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El coste de Terra Mítica “se veía sobre la marcha”, según su expresidente

Esteban, enfrentado a siete años de cárcel, alega que no llevó la gestión económica

Ignacio Zafra
Luis Esteban, expresidente de Terra Mítica, antes de entrar en la Audiencia de Valencia.
Luis Esteban, expresidente de Terra Mítica, antes de entrar en la Audiencia de Valencia.josé jordán

El expresidente de Terra Mítica Luis Esteban admitió este martes ante el tribunal que lo juzga junto a otras 34 personas la frágil planificación en que se basó la construcción del parque temático de Benidorm. Acusado de delitos fiscales, estafa y falsedad, Esteban afirmó que inicialmente se pensó que las instalaciones podían costar unos 270 millones. Pero que la idea fue empezar a construir e “ir viendo el coste sobre la marcha”. La Fiscalía acusa a Esteban y otros tres exdirectivos de hacer pagar al parque por servicios falsos y defraudar a Hacienda. El expresidente lo negó y mantuvo que nunca tomó decisiones de forma “personal” ni hizo uso de la “potestad de supervisión de todos los departamentos del parque” prevista en su cargo.

Existen dudas sobre cuánto costó el parque, vendido en 2012 por 65 millones de euros a la empresa Aqualandia. Fuentes de la oposición socialista estiman que se acercó a los 400 millones y que la Generalitat y las cajas de ahorro desaparecidas Bancaja y CAM perdieron más de 200 millones. El proyecto fue impulsado en los años 90 por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, que antes había sido alcalde de Benidorm.

Los acusados conservan el pasaporte

El tribunal ha denegado la imposición de medidas cautelares pedidas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los 35 acusados: retirada de pasaporte y presentación dos veces al mes en el juzgado. El ministerio público justificaba la solicitud en la petición de “penas de prisión muy elevadas”. La existencia de “salidas de dinero al extranjero” mediante circuitos internacionales “que no han podido ser identificados”. Y el rechazo de los magistrados, tras las primeras jornadas del juicio, al intento de las defensas de que el juicio se anulase o los delitos se considerasen prescritos.

Las defensas se han opuesto a la petición. El letrado del exdirector general de Terra Mítica Miguel Navarro, Javier Boix, ha criticado lo que ha considerado una petición “masa” de medida cautelar. Una restricción de derechos que, según el abogado, debe dirigirse “a un sujeto concreto, en un procedimiento concreto y por unos motivos concretos”. El letrado del empresario Vicente Conesa, Vicente Grima, ha acusado a la Fiscalía de buscar “un titular de prensa”.

El tribunal ha considerado que no ha habido novedades que justifiquen la adopción de las medidas cautelares solicitadas.

En el primer día de interrogatorio a los acusados, Esteban explicó que primero presidió la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA). Una entidad pública constituida para construir un parque temático en Benidorm. En 1998 Terra Mítica se desgajó de la sociedad y fue privatizada, dejando de estar atada a la Ley de Contratos de las Administraciones. La Generalitat se quedó un 12% de ella y las entidades financieras autóctonas entraron con fuerza junto a otros accionistas privados. La sociedad pública siguió existiendo y trabajando en operaciones urbanísticas en la zona y en la construcción de viales para el parque. El área sobre la que operó tenía nueve millones de metros cuadrados. Esteban fue nombrado presidente de la nueva empresa Terra Mítica.

Entre sus competencias figuraba la de convocar la junta general, presidir el consejo de administración y la comisión ejecutiva, y ostentaba la potestad de “supervisión” de todos los estamentos de la empresa, le recordó la fiscal. Esteban respondió que puede que fuera así, pero que él nunca actuó de forma autónoma. “A título personal nunca tomé ninguna decisión, las adoptaba el consejo de administración”. También negó que interveniera “en el día a día” económico de la empresa, “ni en los pagos ni en la recepción de facturas”. Una tarea que atribuyó al ex director económico del parque, Miguel Izquierdo. Se trata del único directivo que fue imputado en el caso y no ha llegado a ser juzgado porque el magistrado instructor y la Audiencia de Valencia lo exoneraron.

El expresidente de Terra Mítica afirmó que poco después de empezar la construcción del complejo quedó claro que los 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) inicialmente aportados por los accionistas eran claramente insuficientes. En los siguientes dos años, mediante sucesivas ampliaciones de capital la cifra se multiplicó por 30. Esteban atribuyó parte del sobrecoste a la prisa por llegar a tiempo de abrir en julio del año 2000. Y también a imprevistos que fueron “encareciendo” el plan inicial: “No es que se hiciera un proyecto equivocado, es que sobre el terreno surgieron problemas que hubo que solucionar”. Por ejemplo, en el centro del parque estaba previsto un lago, pero no se había previsto cómo obtener el agua. Al empezar las excavaciones, además, se descubrió que bajo tierra había un “vertedero”, afirmó.

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Según el exdirectivo, nadie manifestó preocupación por la gestión económica ni por supuestas irregularidades en los contratos. La fiscal leyó, sin embargo, fragmentos de algunas actas en los que la entonces accionista y consejera Agnès Noguera sí expresaba tales preocupaciones.

El exdirectivo defendió que Terra Mítica interesaba a “los hoteleros de Benidorm” y otros empresarios que perseguían “una alternativa al sol y playa”. A pesar de su trayectoria, que incluyó la suspensión de pagos la pasada década, Esteban consideró que el parque fue un “motor” para el turismo en la costa valenciana.

La fiscal preguntó a Esteban quién decidió el fichaje como director de contratación del parque de Justo Valverde, entonces cuñado del presidente Zaplana. Esteban afirmó que no lo sabía porque cuando él llegó Valverde “ya estaba allí”. Este exdirectivo provenía de la sociedad pública Parque Temático de Alicante (SPTA), donde también había desarrollado labores del “área de contratación", según Esteban.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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