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Greenwich exige 92,8 millones a la Generalitat por el puerto de Altea

El Consell homologó la declaración ambiental del fallido proyecto, que los tribunales tumbaron

Obras en el puerto de Campomanes de Altea
Obras en el puerto de Campomanes de Altea

La mercantil Marina Greenwich, responsable del fenecido proyecto de ampliación y gestión del puerto deportivo de Altea, reclama 92,8 millones de euros a la Generalitat por el lucro cesante y el perjuicio ocasionados tras las sentencias judiciales que declararon nula la adjudicación de esta iniciativa urbanística. La promotora vio cómo se iba al traste su ambicioso proyecto en la costa norte alicantina después de haber conseguido todos los permisos administrativos y una polémica declaración de impacto medioambiental.

La representación legal de la sociedad pidió el pasado 17 de febrero la ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano en 2010, confirmada por el Supremo en 2013. La anulación del proyecto era imputable a la propia Administración. La sentencia condena a la Generalitat a liquidar la concesión tras dar alas a la empresa para doblar el número de amarres, de 542 a 1.089, con un informe medioambiental que no se correspondía además con el proyecto presentado, sino con uno similar que fue sometido a información pública al principio.

Marina Greenwich lleva cerca de un año reclamando a la Generalitat los daños y perjuicios en la fracasada ampliación del conocido antiguamente como Puerto de Campomanes. De acuerdo con un estudio económico de la empresa Deloitte Advisory, el lucro cesante supera los 73 millones de euros. A esta cantidad habría que añadir distintas partidas, entre ellas los 8,9 millones en obras que ya no podrá recuperar la empresa o el casi millón de euros gastados en avales durante la tramitación. De igual modo, reclama los 360.000 euros al Gobierno español por el aval para garantizar la estabilidad de las playas de esta ciudad de la Marina Baixa.

El Gobierno valenciano concedió en el año 2004 la gestión por 30 años de 240.058 metros cuadrados de este enclave, de los cuales 35.526 metros correspondían a 542 amarres y 21.000 a locales comerciales. La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (hoy Infraestructuras, Medioambiente y Territorio) había homologado un año antes una polémica declaración de impacto medioambiental para un proyecto que desde sus inicios en 1999 ya fue combatido por asociaciones conservacionistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena y grupos locales. El proyecto fue polémico incluso entre la ciudadanía y los ecologistas llegaron a recoger en una sola tarde 1.000 firmas en el paseo de esta pequeña y emblemática localidad alicantina de casas blancas.

Con todos los permisos listos, la firma vio cómo su obra se iba al traste

Los ecologistas llevaron el asunto a los tribunales. Las nuevas escolleras previstas afectaban no solo a playas, también a más de 40 hectáreas de una de las praderas mejor conservadas en la costa española de posidonia oceánica, una planta protegida por la normativa autonómica y europea: conforma una suerte de bosque marino donde se desarrolla la vida acuática.

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Ante semejante obstáculo ecológico, la Generalitat permitió el proyecto al amparar una declaración de impacto medioambiental nunca vista hasta entonces en el Mediterráneo para una extensión tan enorme. Aceptaba el daño que iba a producirse y pretendía imponer como medida compensatoria, el trasplante de las matas marinas a otra localización, lo que se probó inviable un año después.

El sector de la naútica observaba con atención esta experiencia en la costa de Altea ante las posibilidades que podía representar el trasplante de semejante área de bosque marino para futuras iniciativas privadas. El área comprendida entre Dénia y Alicante es la que concentra más puertos deportivos en la Comunidad Valenciana, según Ecologistas en Acción.

La iniciativa de Marina Greenwich se coció al calor de una supuesta demanda de amarres en un contexto económico boyante que con el estallido de la crisis se volvió ilusoria. Como ejemplo, una sentencia judicial de 2010 permitió a la Marina Deportiva de Alicante retirar 40 yates por el impago de amarres.

El puerto de Luis Campomanes, a tres kilómetros de la villa costera, se rebautizó con su actual nombre al ser la única marina en el mundo atravesada por el meridiano de Greenwich. En un enclave delimitado por la sierra de Bernia, la Punta del Albir y el morro de Toix, accidentes que conforman la bahía, la Marina Greenwich se anuncia como un lugar exclusivo. En su página web se promociona como un espacio de “lujo y distinción”, cercano a campos de golf y con tiendas, restaurantes y servicios de inmobiliaria a unos metros de los pantalanes donde pueden atracar embarcaciones con esloras de hasta 30 metros.

El anuncio recuerda la exuberancia de otros tiempos: el campo de golf cercano apenas se regó este verano por la sequía y porque las urbanizaciones de lujo, entre otros factores, agotaron los acuíferos de la zona. Y el escenario que ofrece hoy el espacio donde se iba a ampliar el club náutico es el de una obra inacabada. La ampliación del puerto de Altea la paralizó la Dirección General de Costas en 2006 y las sentencias, tanto del TSJ como del Tribunal Supremo, no reclamaron la restauración.

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