¿Legitimación de la amnistía fiscal?

Rodrigo Rato figura como uno de los principales responsables de irregularidades que han causado la despatrimonialización de Bankia. Lo que, entre otras consecuencias, ha representado, según el Juez Andreu, “la nacionalización y rescate de la entidad con cargo al dinero del Estado por importe de 23.500 millones de euros”. Y esas irregularidades abarcan desde la ocultación de sus pérdidas en 2010 hasta el uso de las tarjetas black. Por este motivo, el juez de Bankia les fijó una fianza de 800 millones de euros, ahora rebajada a 34. El PP, además, sabe que Rato se acogió a la amnistía fiscal de 2012.

Con estos antecedentes, se filtra a la prensa que Rato figura entre los beneficiados por dicha amnistía. Y la Agencia Tributaria (AEAT) le denuncia por delito fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, y promueve el registro de su domicilio y el de sus empresas. El operativo se filtra también a la prensa, que filma en directo la entrada de los agentes —la policía de Aduanas— en su casa y muestra las imágenes de una detención momentánea —con una mera apariencia de rigor— sin que el detenido fuera puesto a disposición judicial.

Con ello, la AEAT asume un mayor protagonismo para contrarrestar el enorme coste político que el Partido Popular soporta desde la amnistía fiscal de 2012, aprovechada, entre otros, por personajes como Luis Bárcenas, Oleguer Pujol o Rodrigo Rato, sometidos a diversos procesos penales. Y arrostra además el gravísimo riesgo de que trascienda la identidad de algunos más de los 715 casos en los que se han observado indicios de blanqueo de capitales.

Es en ese contexto en el que debe entenderse el operativo contra Rato. El Partido Popular no podía permitirse que la Fiscalía Anticorrupción actuara contra el exvicepresidente por sus desfases patrimoniales y trascendiera en ese momento que se había acogido a la amnistía fiscal. Es por ello que se anticipa al riesgo y lanza la operación buscando un gran impacto mediático y con el argumentario preparado ya en la misma tarde de la detención: “El partido es inflexible en la lucha contra este tipo de actitudes. En la lucha contra el fraude, el respeto a la ley o el interés general está por encima de todo, incluyendo los intereses políticos o electorales. Defiende la independencia de la AEAT a la que anima a investigar sin importar lo más mínimo los nombres de los posibles defraudadores ni su actividad profesional ni su relevancia social ni su afiliación política”.

Es lícito preguntarse si el PP hubiera actuado de la misma forma si no hubiese trascendido que Bárcenas y Pujol habían sido beneficiados por su perdón fiscal

Tales argumentos resultan insostenibles si se considera que la AEAT ha actuado cuando ya se conoce la identidad de algunos de los beneficiados por la amnistía. Es lícito preguntarse si el PP hubiera actuado de la misma forma si no hubiese trascendido que Bárcenas y Pujol habían sido beneficiados por su perdón fiscal o que tarde o temprano iba a saberse lo mismo que ahora se sabe de Rato. Y, desde luego, es lícito preguntarse por qué la AEAT actúa ahora cuando sabía desde hace dos años y medio que Rato tenía un patrimonio oculto.

¿Por qué se ha tardado tanto en actuar? Es insostenible, si no falaz, intentar proclamar la independencia de la AEAT respecto del partido del Gobierno si resulta que la Audiencia Nacional ya le ha reprochado penalmente a dicho partido su forma de entender la colaboración en la lucha contra la corrupción al proclamar su condición de “partícipe a título lucrativo” de los ilícitos beneficios de la trama Gürtel. Y cuando se han producido dimisiones sin precedentes de inspectores de Hacienda asignados a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, a quienes se había encomendado decisiones técnicas que afectan a intereses económicos muy relevantes; o cuando el propio ministro Montoro o el secretario de Estado de Hacienda han estado vinculados a muy importantes despachos de asesoría fiscal cuyos clientes pueden ser objeto de inspección por sus subordinados.

En última instancia, la voluntad del PP en una responsabilidad central del Estado como es la lucha contra el fraude fiscal, queda seriamente cuestionada. Como resulta cuestionada la batalla contra el fraude fiscal ante la ausencia de actuaciones penales análogas a las desarrolladas por las Agencias Tributarias estadounidense, alemana, francesa y belga contra HSBC, Credit Suisse y la Unión de Bancos Suizos, o la forzada acción de última hora sobre al Banco de Madrid, que ha tenido que ser impulsada por el Gobierno estadounidense.

La nueva filtración de un informe de la AEAT revelando datos confidenciales de una investigación relativa a blanqueo de capitales y corrupción en Castilla León hace aún más perentoria la necesidad de publicar la lista de los ciudadanos amnistiados. Para ello, deben arbitrarse las habilitaciones legales de urgencia que resulten precisas para salir al paso de las filtraciones interesadas de datos y de las violaciones del secreto y sigilo que comportan tales filtraciones; verificar la ausencia de las investigaciones tendenciosas en marcha y facilitar a los ciudadanos un conocimiento cabal y completo del alcance y profundidad de las conductas corruptas y defraudatorias que encubren la amnistía fiscal otorgada por el Gobierno en 2012.

Carlos Jiménez Villarejo es exfiscal Anticorrupción y exeurodiputado de Podemos