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La Sindicatura detecta irregularidades “recurrentes” en consorcios sanitarios

El ente fiscalizador destaca los contratos a dedo y los pagos injustificados a altos cargos

Manifestación en Lleida contra la creación del consorcio sanitario en noviembre del año pasado.
Manifestación en Lleida contra la creación del consorcio sanitario en noviembre del año pasado.

Un informe de la Sindicatura de Cuentas pone de manifiesto que los consorcios y empresas públicas que gestionan buena parte de la sanidad pública catalana incurren en un cúmulo de "irregularidades recurrentes" que, entre muchas otras disfunciones, facilitan las adjudicaciones a dedo y las elevadas remuneraciones de sus directivos.

En el informe, encargado por el Parlament y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Sindicatura sintetiza en apenas una decena de folios la retahíla de “incidencias” comunes identificadas tras analizar las cuentas de seis empresas sanitarias. El ente fiscalizador revela que “se han identificado un total de 20 tipos de irregularidades”, entendiendo como tales aquellas que se repiten como mínimo en dos de los informes de fiscalización.

El grueso de las anomalías detectadas por la Sindicatura están vinculadas a los recursos humanos y a la contratación de servicios. Desde pagos injustificados a exaltos cargos de las entidades hasta contratos adjudicados a dedo dibujan las suspicacias que acechan a la figura de los consorcios. “Hay gastos de proveedores y encargos directos de servicios y suministros que superan el lindar de contratación menor, sin que se haya utilizado ningún procedimiento de contratación”, recoge el ente fiscalizador.

El informe se basa en el análisis de las cuentas de seis grandes empresas sanitarias: el Parc Taulí de Sabadell (2008-2011), el Consorci Sanitari de Terrassa (2009-2010), el Sistema de Emergencias Médicas (2010-2011), el Instituto Catalán de Oncología (2009-2010), el Consorci Sanitari Integral (2009-2011) y la Corporación de Salud del Maresme i la Selva (2009-2011). Precisamente, las irregularidades recogidas en el informe de esta última empresa pública motivaron que la Comisión de la Sindicatura solicitara al ente fiscalizador este nuevo documento.

Las anomalías en la contratación se cuentan por decenas. “Hubo también adjudicaciones directas de contratos en el marco de un convenio de colaboración mientras que la prestación reunía las características de un contrato de servicios sujeto a la normativa de contratación”, señala la Sindicatura. Prórrogas sucesivas de contratos más allá de los que prevén las cláusulas, encargos adicionales al proveedor principal de las obras que no constan en la licitación y escaso o nulo control de los gastos vinculados a las adjudicaciones son otras de las irregularidades usuales que aprecia el informe.

En la preparación de los procesos de contratación, el ente fiscalizador destaca también una serie de prácticas que limitan la concurrencia de todas las empresas que podrían estar interesadas en postular a los servicios licitados. “En cuanto al contenido de los pliegos, hay varios tipos de carencias (…): las relativas a la claridad de ciertas cláusulas de los pliegos podrían limitar la concurrencia”, reza el informe. En este sentido, la Sindicatura también señala que en diversas ocasiones faltaba información en los anuncios de licitación y se tramitaron contratos bajo la fórmula de “procedimiento negociado sin publicidad sin que la exclusividad estuviese suficientemente justificada”.

En cuanto a las irregularidades halladas en el ámbito de los recursos humanos, la Sindicatura apunta una serie de anomalías en las medidas de contención del gasto que benefician a altos cargos de la empresa. “Al personal de alta dirección se le ha aplicado una reducción salarial del 5% (…), a pesar de que a este personal le era de aplicación una reducción del 8% o superior”, señala el informe. El ente fiscalizador precisa también el pago de indemnizaciones a altos cargos al final de su relación laboral con la empresa “que no correspondían” y conversión “improcedente” de contratos de alta dirección en contratos laborales cuando, en realidad, el trabajador seguía prestando servicios como directivo.

La Sindicatura también hace hincapié en las irregularidades laborales que derivan de los convenios de colaboración y alianzas estratégicas que ha puesto de moda la Generalitat entre centros públicos y privados. Según el informe, en el marco de estos convenios de colaboración con centros privados, algunas empresas ponían a disposición de estas clínicas "diversos especialistas para que prestasen sus servicios, aspecto que, por otra parte, no estaba previsto en sus contratos laborales”. El ente fiscalizador señala además que hay personas contratadas por una entidad sanitaria que realizan su actividad en otros centros del sector público sanitario “sin que se haya formalizado, si cabe, convenios para regular las cesiones y sin que haya una contraprestación económica”.

El informe también recoge irregularidades formales en la gestión de los presupuestos y "aportaciones económicas periódicas" realizadas a diversas entidades y a algunos trabajadores en concepto de gastos de representación que la Sindicatura no ha podido "constatar suficientemente la obligación de la entidad fiscalizada de efectuarlos". 

La publicación del documento ha coincidido con un agitado debate en la sanidad catalana, con la figura de los consorcios en el ojo de la polémica: mientras el hospital Clínic pide al Parlament que se agilice su configuración como consorcio público, el Gobierno catalán se ha quedado sin apoyos en su plan de unificar la sanidad pública en Lleida en un nuevo ente. “Es la primera vez que tenemos una sistemática de las irregularidades que se producen en los consorcios sanitarios. Lo que hay alrededor de su gestión es una clara intención de saltarse el control del dinero público”, valoró ayer el diputado de ICV-EUiA David Companyon, que solicitó la creación de este informe. El ecosocialista aseguró que elevará este informe a la Oficina Antifraude y pedirá a la Sindicatura "que haga una propuesta para ver que se podría hacer para erradicar estas prácticas de corrupción legal en los consorcios".