Dimite el coordinador de Seguridad por el ‘caso del pequeño Nicolás’

El número dos de la concejalía madrileña de Seguridad y Emergencias, Emilio García-Grande, ha dimitido este jueves tras conocerse que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, Arturo Zamarriego, le ha citado como imputado para declarar el próximo 17 de abril dentro de la investigación sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el pequeño Nicolás. El gobierno municipal que preside Ana Botella (Partido Popular) había evitado en un primer momento apartarle del cargo, por considerar que no ha sido acusado por el juez de ningún delito.

En su providencia, fechada el 24 de febrero, el magistrado solicita a Telefónica el tráfico de llamadas y mensajes, así como los datos de titularidad, de seis números de teléfono desde hace un año hasta ese mismo día. Además, pide a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria toda la información disponible sobre Gómez Iglesias referida al año 2012; y a la Asociación Española de Banca Privada, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, una relación de las cuentas y productos financieros de Gómez Iglesias. Por último, pide información a una periodista para averiguar si existen dos documentos nacionales de identidad (DNI) a nombre de Gómez Iglesias.

Gómez Iglesias está siendo investigado por ocho supuestos delitos; en caso de ser condenado, podría enfrentarse a penas de entre cinco y 15 años de cárcel. El que afecta al Ayuntamiento de Madrid (al que se le ofrece personarse en la causa) es el de cohecho impropio. Además de Emilio García-Grande, el magistrado ha imputado a los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos, y al guardia civil Francisco Javier Sánchez López.

El sumario judicial incluye mensajes de texto entre Gómez Iglesias y los otros cuatro imputados, de los que se deduce que podrían haberse cometido estas actividades ilícitas: revelación de secretos, falsificación documental, estafa, usurpación de funciones públicas y estado civil, cohecho, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.

En concreto, los cuatro imputados podrían haber ayudado a Gómez Iglesias en tareas de escolta (al margen de los cuerpos de seguridad para los que trabajan) o proporcionándoles información sobre matrículas y número de teléfono. A cambio, este podría haberles pagado.

En el momento de su detención, en octubre, la Policía Nacional estimó que Gómez Iglesias había falsificado varios documentos del Centro Nacional de Inteligencia y de la Vicepresidencia del Gobierno. Además, se le acusa de usurpación de funciones por haberse hecho pasar presuntamente por empleados de estos dos organismos para intentar hacer negocios.

Más adelante, se abrió otra pieza por un presunto delito de falsedad, al tener supuestamente dos DNI con los mismos datos pero fotos diferentes (sobre eso pide cuentas el juez a la periodista citada a declarar). La otra foto corresponde al parecer a Álvaro de Pedroso Moro; el acusado pudo usar ese DNI para presentar a Pedroso al examen de Selectividad haciéndose pasar por él.

Se acusa además a Gómez Iglesias de un presunto delito de estafa en grado de tentativa, por haber recibido supuestamente del empresario Javier Martínez de la Hidalga la cantidad de 25.000 euros por una operación inmobiliaria que no llegó a producirse; Martínez llegó a demandar a Gómez Iglesias, pero luego retiró la denuncia.

Además, sobre Gómez Iglesias pesa un supuesto delito de obstrucción a la justicia y otro de falsedad en documento público por simular una compraventa de acciones con el empresario Arturo Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.