Gobierno y Xunta intentan revivir el puerto seco de Vigo con 16 millones
El polígono sigue a monte tras 100 millones de gasto y 15 años de trámite La Administración aún debe dinero a los vecinos que fueron expropiados
Tres presidentes han pasado por la Xunta y otros tantos por el Gobierno estatal desde que en el año 2000 se anunció que se iba a levantar al sur de Vigo el polígono industrial definitivo, solución a todos los problemas de infraestructuras portuarias y foco vital de desarrollo. Era la denominada Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan). Quince años y 100 millones de euros después el polígono sigue a monte. Las tres Administraciones promotoras —Xunta, Autoridad Portuaria de Vigo y Zona Franca— firmaron el miércoles un convenio para insuflar vida al proyecto con otra millonada, de nuevo con lío: hay un desfase de casi 20 millones entre la inversión de 36 millones que anuncia Fomento y la de 16 de la Xunta.
La tramitación de la Plisan ha sido un proceso desquiciado que tropezó ya en el arranque, con unas expropiaciones basadas en un catastro desfasado que dio pie a centenares de litigios, en un área con más de 5.000 fincas, que todavía hoy no se han resuelto plenamente. Se han pagado en este concepto, con todo, unos 45 millones de euros, susceptibles de aumentar considerablemente cuando se abonen los derechos mineros, 7,7 millones que la Xunta se avino a aportar (durante el bipartito de socialistas y nacionalistas) y después combatió (con la primera victoria del popular Alberto Núñez Feijóo, en 2009) para recular un año después, acuciada por la urgencia para que la multinacional Mitsubishi se asentase en el área. Los japoneses no llegaron y el pago tampoco. Sí se gastaron 20 millones en movimientos de tierra y 22 en una autovía de conexión que permanece cerrada.
Baile de millones
Fomento informó el martes que el coste de los nuevos trabajos de urbanización de la Plisan costarán en total 36 millones de euros, una cifra distinta a la que calculaban las otras dos Administraciones implicadas. “En estos momentos lo que está adjudicado es la redacción de proyecto de urbanización, lo demás es ir a la bola de cristal”, indica un portavoz de la Zona Franca, dependiente del Ministerio de Hacienda y propietaria del 21% de los terrenos, frente al 61% de la Autoridad Portuaria y el 18% del Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Consellería de Infraestruras. “Puede que el ministerio haya computado otras cosas”, señalan desde el consorcio vigués.
La Xunta ofrece otra posible explicación: los 36 millones serían el coste de la urbanización en su conjunto, con la denominada área de actividades empresariales. No es lo que indicó Fomento en una nota de prensa que se refería específicamente a la primera fase. El ministerio no respondió ayer a la petición de explicaciones sobre estas diferencias. Los 36 millones sí coinciden con lo que había estimado en su día el bipartito. Todas las Administraciones aseguran que tienen consignación presupuestaria suficiente para que la obra empiece este año.
Súmese a la ecuación la sentencia del Tribunal Supremo que declaró en 2010 que la tercera parte de las 400 hectáreas de terreno ocupaban suelo de protección forestal. La más perjudicada por el fallo fue la Zona Franca, a la que correspondía el grueso de la zona anulada. Así que las partes acordaron recientemente recuperar el régimen de condominio, tras dos años de negociaciones, y adaptar el plano a la nueva situación sin una nueva evaluación ambiental estratégica, decisión que los propietarios también llevaron a los tribunales. Los expropiados blanden, además, un criterio de la jurisprudencia según el cual la superficie perdida conlleva un aumento del 25% del justiprecio abonado inicialmente, con consecuencias nuevamente millonarias.
Los propietarios se mostraban mediado el año pasado razonablemente confiados en alcanzar un acuerdo para poner fin al meollo judicial. Nueve meses después, el diagnóstico es más sombrío. “Desde el año pasado no hemos vuelto a saber. Ahora parece que [las Administraciones implicadas] quieren volver a reunirse con nosotros. Será que es año electoral. Los tribunales les van a dar con los morros y que sea lo que dios quiera”, se cura en salud Alejandro Rodríguez, portavoz de los afectados por el proyecto.
Ajena al vaticinio, la ministra de Fomento, Ana Pastor se reunió el miércoles en Vigo con la conselleira de Infraestruturas del Gobierno gallego, Ethel Vázquez. Estaban también el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, y la responsable de la Zona Franca, Teresa Pedrosa. Todos firmaron la vuelta al condominio y anunciaron el “relanzamiento” de la Plisan con el proyecto para urbanizar la primera fase de los sistemas generales, que incluyen de nuevo los temidos movimientos de tierras, así como canalizaciones, tratamiento y captación de aguas, así como la conexión a la red eléctrica.
El Ministerio de Fomento calculó la inversión —que todavía está en la fase de redacción del proyecto— en 36 millones de euros. Un mes antes El Gobierno gallego había calculado el coste de estos nuevos trabajos en 16 millones, 20 millones menos. El proyecto agota estos días el trámite de alegaciones al documento ambiental.
