La falta de respuesta de la Unión Europea precipitó el cierre de Spanair

Una delegación de la Generalitat se reunió en Bruselas con miembros de la dirección general de Competencia de la Comisión Europea con el propósito de hallar una respuesta a las dudas que tenía Qatar Airways sobre las aportaciones que la Generalitat había hecho a Spanair, ante el temor de que estas pudieran ser consideradas como ayudas de Estado. Aquel encuentro se celebró en enero de 2012 y ante la “no respuesta” de los funcionarios comunitarios, según ha explicado Damià Calvet, entonces secretario de Movilidad de la Generalitat y presidente de la empresa pública Cimalsa (accionista de la compañía aérea), se decidió paralizar la inyección de recursos públicos y forzar el cese de operaciones de la compañía, el día 27 de aquel mismo mes.

“Ante el riesgo de que se alargara demasiado el proceso”, ha explicado Calvet ante la comisión parlamentaria que investiga la quiebra de Spanair, se decidió desconectar la compañía de las ayudas públicas, ya que “había serias dificultades para mantener el volumen de préstamos”, que por parte de la Generalitat alcanzaban los 135 millones de euros.

Calvet ha explicado que cuando se creó una comisión del Gobierno catalán (integrada por miembros de los departamentos de Economía y Empresa y Territorio) la Generalitat pudo comprobar de primera mano como Spanair y Qatar Airways mantenían reuniones para definir la estrategia a seguir una vez la compañía del Estado árabe entrara en el capital de Spanair. En su opinión, todo estaba a punto para firmar el contrato definitivo --después de que en noviembre de 2011 ya se había firmado un memorándum de entendimiento-- que perfilara la incorporación de Qatar en el accionariado de Spanair, acuerdo que se tenía que cerrar “en la fecha mágica” del 31 de diciembre de 2011

El problema fue que, antes de detallar y suscribir de forma definitiva aquel contrato, en la aerolínea del Estado árabe surgieron dudas acerca de los recursos invertidos por las administraciones catalanas. Vueling, participada por Iberia, había presentado una denuncia ante las autoridades europeas por un supuesto caso de ayudas de Estado.

El que fuera en aquellos momentos consejero de Territorio, Lluís Recoder, ha asegurado que entre 2011 y  2012, los miembros del primer Ejecutivo de Artur Mas hicieron todo lo posible para salvar la compañía. Y, según ha dicho, “si hubiera sido irresponsable dejar caer Spanair en enero de 2011, también hubiera sido irresponsable dejarla continuar en enero de 2012”. Recoder, que ha efectuado una breve exposición, ha coincidido con Calvet al decir que “intentamos ayudar a Spanair mientras vimos expectativas”.