigos es típico de las mentalidades coloniales—, según la cual, la aspiración de obtener justicia en la lengua propia supone “condenar a los catalanes a la pobreza lingüística, el monolingüismo y el ostracismo”, así como apostar por “la ruptura y la intolerancia” desde “el miedo a la libertad”. Llevado el debate a este nivel, y con el relente preelectoral impregnándolo todo, el diputado de Unión, Progreso y Democracia Carlos Martínez Gorriarán quiso subir la puja y calificó la política lingüística de la Generalitat de “franquismo educativo”.

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Al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, este último aserto debió de parecerle intolerable. Intolerable que lo verbalizase el representante de una UPyD en extinción, en vez de un portavoz cualificado del PP de Rajoy. El miércoles 13 de mayo, pues, decidió reconquistar el cajón más alto del podio y, en una charla de pasillo con periodistas, dijo entre risas que el tratamiento del castellano en Cataluña es hoy equiparable a “la situación del catalán en esas otras épocas que tanto les agrada recordar”.

En efecto, ministro, son dos situaciones idénticas. En todas las dependencias públicas de esta comunidad autónoma, incluso sobre los muros callejeros de muchos municipios, campean unos rótulos conminatorios donde se lee: “Si ets català, parla català!”; o bien, “Parleu la llengua dels Països Catalans!”. Siguiendo al pie de la letra el modelo establecido en 1939 por don Wenceslao González Oliveros, la Generalitat tiene decretado que todo funcionario sorprendido expresándose en otro idioma distinto del catalán quedará ipso facto destituido, sin ulterior recurso. En cuanto al personal docente, la sanción por usar el castellano dentro del aula puede alcanzar el destierro y la prisión mayor. Ni que decir tiene, los pobres escolares que osan jugar en castellano o en urdu durante el recreo son objeto de atroces castigos; y libros o periódicos en la lengua de Cervantes circulan sólo bajo mano, clandestinamente.

En una entrevista concedida a la agencia Efe el pasado día 3, Mario Romeo anunció que Tercera Vía prepara su expansión al resto del Estado tras las municipales de este domingo, con el objetivo de sumar apoyos a un “acuerdo dialogado”. Excelente idea, que aún mejoraría si fichasen como tercerviistas de honor a Wert, a Martínez Gorriarán y a Rosa Díez. En unos meses, todos ellos van a tener mucho tiempo libre.

Joan B. Culla i Clarà es historiador

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