Sobredosis de leyes en el último pleno
Una buena parte de las normas aprobadas en las Cortes Valencianas han sido decretos convalidados relacionados con recortes y reducción del sector público
Las Cortes Valencianas han aprobado hasta ahora, durante la octava legislatura que está a punto de concluir, 42 leyes, pero 15 de ellas son convalidaciones de decretos relacionados con los recortes y la reducción del sector público. Otras son las habituales de presupuestos y acompañamiento. Al PP valenciano le dio tiempo de aprobar en julio de 2012 una nueva ley del Estatuto de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y otra en noviembre de 2013 para cerrar esa misma cadena pública, en la más polémica de las decisiones del Gobierno de Alberto Fabra.
La más relevante de las normas aprobadas ha sido, sin duda, la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobada el pasado julio, que simplifica la maraña urbanística valenciana. Enmarcada dentro del plan Sirca (simplificación y reducción de cargas administrativas) está también la Ley de Salud, que ha agrupado todas las normas sanitarias pero que, a diferencia de la anterior, salió adelante con duras críticas de la oposición.
“Simplificar la Administración pública y hacerla más próxima al ciudadano” ha sido la intención del Consell y del grupo que le da apoyo, según ha destacado reiteradamente el portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, que también ha insistido en que los populares, que disponen de mayoría absoluta en la Cámara, no han contado con el apoyo de la oposición para hacer frente a la crisis.
En una legislatura en la que ha habido muchos plenos sin leyes a debate, se amontonan las normas de última hora para el pleno que la cerrará, previsto para el 25 de marzo y que, previsiblemente, durará tres días. La incertidumbre electoral parece haber activado en el PP, que ve peligrar seriamente el poder que ha copado durante dos décadas, la necesidad de dejar una determinada herencia legislativa a quienes gobiernen tras las elecciones del 24 de mayo.
No menos de nueve leyes, casi la cifra de las que se aprueban en un año, se debatirán en ese “pleno escoba” de la legislatura.
Algunas de esas normas son tan significativas como la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, cuya entrada en vigor afectará a un Consell y un Parlamento bastante distintos del monocolor que ha primado los últimos años y que ha sido condenado decenas de veces por denegar información a los diputados de la oposición. Otras resultan tan idiosincráticas como la Ley de Señas de Identidad, que crea un organismo para señalar y, eventualmente, desposeer de subvenciones públicas a las asociaciones que no compartan el entusiasmo de la derecha valenciana por ciertos prejuicios lingüísticos y festejos taurinos.
El maratoniano pleno de final de marzo incluirá en el orden del día la adaptación de la nueva Ley de Cajas de Ahorros; la ley de Cámaras de Comercio; la de Participación y Colaboración de Organizaciones Sindicales y Empresariales; la convalidación del decreto-ley de horarios comerciales que otorgará mayor discrecionalidad a los ayuntamientos, y una ley exprés (tramitada por lectura única) para que se establezca una cuota en las policías locales reservada a militares profesionales que ha levantado ampollas en el sector.
También se debatirá la iniciativa legislativa popular para la creación de un nuevo servicio público de RTVV. O lo que queda de ella. Hasta los promotores de esa ILP han pedido que se suspenda su tramitación porque, pese a haber sido la primera iniciativa de este tipo admitida a trámite en las Cortes Valencianas, el PP la ha enmendado y la ha dejado irreconocible.
Un proyecto de ley para regular precisamente la Iniciativa Legislativa Popular, reduciendo los requisitos y facilitando su defensa, previsiblemente decaerá, ya que no se ha producido el debate de las enmiendas a la totalidad necesario para que las enmiendas parciales se discutan en comisión y llegue el texto al pleno. En la misma situación se encuentra el proyecto de Ley de Pesca Continental y Deportiva.
Sí que se debatirán las proposiciones de ley pendientes, entre las que figura la reforma que propone el PP del Reglamento de las Cortes para permitir que ciudadanos, representantes de asociaciones y alcaldes puedan intervenir en comisiones parlamentarias. El último pleno antes de que Fabra disuelva la Cámara y convoque formalmente las elecciones aprobará, por otra parte, las conclusiones de la comisión de estudio sobre el fracaso escolar y de la comisión de investigación sobre la intervención de la CAM. Esta última, vigente desde el inicio de la legislatura, está convocada el día 12 para elevar sus conclusiones al pleno de la semana siguiente.
La de la CAM y la del caso Emarsa, cuyo cierre se precipitó en 2012 para exculpar a la Generalitat en el saqueo millonario de la depuradora de Pinedo mediante unas conclusiones posteriormente desmentidas por la investigación judicial, son las únicas comisiones de investigación que el PP ha aceptado crear durante una legislatura marcada por los escándalos de corrupción. Para tratar de esclarecer esos escándalos, la oposición, formada por el PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida, ha solicitado sin éxito más de 200 comisiones de investigación, ha presentado unas 16.0000 solicitudes de documentación y más de 50.000 preguntas por escrito al Consell.
Fabra renuncia a su reforma electoral
“Vamos a ponerles delante del espejo”, retó el presidente del Consell, Alberto Fabra, a la oposición en octubre al anunciar que llevaría a las Cortes Valencianas, en el último tramo de la legislatura, una reforma del Estatut d’Autonomia que, en realidad, era una reforma electoral. Convertida, en efecto, en un proyecto de reforma estatutaria, no llegará a debatirse. La razón es que su aprobación era imposible. La oposición ya advirtió, y lo ratificó después al negarse a participar en una comisión de estudio sobre la reforma del Estatut creada unilateralmente por el PP, que no estaba dispuesta a discutir la reducción de 99 a 79 del número de diputados y la elección directa de un tercio de ellos en circunscripciones de un solo escaño. Medidas que beneficiarían claramente al partido mayoritario.
La reforma del Estatut, que exige una mayoría cualificada de dos tercios en las Cortes Valencianas, habría corrido la misma suerte que otros proyectos del Consell que también exigían para su aprobación mayorías de tres quintos de la Cámara y han sido rechazados. Si el Gobierno de Fabra logró sacar adelante el recorte del Comité Económico y Social, pactado con los socialistas, fracasó en los intentos de recortar el Consell Jurídic Consultiu y el Consell Valencià de Cultura, así como el de desmontar el pacto que dio lugar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua para controlarla políticamente al volver a constituirla de nuevo.
