El Gobierno catalán comprará 1.400 viviendas para evitar la especulación

El Gobierno catalán comprará en los próximos dos años cerca de 1.400 viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias, que están en manos de los bancos. Lo hará después de que ayer el Parlament aprobara el decreto ley que le da derecho de compra preferente de las casas que vayan a ser vendidas a un fondo de inversión o a una empresa. El Ejecutivo de Artur Mas ha pedido ya a las entidades financieras que informen sobre los pisos que se hallan en esta situación en los 72 municipios en los que ha identificado que hay más necesidades. La banca le ha remitido ya un listado de 1.550 casas, de las cuales casi el 60% corresponden a pisos que CatalunyaCaixa ha ofrecido al fondo norteamericano Blackstone.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, explicó en el Parlamento que las entidades habían comunicado que tienen en cartera 1.400 viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias disponibles para la venta. No todas lo habían hecho aún, y, según fuentes del Ejecutivo catalán, ayer solo un banco comunicó que estaba en proceso de comercializar 150 pisos. El decreto ley da a la Generalitat el derecho de tanteo y retracto sobre esas viviendas. Es decir, el Ejecutivo catalán podrá hacerse con ellas por el precio al que iban a ser vendidas a un tercero.

Vila aseguró en el Parlament que la Administración “podrá actuar” ante “posibles dinámicas de especulación inmobiliaria” que se produzcan entre entidades financieras y fondos de inversión que compran “paquetes de viviendas con residentes en su interior” que quedan en situación de vulnerabilidad. El secretario de Vivienda, Carles Sala, explicó que la Generalitat está analizando la lista para “empezar a trabajar con los Ayuntamientos”. Las prioridades, explicó, son los inmuebles que se hallan degradados y con inquilinos que después de perder la propiedad de su casa ahora puedan verse obligados a abandonarla.

Fuentes del Ejecutivo catalán explicaron que la Agencia de la Vivienda de Cataluña aspira a adquirir en este primer año del programa cerca de 800 viviendas junto a los Ayuntamientos, para lo que cuenta con un presupuesto de ocho millones de euros. En cualquier caso, en dos años el Ejecutivo catalán espera captar 1.400 casas, lo cual supondría aumentar en un 10% el parque de vivienda pública de Cataluña.

Las mismas fuentes explicaron que las viviendas se hallan en barrios modestos y que la mayoría se están comercializando a unos precios que van entre los 10.000 y los 25.000 euros. Alguna, en L’Hospitalet de Llobregat, incluso va a ser vendida por 3.000 euros al formar parte de un gran lote de inmuebles. Los compradores, añaden, son fondos de inversión, pero también sociedades inmobiliarias que quieren rehabilitar y revender los pisos en poco tiempo.