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OPINIÓN

Corrupción, moral y legalidad

Quienes distinguen entre lo moral y lo legal se vuelven jansenistas al juzgar actuaciones de la justicia que les atañen

El próximo mes de julio se cumplirán seis años de la entrada de los Mossos d'Esquadra en el Palau de la Música. Para el catalanismo conservador fue una catástrofe similar a la profanación del templo de Jerusalén: pérdida de carácter nacional, helenización de costumbres y desenfreno extranjerizante. La cuna del laborioso patriciado catalán quedaba mancillada por un despliegue sin precedentes de policía judicial. Por suerte, la comprensiva actuación del juez Juli Solaz permitiría imágenes más humanas y reconfortantes, como el indulgente retraso en aplicar medidas cautelares a los ya saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull. Si con anterioridad a la intervención policial se hubiera procedido a pinchar los teléfonos de los provectos patricios, las grabaciones tal vez competirían por el primer puesto con las del alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, contando el dinero del cobro de una comisión en el interior de su automóvil.

Camino de los seis años, la instrucción del caso Palau aún no se ha cerrado. Millet y Montull perpetraron un expolio que las estimaciones del juez elevan a 24 millones de euros. Convergència Democràtica de Catalunya habría cobrado 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a través del coliseo modernista a cambio de la adjudicación de obra pública.

El catálogo de irregularidades que juez y fiscal atribuyen al partido nacionalista es prolijo. Incluso la fundación Trias Fargas —ahora Catdem— recibió 630.000 euros del Palau de Millet. Con anticipación, como si CDC hubiera escrito el guion a los populares Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte —que compatibilizaban el cobro de sus emolumentos como diputados con la remuneración por asesorar verbalmente a empresarios— desde el partido nacionalista catalán se afirmó entonces que lo legal no tenía por qué ser ético. Es decir, que el Palau financiara a la fundación convergente era enteramente legal aunque moralmente lamentable. Los abanderados de tal laxitud de miras, no obstante, se tornan intransigentes jansenistas a la hora de juzgar a los demás, sobre todo si son jueces o fiscales que se muestran rigoristas en causas que les afectan.

Tanto el caso Innova como el caso Palau han brindado esta semana un ejercicio práctico de hasta qué punto es dúctil y maleable el publicitado respeto por la justicia. Así, el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, cargaba contra “la desproporción” de las medidas tomadas por el juez Diego Álvarez de Juan que desembocaron en la detención de nueve personas dentro del llamado caso Innova. La investigación arrancó hace tres años, supera ya el medio centenar de imputados, cuenta con una decena de piezas separadas y ha dejado un agujero de casi 400 millones de euros en el Ayuntamiento de Reus. Homs remachó que mientras la primera teniente de alcalde de Reus —Teresa Gomis (CiU)— estaba detenida, el juez “estaba tranquilamente tomando un café en una plaza”. En un exceso de celo interpretativo, el portavoz del Gobierno aseguró que “este mismo juez imputó a todo el Ayuntamiento de Vila-seca y después la Audiencia Provincial dijo que no había motivo para ello”. En realidad lo que sucedió es que la Audiencia trasladó el caso a otro juzgado porque el de Reus no era competente. Y, lógicamente, siguen imputados todos los que estaban imputados, empezando por Josep Poblet, presidente de la Diputación de Tarragona, alcalde de Vila-seca y hombre fuerte de CDC en la demarcación, a quien se impuso una fianza —recurrida— de 280.000 euros.

También ha merecido las iras convergentes la petición del fiscal del caso Palau de embargar de 15 de las sedes que CDC había depositado como aval para hacer frente a su responsabilidad civil. El hecho se produce después de que el partido de Artur Mas vendiera su sede central —valorada en 12,3 millones de euros— al grupo Platinum de Hong Kong. La venta disparó las alarmas en la fiscalía que quiere asegurarse y salvar de los vaivenes del mercado esos 6,6 millones de euros que CDC presuntamente obtuvo de comisiones en obra pública, según estimaciones no solo del fiscal sino del propio juez. La fiscalía solicitó asimismo incrementar la garantía exigida a los convergentes de 3,2 millones (primer cálculo hasta ahora no modificado) a los 6,6 millones de la conclusión posterior. La parte del león de esos fondos provenía supuestamente de Ferrovial, por las adjudicaciones de la Línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. “Seguramente en esta decisión tienen que ver cuestiones electorales”, afirmó el coordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez.

Es cierto que desde su giro independentista, CDC ha sido víctima de maniobras político-policiales provenientes de las cloacas del Estado. La inmensa mayoría no han pasado de ser una mera aunque potente difamación. Pero cuando una investigación judicial acredita irregularidades o un fiscal trata de preservar el bien público no se puede descalificar tales actuaciones envolviéndose en la bandera. Ser capaces de distinguir entre lo moral y lo legal —como si ser amoral no tuviera coste— resulta de difícil encaje con el propósito de liderar un proceso que hace bandera de la ética y el regeneracionismo.