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La Acadèmia defenderá su función frente a la ley de Señas de Identidad

La institución normativa del valenciano debatirá el día 27 una declaración El PP ha eludido consultar al organismo estatutario y no lo tiene en cuenta en la ley

Miembros de la AVL rinden recuerdo antes de una reunión a Pere Maria Orts, académico fallecido recientemente.
Miembros de la AVL rinden recuerdo antes de una reunión a Pere Maria Orts, académico fallecido recientemente.

La polémica Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, que el PP aprobará en las Cortes Valencianas en el último pleno de la legislatura con la oposición frontal de toda la izquierda parlamentaria, afecta a las competencias de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Así lo creen algunos de sus miembros, que han solicitado un pronunciamiento de la institución normativa del valenciano. Su junta de gobierno decidió el viernes incluir un punto en el orden del día del pleno del próximo 27 de marzo para debatir la aprobación de una declaración al respecto.

La declaración se producirá con la ley ya aprobada, dado que el orden del día del maratoniano pleno “escoba” de la Cámara autonómica prevé su debate el miércoles, día 25. Sin embargo, la institución que preside Ramon Ferrer considera que un eventual pronunciamiento tiene sentido tanto antes como después.

“Se olvida y margina” a órganos del Estatut, critica un documento interno

Desde una de las secciones de la Acadèmia, la de fomento y uso del valenciano, se ha elaborado un borrador y se ha venido solicitando su discusión en el pleno. El documento, que recoge las preocupaciones de una parte de los académicos, no tiene por qué convertirse textualmente en la declaración definitiva, pero señala los puntos más controvertidos de la ley. Considera “inaceptable”, por ejemplo, que no se haya consultado a la institución, cuyas funciones son “velar por el uso normal del valenciano y defender su denominación y entidad”. Añade que, “para más inri”, se ha dado audiencia para formular alegaciones al proyecto a entidades que públicamente han rechazado tanto la constitución de la Acadèmia como los acuerdos normativos de la misma, pese a que el Estatut d'Autonomia establece que “es la institución normativa del idioma valenciano”. El documento critica que la ley “no prioriza las funciones de los órganos estatutarios sino que los olvida y margina”. Haste el punto, añade, de que elude hacer referencia, no solo a la Acadèmia, sino también a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, “principal referente por lo que se refiere al marco legal de promoción y fomento” de lo que se considera “principal seña de identidad”. También critica que, cuando se alude a “la lengua valenciana y sus usos, de conformidad con la tradición histórica y popular”, la ley no cita ni las Normes de Castelló de 1932.

La critica a la Ley de Señas de Identidad es especialmente dura en lo que se refiere al artículo que aboga por defender “la individualidad” del valenciano respecto a “otras lenguas del Estado”. Advierte el documento que “se incide en aspectos de individualización de la lengua que olvidan formulaciones de mayor consenso filológico sobre la lengua propia que ya tienen categoría normativa, por pertenecer al articulado de leyes básicas de la política lingüística y por haber sido profundizadas en dictámenes de instituciones asesoras y normativas”, como el Consell Valencià de Cultura y la propia Acadèmia. Esos dictámenes “señalan como tradición histórica la conciencia de que el valenciano es una lengua compartida con otros territorios de la antigua Corona de Aragón”.

“Parece una prevaricación” que se actúe contra las normas de la AVL
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El documento recuerda que según la Ley de Creación de la AVL, sus decisiones “habrán de ser observadas por todas las instituciones de la Generalitat, por el resto de Administraciones Públicas, el sistema educativo y los medios de comunicación, las entidades, los organismos, empresas de titularidad pública o que cuenten con financiación pública”.

“Olvidarlo parece una prevaricación”, concluye el documento, “como lo es que se esté dando apoyo económico a entidades que no usan el valenciano normativo, algunas de las cuales se pretende integrar en el órgano consultivo que la ley crea”.

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