La corrupción se sube a la campaña

Por si el panorama nacional no había aportado los suficientes motivos para el enfado, razones de peso para desconfiar del poder político, y en consecuencia poner en cuarentena a los partidos mayoritarios, Euskadi se ha sumado a la fiesta. Las próximas elecciones de mayo se van a ventilar en el peor de los ambientes posibles en ese sentido, en un País Vasco que hasta 2015 había tenido casos en los juzgados, pero nunca un periodo de concentración de imputados y procesados en los diferentes niveles jurisdiccionales como los que tiene en la actualidad.

Los presuntos casos de corrupción e irregularidades, que han generado numerosas investigaciones y procesos judiciales, se han subido a la caravana electoral, y tiene pinta de que van seguir en ella hasta bien pasados los comicios municipales y forales de mayo, y seguir hasta después, incluso, de las elecciones generales de noviembre. Y eso que todavía el Fiscal Superior, Juan Calparsoro, no tiene en su mano el nombramiento del fiscal anticorrupción que tiene apalabrado. Una estructura fija podría abarcar más casos que llaman a su puerta pero que no se pueden mirar por falta de medios.

El último de los casos que se ha conocido se lleva la palma. El Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria encausó hace diez días a 26 personas —la mayoría de ellas vinculadas o pertenecientes al PNV en la época de los hechos investigados— por la presunta trama de corrupción que dirigía el ex número dos del PNV de Álava Alfredo de Miguel y que vincula a otros antiguos dirigentes y cargos institucionales del partido. ¿Cuál era el objetivo de la red, presuntamente corrupta? la obtención irregular de contratos públicos y el cobro de comisiones presuntamente ilegales.

El juez Ramos aprecia indicios de prevaricación, de omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento público y/o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

¿El dinero era para ellos o había terceros, personas físicas o jurídicas, o un partido político que se beneficiaba de ello? Eso lo tendrá que dilucidar el magistrado.

Para ese momento procesal ya se había colado el caso Hiriko —el fallido coche eléctrico— en las páginas de los periódicos. Un caso especial en el que la trama no mordía a emprendedores o empresas, sino directamente a los ciudadanos, aprovechándose del dinero público que entraba para la I+D de proyectos innovadores.

El Fiscal jefe de Vitoria, Josu Izagirre, y el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, después, aprecian indicios de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales contra los citados, a seis personas, la mayoría vinculadas también al PNV. Los procesados idearon, presuntamente, un plan para distraer fondos públicos en su propio beneficio o de terceros.

Pero quizás uno de los casos más sorprendentes, no tanto por su cuantía, como por su naturaleza fue el de los pagos irregulares de Kutxabank al que fuera delegado del Gobierno en el País Vasco, el socialista Mikel Cabieces. El actual presidente de la entidad, Gregorio Villalabeitia denunció ante la fiscalía a su predecesor en el cargo, Mario Fernández, —ya está en el juzgado— ante las sospechas de irregularidad en la firma de un contrato de prestación de servicios ilegal al no haber contraprestaciones. Los pagos ascendieron a cerca de 250.000 euros.

No son casos comparables, ni por las cuantías ni por la tipología de los presuntos delitos. Tampoco por los motivos que movieron a sus protagonistas a ponerlos en marcha, pero poco a poco han ido añadiendo un plus de enfado e indignación a los ciudadanos vascos.

A todos ellos su sumó en enero el de la sede del PP en Bilbao. Ese mes se conoció la existencia de un informe de la Intervención General —un organismo dependiente de la Hacienda estatal— en el que se apuntaba la existencia de supuestas irregularidades. El documento precisa que para pagarlo se utilizaron fondos de una contabilidad paralela llamada Sede Vizcaya que presuntamente se nutrió en parte de una cuenta de donativos que el partido mantuvo abierta entre 1998 y 2005 para dotar de seguridad privada a sus cargos públicos amenazados por ETA.

Al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, además de a otros, el Tribunal de Cuentas del Estado les ha pedido medio millón de euros de fianza por una presunta irregularidad en la firma de un contrato de alquiler que benefició, en contra de los criterios técnicos del ayuntamiento, a un empresario amigo. La ciudad iba a pagar tres veces el precio de compra del inmueble.

En este caso no se aprecia delito, como tampoco en la actuación de las diputaciones y el Gobierno en las Vacaciones fiscales, —de momento— que mermaron el dinero público en 30 millones de euros, por incumplir las sentencias comunitarias que obligaban a las instituciones forales a recuperar unas ayudas que concedieron en la década de los 90, y que según todos los tribunales europeos eran ilegales. Pero no dejan de ser casos en los que, al menos, ha habido una mala gestión de los fondos públicos que no debieran de pagar exclusivamente, una vez más, los ciudadanos. Y todavía hay más como las posibles responsabilidades que se deriven del caso Bidegi o el de Urchueguía.