Olivas, rodeado por los jueces

José Luis Olivas tocó casi todo el poder que se podía alcanzar en Valencia. Fue presidente de la Generalitat y presidente de Bancaja, uno de los grandes grupos financieros españoles. Hoy está imputado por los casos Bankia, Banco de Valencia y el de la ampliación de capital del Valencia CF. Le han impuesto una fianza solidaria de 800 millones. Y se sentará en el banquillo por una cuarta acusación de delito fiscal. Olivas está afectado, pero decidido a demostrar que es inocente. Está convencido de que su error fue "estar en el lugar equivocado en el momento equivocado", asegura una fuente muy próxima a él. Y cree que, de haberse retirado antes, sería visto como un "prohombre".

Olivas dirigió el Gobierno valenciano un año entre la presidencia de Eduardo Zaplana y la de Francisco Camps. Después de haber sido prácticamente todo en el PP de la Comunidad Valenciana y antes de aterrizar en Bancaja. Ahora procura ir en coche a todas partes para evitarse problemas. "Los amigos los puede contar con los dedos de una mano y le sobran", afirma otra fuente de su entorno. Tras salir de Bankia, la entidad en la que se integró la caja valenciana, intentó volver a su primera profesión, la de abogado. "¿Pero quién lo va a contratar? ¿Qué credibilidad va a tener un letrado delante de un tribunal con cuatro causas pendientes?", plantea la fuente.

A sus 63 años, Olivas es consciente de que genera animadversión en Valencia. Uno de los ámbitos donde el sentimiento es más intenso es el de los negocios. "El odio es doble", afirma una fuente de la alta clase empresarial. "Primero es alguien que venía de fuera, de la política, y tuvo un poder brutal a la hora de decidir inversiones y financiación. Pero a diferencia de Domingo Parra [ex consejero delegado del Banco, también imputado] no tenía formación bancaria. Y en segundo lugar, hizo perder mucho patrimonio a algunas de las familias burguesas valencianas más importantes". "Piensan que les engañó. Que él y Parra les decían que algo valía tres cuando valía uno".

El abogado de Olivas, Antonio Reyes, alega que como presidente "carecía de poderes ejecutivos" en el Grupo Bancaja. Otra fuente cercana al expresidente insiste en el mismo argumento: "Representaba institucionalmente a Bancaja y a Banco de Valencia y tenía un puesto en el consejo de administración, con un voto de calidad que nunca hizo falta". "Parece que era el único empleado cuando las cosas se aprobaban después de pasar por toda una serie de comités con 47.000 bendiciones previas" afirma.

Bankia y Banco de Valencia requirieron unos 28.000 millones de euros de ayudas públicas. Pero el antiguo jefe del Consell piensa que "casi todo" en ambos casos judiciales "tiene una explicación". La tesis de Olivas es que su situación responde a errores de otros. Del fondo de rescate bancario (FROB), el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los jueces.

Según su versión, la imputación por la ampliación de capital del Valencia CF carece de sentido y responde al deseo de "protagonismo" del denunciante, el abogado y pequeño accionista del club Andrés Sanchis. El letrado del expresidente recuerda que el juez llegó a archivar el procedimiento y que el fiscal ha criticado al denunciante por convertir el caso en una suerte de "Diógenes judicial" en el que encadena peticiones de diligencias para mantenerlo abierto.

También cree tener una explicación ante la acusación por fraude fiscal y falsedad documental por la que será juzgado próximamente. Según la Fiscalía, el empresario Vicente Cotino le pagó 580.000 euros por "un informe de tres páginas firmado por su esposa". El ministerio público sostiene que fue un negocio falso, o uno "que en ningún caso puede ser considerado gasto deducible" ante el fisco.

Olivas afirma que trabajó para Cotino negociando con Iberdrola y Endesa la venta de las participaciones que el empresario y Bancaja tenían en un proyecto eólico cerca de Segorbe. La operación reportó decenas de millones a Bancaja y Cotino. Y éste, afirma el expresidente, le pagó 580.000 euros como gratificación. El informe que menciona el fiscal en su escrito de acusación serían, según esta versión, "notas" que llevaba a sus reuniones con las eléctricas.

El expresidente de la Generalitat no cree que el hecho de haber actuado en la misma operación como presidente de Bancaja, consejero de Iberdrola y mediador de Cotino implique ninguna irregularidad. Tampoco ve extraño haber cobrado a través una sociedad de la que es propietario con su mujer. "No hubo dolo", insiste su defensa, "y se pagaron impuestos".