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Fiscalía justifica el pacto con Español porque ha devuelto dinero

El fallo de conformidad también responde a que no hay delitos de corrupción ni el exjefe de La Seda provocó la quiebra de la química

Rafael Español, expresidente de La seda.
Rafael Español, expresidente de La seda.Marcel.li Saenz Martinez

La Fiscalía de Barcelona ha justificado el acuerdo de conformidad alcanzado con el expresidente de la compañía química La Seda Rafael Español por el que le rebajan la pena de 27 años y medio a menos de dos, porque se ha devuelto todo el dinero defraudado a Hacienda, y una parte a la empresa y a los accionistas minoritarios; po que el desfalco de 12 millones del caso no causó la quiebra de la empresa, y porque no hay delitos de corrupción.

Según han explicado este miércoles a los medios fuentes del Ministerio Fiscal, la conformidad parte de la petición de las acusaciones y defensas para llegar a un acuerdo, en el que se incluye el pago de todo el dinero que se defraudó a Hacienda, hasta 3,1 millones de euros, más los intereses de demora de 778.238,95 euros, así como otras cantidades no especificadas a La Seda y a los accionistas minoritarios representados por Unidos por la Seda.

La decisión de la Fiscalía ha tenido en cuenta las atenuantes de dilaciones indebidas en el procedimiento --los delitos son entre el año 2000 y 2004-- y de reparación del daño, lo que ha determinado la rebaja de las penas que se solicitaban en un principio y que eran las máximas permitidas por el Código Penal.

Además, la Fiscalía se ha avenido al pacto y a la rebaja de las peticiones de pena porque los trabajadores de la empresa no serán despedidos, y teniendo en cuenta que hay hasta otros cuatro procedimientos abiertos contra Español a la espera de juicio.

Ha pesado mucho en el acuerdo que se haya devuelto parte del dinero a los afectados por el desfalco por parte de Rafael Español y el economista Antonio Comadrán, que se elevó a 12 millones de euros a través de facturación de servicios y productos inexistentes o sobrevalorados, reparando así el daño causado.

De este modo, se ha evitado un juicio y se ha conseguido asegurar el cobro de gran parte de las cantidades defraudadas, y se ha obtenido que los acusados admitan los delitos, descartando así una eventual absolución en caso de que se hubiera celebrado el procedimiento.

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Ahora la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona deberá dictar sentencia en base al acuerdo, y posteriormente decidir si la condena debe hacerse efectiva o si los condenados pueden eludir la prisión al ser inferior a dos años y no tener antecedentes.

Con todo, el fiscal considera a Rafael Español y a Antonio Comadrán responsables de un delito continuado de apropiación indebida --para el que pide una pena de 11 meses y 15 días-- y cuatro delitos cada uno contra Hacienda --con una pena de un año de cárcel-- por haber "devalijado" a La Seda facturándole falsos servicios y productos o sobrevalorados.

Por estos delitos, Español deberá pagar 702.000 euros de multa, y Comadrán, 858.000, que podrán abonar en dos años con plazos bimensuales.

Pese a que al principio el fiscal les acusaba también de cinco delitos continuados de falsedad en documento mercantil --lo que comportaba la petición de 12,5 años de cárcel--, finalmente en la conformidad solamente los atribuye a los responsables de las sociedades que hicieron facturas falsas.

Así, a los acusados Francisco C.R., Ana Maria C.V., Xavier L.O.

y Salvador M.G. el fiscal les atribuye un delito continuado de falsificación de documento mercantil, y les pide siete meses de prisión y 1.500 euros de multa.

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