La oposición forzará la vista del ‘caso San Antonio’ en el Tribunal de Cuentas

De una manera u otra, el Tribunal de Cuentas acabará celebrando la vista para evaluar si el equipo de Gobierno que dirigía en 2007 como alcalde el ahora ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quebrantó los intereses de los ciudadanos de Vitoria con un contrato de alquiler, excesivamente caro que firmó con el empresario Gonzalo Antón. 

El Tribunal de Cuentas del Estado ya ha impuesto una fianza de algo menos de medio millón de euros a Alonso y al resto de miembros de aquella corporación, incluido el actual alcalde que entonces era el concejal de Hacienda, Javier Maroto, al entender que el contrato de alquiler que firmaron, blindado para 20 años y con un precio de metro muy por encima de lo que recomendaban los informes municipales, generó un “perjuicio” injustificado a las arcas municipales.

Alonso y Maroto firmaron un pacto para 20 años que iba a costar al Ayuntamiento, entre el alquiler y las obras de adecuación, un total de 7,6 millones de euros cuando el local había sido comprado por Anton, unos meses antes, por 2,7 millones de euros.

El pleno del Ayuntamiento con el apoyo de todos los grupos salvo el PP —que se abstuvo—, aprobó este miércoles un acuerdo ejecutivo para pedir al Tribunal de Cuentas del Estado que abra un juicio contable contra Alonso, pero fuentes de la institución dudan de que sea suficiente para activarlo si el actual equipo de Gobierno no lo ratifica y presenta. Ante esa duda el PNV y posiblemente el resto de los partidos se personen en la causa contable ejerciendo por vez primera la acción pública ante el citado tribunal.

EH Bildu dice que se va a personar en la causa en el Tribunal de Cuentas

Si la fiscalía no solicita la apertura de ese juicio, el equipo de Gobierno lo evita, y el acuerdo ejecutivo del pleno es insuficiente, los partidos se personarán en Madrid apelando a esa figura —acción pública contable— para exigir ante dicho órgano que se establezca la responsabilidad contable en que hubieran podido incurrir el ahora ministro y su corporación.

Los partidos de la oposición desconfían de que el equipo de Gobierno quiera aclarar el asunto, pese a que el alcalde, Javier Maroto, dijo en el Parlamento vasco la pasada semana que ese era su objetivo.

El responsable de la campaña electoral del PP en Álava, Iñaki Oyarzabal, aseguró este miércoles que “no existe un caso San Antonio”, después de utilizar el argumento de que en ese asunto no hay ningún delito en juego, sino en todo caso una irregularidad contable. Y el propio grupo municipal del PP y la alcaldía subrayaron que el acuerdo del pleno extraordinario de ayer no puede tener ni carácter ejecutivo ni vinculante.

A esas dos posturas se suma la del propio Maroto. Previamente al debate en el pleno, el actual alcalde aseguró que no tiene “nada de lo que arrepentirse” por el contrato de San Antonio, un documento que, volvió a reiterar, se firmó en defensa del “interés general”.

El PP responde que ellos no tienen tramas corruptas como el PNV

El pleno acabó convirtiéndose en un cruce de reproches. El portavoz municipal del PNV, Gorka Urtaran, destacó que “el PP es el partido con más casos de corrupción de España”, tras lo que recordó la existencia de informes policiales y judiciales sobre la presunta utilización de “dinero negro” y de aportaciones ciudadanas para la protección de concejales amenazados por ETA en el pago de la sede del PP de Euskadi. El portavoz municipal de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, reprochó al PP que no tenga interés en esclarecer lo ocurrido con este polémico contrato, y exigió “tolerancia cero” con la corrupción.

En ese sentido la coalición soberanista anunció que como una última red de seguridad para garantizar el proceso, se va a personar en el tribunal. Según dijo su portavoz, han tomado la decisión para evitar el “expolio” que los dirigentes del PP están cometiendo en la ciudad, y después de consultarlo con sus servicios jurídicos.

Los socialistas también creen que si el Ayuntamiento no empuja la causa en el Tribunal de Cuentas hay un “99,9 % de probabilidades” de que se archive, y eso es lo que quiere el PP”, dijo el ex alcalde socialista, Patxi Lazcoz, quien censuró la gestión municipal de Alonso y Maroto. A renglón seguido aludió a la existencia de un vídeo de un acto del PP que demostraría que el actual ministro de Sanidad conocía a El Bigotes, el supuesto número dos de la trama corrupta Gürtel. El PSE facilitó después una imagen extraída del vídeo en la que una persona que parece ser Álvaro Pérez, El Bigotes, se encuentra detrás de Alonso.

La concejal del PP Ainhoa Domaica respondió que el PP de Álava no tiene a ningún “cargo o excargo en tramas de corrupción”, como el PNV en el caso De Miguel.