_
_
_
_
_

Competencia tacha de “restrictiva” e “intervencionista” la ley de comercio

La autoridad da un varapalo al proyecto de Felip Puig y pide ampliar horarios

La futura ley de Comercio, Servicios y Ferias que quiere sacar adelante el consejero Felip Puig se ha llevado un varapalo de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco). El organismo adscrito al Departamento de Economía ha emitido un informe de regulación que califica el anteproyecto de ley como “altamente restrictivo”, “intervencionista” e incluso “obsoleto”. El documento es especialmente crítico con la regulación horaria, al considerar que la “política limitadora” perjudica a los consumidores y dificulta la capacidad del comercio tradicional para competir con el electrónico.

No es la primera vez que la Acco se posiciona contra la normativa comercial catalana y, en concreto, contra los horarios comerciales. Lo hizo ya en un estudio de 2012 y en dos informes reguladores anteriores, de 2010 y 2011. El borrador que el Ejecutivo catalán puso a información pública el pasado mes de febrero fija que los comercios podrán abrir un máximo de 72 horas semanales y ocho domingos y festivos, a los que los ayuntamientos podrán añadir dos más. Al respecto el informe, no vinculante, es claro: “La Acco se posiciona a favor de la libertad en materia de horarios comerciales”.

El organismo recuerda “la tendencia creciente de los consumidores a materializar su compra de forma inmediata”, por lo que lamenta que la ley deje en inferioridad a las tiendas tradicionales respecto al comercio electrónico, disponible 24 horas al día los 365 días al año. La autoridad expone que los establecimientos tradicionales todavía tienen dos ventajas: el conocimiento previo del producto y la proximidad física con el comprador. Aun así, advierte: “Si la actuación de la Administración persite a limitar los horarios de apertura esta ventaja competitiva se podría ver reducida y, en consecuencia, se podría hacer más difícil competir con la oferta online”.

El organismo lamenta que solo haya un artículo en el texto relativo a la venta de productos y servicios a distancia. “Es una muestra de la obsolescencia de la norma, fuertemente orientada a la regulación del pequeño comercio tradicional”, señala. Los cambios en la demanda, según la Acco, se manifiestan en que las tiendas de conveniencia o con horarios más extensos se han incrementado de tal forma que hoy el 30% de los establecimientos catalanes ya no están sujetos al régimen general de horarios comerciales.

Pero las aperturas no son el único aspecto que critica el informe. De una ley de 86 artículos, la Acco recomienda eliminar ocho, modificar otros 18 (algunos de forma “integral) y revisar 30 más. Entre los preceptos que sugiere suprimir está una de las medidas estrella de Puig, la creación de un fondo de rescate de comercios tradicionales, consistente en favorecer la salida y el relevo en un negocio. “La creación de este fondo nos preocupa en términos de competencia”, afirma el organismo, que teme que el instrumento sirva para evitar la salida del mercado de empresas inviables. Competencia tampoco ve con buenos ojos la creación de un censo de comercios, que tacha como una “carga administrativa innecesaria y desproporcionada” para los operadores.

El informe se detiene en la regulación de las actividades promocionales, que considera “gravemente restrictiva” al incidir sobre “el factor esencial de competencia”, es decir, el precio. La Acco pide, además, que se retire la prohibición del anteproyecto de la venta a pérdida. El organismo recuerda que esa práctica ya está regulada por ley en los casos en los que supone competencia desleal, pero sostiene que no se trata de los casos que se quieren vetar ahora, que pueden “aumentar el bienestar del consumidor”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_