El PSPV rectifica y no se retira del debate de la Ley de Señas de Identidad
Compromís y EUPV dejan la comisión en la que el PP aprueba la polémica norma
El portavoz parlamentario socialista, Antonio Torres, lo anunció antes que nadie. “Nos borramos de la comisión porque no estamos para perder el tiempo”, dijo a los periodistas el pasado 20 de enero, al anunciar que su grupo defendería la devolución al Consell del proyecto de Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, mediante una enmienda a la totalidad en el pleno de las Cortes Valencianas, pero que renunciaría a presentar enmiendas parciales y no acudiría al debate en comisión de esta norma. Sin embargo, ayer el partido que lidera Ximo Puig fue el único de la oposición que se quedó en la sala, mientras los portavoces de Compromís y Esquerra Unida abandonaban la comisión en ese punto.
El diputado del PSPV-PSOE Rafael Rubio ejerció el turno en contra de las ocho autoenmiendas que el PP introdujo en su propio proyecto y que implican, entre otras cosas, el reconocimiento de la “capacidad docente” de la denominada Academia de Cultura Valenciana y de Lo Rat Penat, —entidades que propugnan el secesionismo del valenciano respecto del conjunto de la lengua catalana—, y la consideración de Lo Rat Penat como “institución consultiva de la Generalitat Valenciana en materia de patrimonio cultural”.
“Dijimos que no íbamos a participar”, recordó Rubio, que añadió: “Estamos aquí por respeto parlamentario”. Y arremetió contra el proyecto en respuesta al portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, que defendió la ley como “muy oportuna, muy necesaria y muy valenciana”. Según el portavoz popular, la ley “no va contra nada ni contra nadie” y el Observatorio de las Señas de Identidad que crea es un organismo “colegiado de carácter consultivo abierto a la participación de la sociedad”. Además de los representantes de la Generalitat, incluirá a los presidentes del Tribunal de las Aguas, el Patronato del Misteri d’Elx, de la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, de la Federació de Pilota, de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer, de Lo Rat Penat, la Acadèmia de Cultura Valenciana, la Federación de Folclore, la Federación de Sociedades Musicales y, gracias a una de las enmiendas aprobadas, también la Federación de Columbicultura.
Maluenda acepta encantado que un “blavero” como él presente el dictamen
Rubio negó el carácter consultivo de ese órgano, que calificó como un “tribunal de la Santa Inquisición”, y leyó el artículo que le otorga la capacidad de “iniciar el procedimiento” para desposeer de subvenciones de la Administración a quienes considere que son contrarios a las señas de identidad. Bellver le acusó de estar acusando a los presidentes de esos organismos de actuar como la Inquisición. Y Rubio replicó que esos presidentes “merecen todo el respeto” en sus ámbitos, pero nada tienen que hacer en un órgano como el mencionado observatorio. El diputado socialista recordó al PP que la Ley de Hacienda Pública establece cuándo y cómo se pueden quitar subvenciones y que el Consell nunca lo ha hecho. Tras negar que exista peligro alguno de “ruptura” del Estatut d’Autonomia, Rubio añadió: “Nosotros promulgamos la ley de símbolos y hemos votado dos estatutos. Ustedes no nos pueden dar ninguna lección”.
Bellver acusó a la oposición de falta de voluntad de llegar a acuerdos en temas importantes para la sociedad valenciana y dijo que los socialistas huyen del debate sobre las señas de identidad “en contra de la opinión y la voluntad mayoritaria de sus votantes”. Rubió insistió: “No vamos a refrendar esta ley. Estamos absolutamente en contra”.
Pese a la apelación de Bellver al carácter supuestamente “inclusivo” de la ley, que convierte al Observatorio en una especie de policía indentitaria para vigilar a los sectores críticos con ciertos prejuicios y tópicos valencianos, especialmente los relacionados con la lengua y los festejos taurinos, el diputado socialista insistió en que la norma busca “dividir a los valencianos en buenos y malos”. Una vez designado el presidente de la comisión, Rafael Maluenda, para presentar el dictamen ante el pleno de las Cortes del 25 de marzo, el veterano diputado popular dijo estar “encantado de que sea un blavero” el elegido para hacerlo.
Acercamiento en la transparencia
La Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat rechazó, con los votos del PP, sendas propuestas para que el expresidente Francisco Camps, que es diputado, compareciera a explicar su gestión en la organización de la Fórmula 1 en Valencia, bajo investigación judicial, y también el exconsejero Rafael Blasco, condenado por el fraude en las ayudas de cooperación.
En el debate de las enmiendas a la Ley de Transparencia, sin embargo, los populares buscaron la aproximación al pactar 29 enmiendas transaccionales y votar a favor otra veintena de enmiendas de la oposición. Esquerra Unida, la única formación que no enmendó el proyecto a la totalidad, remarcó, por boca de Esther López Barceló, que “el PP carece de credibilidad” para impulsar la ley. Como también hicieron Fran Ferri de Compromís, y Víctor Sahuquillo, del PSPV-PSOE, recordó las condenas por opacidad del Consell. Los populares introdujeron tres enmiendas a su texto, entre ellas la reducción de 50.000 a 25.000 del número de firmas para una iniciativa legislativa popular, medida prevista en el proyecto para regular las ILP que no llegará a aprobarse esta legislatura. Juan de Dios Navarro, del PP, calificó la de Transparencia como una “ley Full Monty” porque “deja al descubierto la gestión de la Administración”.
