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Los peritos de los ERE dicen que la Junta ocultó datos a la Unión Europea

La Administración andaluza entrega al juzgado información que, según los interventores, demuestran las supuestas irregularidades

El País

Los peritos de la Intervención General del Estado afirmaron este jueves ante la juez Mercedes Alaya que la Junta ocultó información a la Comisión Europea en una ayuda de 4,5 millones concedida a la empresa malagueña A Novo Comlink, dedicada a las telecomunicaciones. En la segunda jornada de su declaración, los peritos respondieron tras preguntarles la juez del caso de los ERE, que la Junta envió información “incompleta y sesgada” a Europa para hacer ver que la ayuda era de carácter individual para cada trabajador cuando en realidad estaba destinada a una empresa, lo que evitaba tener que devolverlas.

La normativa comunitaria impide que los estados concedan ayudas directas a empresas porque las sitúan en una posición de ventaja respecto a otras compañías, apuntaron fuentes presentes en la declaración de los peritos.

Los servicios jurídicos de la Junta elaboraron un informe respecto a esta ayuda en el que presentaban alegaciones avalando la ayuda. Los peritos precisaron el folio de las actuaciones judiciales de los ERE en el que se recogía esa ayuda a la empresa, ubicada en el Parque Tecnológico de Málaga.

Mientras, este jueves la Junta entregó al juzgado a través de sus abogados información que según los peritos demuestran las supuestas irregularidades en el empleo de transferencias de financiación. Los letrados aportaron las memorias que acompañaban las propuestas de acuerdo para elaborar los informes de control financiero permanente que llegaban al Consejo de Gobierno entre 2005 y 2007.

En el primer día, los peritos dijeron que el Consejo de Gobierno andaluz conocía las supuestas irregularidades que se producían en la concesión de los ERE a través de las transferencias de financiación y apuntaron que el Parlamento andaluz era imposible que lo supiera porque disponían de información “errónea y confusa”.

Los peritos apuntaron que la ausencia de esta regulación y el uso inadecuado de las ayudas lo conocían, además del Consejo de Gobierno, la Intervención General de la Junta, las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda y el consejillo al que acudían los viceconsejeros y que se celebraba antes de los consejos de Gobierno. Además, definieron el sistema de abono de los ERE como “fraudulento”.

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