Alaya abre juicio oral por la venta de los suelos de Mercasevilla

Tras cinco años de instrucción, la juez Mercedes Alaya ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra 10 acusados por la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla. Entre los imputados, se encuentran el exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo y el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet. Alaya les acusa de haber amañado un concurso público para favorecer a la empresa Sanma, filial de la constructora Sando. Los hechos, "en atención a la pena señalada al delito perseguido", serán enjuiciados en un Juzgado de lo Penal de Sevilla, indica la juez en el auto, contra el que no cabe recurso.

En dicho auto, la magistrada achaca a los acusados (que eran 16 inicialmente) los presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales y otro de prevaricación. Asimismo, atribuye un presunto delito societario a Torrijos, Mellet, Crespo, al presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, y al vicepresidente de Sando, Luis Sánchez Manzano. Les requiere que presten de manera solidaria una fianza por 33.250.000 euros.

En su auto, Alaya sostiene que hubo un "concierto previo" entre los acusados para que el concurso del suelo "fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria". También concluye que "la mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor" de la filial de la constructora Sando. 

En cuanto al presunto delito societario, Alaya argumenta que los acusados actuaron "con abuso de las funciones propias de su cargo" y tras disponer "fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de esta a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad", según la juez.

La Fiscalía de Sevilla había pedido dos años de cárcel para el exportavoz de IU y para el exconcejal del PSOE, así como ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. Según la fiscalía, el concurso público de los suelos se hizo con un pliego de condiciones elaborado "a la medida de los intereses de Sando", y de hecho se le adjudicó a pesar de que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga.