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La vida más allá de La Utopía

Las familias de la corrala sevillana, desalojadas hace un año, continúan “en precario”

Antonio J. Mora
Miembros de la corrala La Utopía posan en la puerta de la que fue su casa.
Miembros de la corrala La Utopía posan en la puerta de la que fue su casa.paco puentes

Las viviendas están a la venta desde hace semanas, pero ellas siguen refiriéndose a mi casa, mi terraza, nuestro edificio... Para las familias que ocuparon durante casi dos años la bautizada como corrala La Utopía en Sevilla, y que fueron desalojadas por la policía hace ahora un año, este inmueble de la calle Juventudes Musicales aún forma parte de sus historias. “Hemos vivido momentos muy difíciles ahí dentro, pero también hemos aprendido muchísimo”, dice Toñi Rodríguez, una de las vecinas. “Aquí conocí a la que es hoy mi única familia”, añade Mari Carmen Morillo. Y de sus reivindicaciones. “El edificio es símbolo de la lucha por el derecho a una vivienda”, defiende Irma Blanco. Tras el desalojo, las familias fueron reubicadas por la Junta, una decisión que supuso la primera brecha seria en el pacto de Gobierno entre PSOE e IU.

Muchas de las familias llegaron a la corrala tras ser desahuciadas. Otras, por el efecto llamada y ante la imposibilidad de hacer frente a un alquiler. Durante meses, sobrevivieron sin luz y sin agua. Un año después, solo la vivienda ha dejado de ser una de sus preocupaciones. Según la Administración, nueve familias fueron realojadas en viviendas públicas, mientras que otras siete están de alquiler en viviendas privadas. “Ya no vivimos con el miedo a que nos puedan echar de nuestras casas, pero seguimos viviendo en precario”, reconoce Blanco.

“Seguimos peleando”

"Hemos ganado una batalla, pero aún nos quedan unas cuantas más". Con este espíritu de lucha, las familias de la corrala La Utopía se han unido al movimiento Corralas en Marcha, en el que están integradas otras corralas de la comunidad. "Seguimos peleando por el derecho a la vivienda, es nuestro compromiso independientemente de que nosotras ya la hayamos conseguido", asegura Irma Blanco, quien señala que en Andalucía viven de okupas alrededor de unas 400 familias. "Tras el desalojo y, posterior, realojo, hemos necesitado unos meses para asimilarlo todo. Pero ahora tenemos las fuerzas y las ganas para reorganizarnos y revitalizar el movimiento", afirma esta vecina de la corrala sevillana. "Esta lucha no va a cesar hasta que los Gobiernos den una solución, la necesidad sigue siendo la misma", agrega.

En esta línea se muestra el responsable del área de Marginación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Francisco Domínguez. “La corrala La Utopía ha sido y sigue siendo un símbolo de este movimiento, que se ha mantenido en estos meses no con la misma fuerza, pero que ahora vuelve a experimentar un repunte. Sigue habiendo muchas familias desesperadas que no ven más salida que la de ocupar una casa”, afirma Domínguez antes de pedir a las Administraciones acciones “más contundentes” para acabar con este problema. Según datos de la Consejería de Fomento, en estos meses, la Junta ha intermediado o intermedia en casos similares al de La Utopía en Cádiz, Sanlúcar o Málaga.

Muchas de estas 16 familias han agotado todo tipo de prestaciones y viven gracias a sus familias o a la ayuda de organizaciones sociales. “A veces, mi marido le echa una mano a un amigo repartiendo publicidad. Le paga unos 10 euros al día. Al mes, podremos contar con unos 70 euros”, explica Morillo, quien señala que lleva 10 meses esperando el salario social. “70 euros que se gastan con ir una sola vez al supermercado. Un familiar también nos ayuda. Nos trae lo básico: huevos, pan, patatas, productos de higiene...”, reconoce emocionada Morillo. “Vivimos con los 426 euros que le dan a mi marido, en paro desde 2011, y gracias al apoyo de la familia”, cuenta Ángeles Leal, quien intenta sacar al mes un dinero extra con la venta de jabones naturales y productos artesanos que ella fabrica. A ello se suma la dificultad para encontrar un empleo. “No hay trabajo para nadie y lo que hay son contratos precarios”, critica María Llanes. “De vez en cuando, cuido a unos niños, pero eso no da para vivir”, apunta Elena Contreras.

La decisión de la Consejería de Fomento, en aquel momento en manos de Elena Cortés (IU), de realojar a estas familias supuso un sonado encontronazo entre los dos socios de Gobierno, ya en esta ocasión la presidenta Susana Díaz barajó la posibilidad de adelantar las elecciones, tal y como hizo finalmente el pasado enero. Según Fomento, se tratan de realojos “provisionales, transitorios y en precario” en los que las familias solo deben hacer frente al coste de los suministros. Sin embargo, las vecinas aseguran que pagan un alquiler acorde a sus ingresos. “Pago 39 euros al mes en concepto de alquiler, comunidad y agua, aparte luz y gas”, enumera Rodríguez, quien fue realojada junto a su hijo de 15 años en un edificio a escasos metros del ocupado.

La permanencia de estas familias en dichas viviendas, señala la consejería, se prolongará “mientras cumplan los requisitos” establecidos. “Nosotras no ocupamos el edificio por capricho, sufríamos una situación insostenible”, señala Blanco, quien recuerda que el Tribunal Superior de Justicia avaló después la actuación de la Administración autónoma. “Hemos aguantado el pulso, y lo hemos ganado”, asegura Contreras.

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Pero las familias aún tienen que superar otro escollo: el judicial. Una juez de Sevilla les ha imputado un supuesto delito de usurpación de inmueble (en este caso, propiedad de Ibercaja, que se apartó del procedimiento penal). Para los 51 acusados, la fiscalía pide una multa de cuatro meses con una cuota diaria de seis euros (720 euros). “Cuando te lo quitan todo, no tienes miedo a nada”, asegura Leal. “Lo único que hicimos fue defender nuestro derecho a la vivienda y lo seguiremos haciendo”, mantiene Blanco.

Cronología

  • Mayo de 2012. 36 familias de Sevilla ocupan un edificio, ubicado en la barriada del Polígono Norte y propiedad de Ibercaja. El inmueble, que no tenía fin de obra, llevaba dos años cerrado. A los pocos días, el Ayuntamiento les corta el agua y la luz.
  • Mayo de 2013. Ibercaja solicita al juez el desalojo del edificio.
  • Junio de 2013. La entidad bancaria solicita al juzgado que paralice el desahucio de las familias. Ibercaja y los vecinos negocian una alternativa, entre ellas, acogerse al programa de alquiler social de la entidad.
  • Septiembre de 2013. Las negociaciones no prosperan e Ibercaja reabre el proceso de desalojo. Las familias, salvo cinco, no aceptan la propuesta de la entidad.
  • Enero de 2014. Tras las reuniones convocadas por el Defensor del Pueblo andaluz con el objetivo de buscar una solución, Ibercaja abandona la mesa de negociaciones pero mantiene su programa de alquiler social. Las familias piden un alquiler en esas viviendas y la cesión de los locales comerciales.
  • 28 de enero. La juez decreta el desalojo forzoso de los vecinos de la corrala. Días después, la Junta solicita que se paralice para que las Administraciones negocien una salida.
  • 26 de febrero. La juez da la orden a la policía para que desaloje.
  • 5 de marzo. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla mantienen una reunión en la que deciden crear una comisión que estudie la alternativa para estas familias. Al día siguiente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo reclama a las Administraciones la solución que le va a ofrecer al colectivo.
  • 6 de abril. La policía desaloja el edificio. La Junta asume la reubicación de las familias.

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Sobre la firma

Antonio J. Mora
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Fue redactor en la delegación en Andalucía durante más de seis años y, actualmente, es portadista web. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de periodismo de EL PAÍS, también trabajó en Diario Sur e Infolocalia. En 2009, ganó el premio nacional Alma de Periodista.

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