CiU y ERC aguan las ‘estructuras de Estado’ para salvar los Presupuestos
Mas y Junqueras rebajan su plan tras el dictamen de Garantías Estatutarias
CiU y Esquerra intentarán hoy sortear en el Parlament el informe del Consejo de Garantías Estatutarias que dictaminó que cinco de las seis “estructuras de estado” que impulsan son contrarias a la Constitución y no tienen tampoco amparo en el Estatuto. Los dos socios, que basaron parte de su acuerdo en los Presupuestos en ese capítulo, han modificado sus propuestas para que no transgredan el marco legal. La fórmula elegida ha sido la de renunciar a los proyectos de ley y suplirlos por planes directorios, inventarios o catálogos. El Ejecutivo solo elaborará, en cinco meses, un anteproyecto de ley de la creación de la Agencia Catalana de la Protección Social, salvaguardada por el órgano consultivo.
El Parlament aprobará esta mañana los dos dictámenes sobre el proyecto de ley de Presupuestos y el de la Ley de Acompañamiento, donde se dará luz verde al fondo de 11,5 millones de euros para la Agencia Tributaria y los 88,5 para gasto social. Por la tarde, se discutirán las enmiendas. La más controvertida era la que instaba al Gobierno a elevar al Parlament en tres meses un proyecto de la Ley Tributaria de Cataluña para regular los procedimientos de “gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos soportados en Cataluña”. El órgano consultivo dictaminó que la Generalitat no puede legislar sobre los tributos cedidos por el Estado y consideró que era contrario a la Constitución y que no tenía amparo en el Estatuto. La propuesta de CiU y ERC queda ahora diluida: proponen que el Gobierno apruebe en cinco meses un Plan Director de la Administración Tributaria que deberá implementar en un año.
Esta fórmula se aplica en el resto de estructuras cuestionadas en el informe. Por ejemplo, los dos socios pactaron modificar en tres meses la Ley del Patrimonio de Cataluña para prever “el mecanismo de inventario, división y reasignación de bienes de las administraciones”. Es decir, hacer un inventario, de acuerdo con la Convención de Viena, por si el 27-S vence la opción secesionista. El informe avisa de que la iniciativa no se ajusta a la Carta Magna porque España no ha ratificado esa convención y porque los únicos bienes que le corresponden a la Generalitat son los propios de su sistema institucional (autonómicos y locales). El artículo que se aprobará hoy insta solo al Gobierno a elaborar en seis meses “un inventario del patrimonio de activos y pasivos de las Administraciones públicas de Cataluña y su valoración”.
El cambio de las enmiendas
- El Gobierno iba a hacer en tres meses la Ley Tributaria de Cataluña. Ahora, dispondrá de cinco meses para presentar un plan director que estará implementado en un año.
- El plan era modificar en tres meses la Ley del Patrimonio para hacer un inventario de bienes y pasivos con el Estado. La nueva enmienda indica solo que el Gobierno hará un inventario en seis meses.
- El Ejecutivo iba a presentar en seis meses un proyecto de ley de infraestructuras críticas y que disponía de un año para hacer un catálogo de las infraestructuras estratégicas. Ahora, tendrá un plazo de nueve meses para hacer ese catálogo.
- El Gobierno iba a presentar un proyecto de ley de modificación de la Autoridad Catalana de la Competencia para prever una eventual asunción de funciones de acceso a la red de energía, las telecomunicaciones y el transporte ferroviario. Ahora, en cinco meses deberá elaborar un plan directorio.
- El Consejo de Garantías estatutarias vio no ajustado a la Constitución que el Gobierno elaborara un proyecto de ley sobre seguridad nuclear pero en este capítulo los dos socios no han modificado la enmienda.
Las modificaciones revelan que CiU y ERC han rebajado sus pretensiones pero Francesc Homs, portavoz del Ejecutivo, no lo vio así. Visiblemente irritado, acusó a los periodistas de no haberse leído el informe y subrayó que no pensaban incumplir la ley. CiU y ERC pactaron las enmiendas pero Convergència intenta ahora sacudirse la responsabilidad. “Hay que hacer las cosas bien hechas”, afirmaron en CiU.
La oposición cargó ayer con dureza contra las enmiendas pactadas por CiU y Esquerra. El socialista Maurici Lucena calificó las enmiendas originales de "patinazo" y pronosticó que las actuales “serán humo” y no se aplicarán en esta legislatura. Enric Millo, portavoz popular, fue más allá y acusó a los dos socios de "mofarse" del Consell de Garanties y ha advertido de que su partido utilizarán todos los mecanismos a su alcance para que no se gaste ni un euro en crear estructuras de Estado. No precisó, sin embargo, si se plantean recurrir al Tribunal Constitucional.
"Queda claro que CiU y ERC están dispuestos a saltarse a la torera el contenido de ese dictamen y han decidido hacer trampa estafando a este Parlament", afirmó el popular. La portavoz de Ciutadans, Carina Mejías, acusó a los soberanistas de intentar "colar" su planes "por la puerta de atrás". Y ha las estructuras de Estado y avanzó que si el Gobierno central decide llevar las enmiendas ante el Alto Tribunal contará con el apoyo de C's.
Frente a esta visión, el diputado de la CUP Quim Arrufat afirmó que no ve en las enmiendas instrumentos de construcción de estado y ha avisó que el debate esconde "una operación en marcha" en los Presupuestos para privatizar servicios públicos. "No permitiremos que unos y otros nos confundan porque CiU y ERC no van a construir en seis meses unas 'estructuras de estado' que han sido incapaces de hacer en dos años, y porque el PP intenta hacer pivotar el debate presupuestario en esta cuestión, cuando lo trascendente es que son unos presupuestos pensados para seguir privatizando servicios públicos".
