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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Votar contra la corrupción

Los ciudadadanos tienen en sus manos el poder de enviar al ostracismo a quienes han sido corruptos o merecen confianza

Ángel García Fontanet

La sociedad de este país vive momentos de una preocupación imposible soslayar. Una buena parte de las elites dirigentes han perdido los papeles y no actúan, ni de lejos, a la altura de sus responsabilidades. Carecen de norte y están enfangadas en la corrupción y en la falta de ética, cuando no fuera de la ley. Día tras día, hora tras hora, los ciudadanos se enteran de hechos que merman la credibilidad de las instituciones y de las personas que teóricamente las sirven.

Muchos ciudadanos tienen la sensación de que los dirigentes políticos van exclusivamente a la suya, que los intereses públicos les importan una higa. Existen, afortunadamente, muchos empleados y empresarios excelentes, que mantienen el tipo a pesar de estar en inferioridad de condiciones y sometidos a una competencia desleal; y también políticos que, pese a la que está cayendo, no han incurrido en prácticas corruptas. Pero la ciudadanía asiste perpleja a un espectáculo bochornoso de corrupción que no hace sino aumentar su natural escepticismo y falta de confianza.

Hace poco hemos sabido que dos personajes del partido gubernamental, siendo diputados, cobraban simultáneamente sustanciosas cantidades de dinero por trabajos verbales de asesoramiento, de los que no dejan huella, de una empresa constructora dedicada a la obra pública. En uno de los casos, esos trabajos consistían en unos pocos encuentros para tomar café. En el otro no consta la clase de actividad mantenida, aunque todo parece indicar que era también de carácter vaporoso. En román paladino, cobraban por trabajos inexistentes (presuntamente, por supuesto). ¿Hay alguien en su sano juicio que no piense que se trata, simple y llanamente, del pago de tráfico de influencias? Lo contrario es suponer que las tragaderas de los ciudadanos son inmensas.

¿Cómo se reaccionará ante estos hechos que afectan a políticos importantes, uno de ellos nada menos que embajador de España ante el Reino Unido? La confianza en una reacción adecuada a la gravedad del asunto es mínima, dados los precedentes. La compatibilidad parlamentaria se estableció, en todo caso, para trabajar y no para traficar.

Pero es que llueve sobre mojado. La corrupción de la clase política abarca toda la geografía nacional: Baleares, Cataluña, Andalucía, Castilla-León, Madrid, Valencia... Sin olvidar, desde luego, que la corrupción no nace ni vive exclusivamente en el sector público; sin la colaboración de los particulares no existiría. Estos también la cometen, la promocionan y, como mínimo, la pagan y, a veces, incluso se la cobran.

Se dice —y seguramente es cierto— que la macroeconomía ha mejorado, pero el ciudadano de a pie apenas lo percibe en su vida diaria
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Mientras, la inmensa mayoría de los ciudadanos soporta el paro y los recortes de servicios públicos. Se dice —y seguramente es cierto— que la macroeconomía ha mejorado, pero el ciudadano de a pie apenas lo percibe en su vida diaria. Mientras tanto, miles de millones de euros de ciudadanos españoles siguen escondidos en paraísos fiscales. Y no existe coraje o vergüenza para publicar la lista de los que se acogieron a la amnistía fiscal para regularizar un dinero del que se sospecha que tiene una procedencia ilegal. Abundan las excusas para no hacerlo. Así no se hace país.

¿Lo que sucede es normal? ¿Es inevitable? ¿Es la única manera posible de que el sistema funcione? No, y si fuera así, habría que plantearse, seriamente, un cambio profundo de modelo. Se precisan, en todo caso, fuertes dosis de ética, de moralidad y de regulación para atajar la corrupción. Aun admitiendo que nadie está limpio de polvo y paja, los datos indican que la corrupción alcanza en España niveles desconocidos en los países de nuestro entorno. Hay que tomar medidas radicales ya, a no ser que queramos dejarnos llevar por un pesimismo irrazonable. Afortunadamente, no falta gente honrada y preparada que espera su oportunidad.

Hay un ámbito en el que es preciso intervenir con urgencia, pues abundan las comisiones y los sobornos: la contratación administrativa. Con frecuencia se producen modificaciones sobre las condiciones de adjudicación que aumentan el precio y provocan un encarecimiento de las obras y servicios. Es preciso un mayor control y transparencia en la ejecución de estos procedimientos. La contratación no puede ser un chollo, ha de ser a riesgo y ventura del contratista. No puede continuar un sistema que incentiva la trampa y deja sin recompensa a la honradez.

El remedio, afortunadamente, está en manos de los ciudadanos. Basta con que utilicen rectamente su derecho a voto en los diversos procesos electorales que van a celebrarse este año. Hay que exigir a los partidos — a los nuevos y a los antiguos— que se comprometan a erradicar la corrupción y a adoptar las medidas necesarias para conseguirlo. Si no se comprometen o se ya ha perdido la confianza en que lo vayan a hacer, la respuesta es bien fácil: no votarlos, enviarlos al ostracismo. Al parecer es el único lenguaje que entienden. El país está harto de tanta especulación y tanto chanchullo. Y si hay que asumir riesgos y vencer miedos, con prudencia, se hace y basta.

Ángel García Fontanet fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

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