Blasco intenta evitar la prisión con un último recurso ante el Supremo

El Tribunal Supremo verá este miércoles en una vista pública los recursos contra la sentencia que condenó a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta al exconsejero Rafael Blasco por desviar ayudas a la cooperación al desarrollo. En el mismo juicio fueron condenadas otras ocho personas. Todos ellos apelaron al alto tribunal solicitando la anulación del fallo. Fiscalía Anticorrupción y la Generalitat lo hicieron para elevar las penas de algunos condenados, pero no para Blasco. La acusación pública pidió en el juicio que el exdirigente fuera condenado, entre otros delitos, por dos falsedades. El Tribunal Superior valenciano lo condenó por una falsedad continuada, lo que lleva aparejado menos pena, y la Fiscalía decidió finalmente no pedir en casación que se aumentara la condena para él.

El recurso al Supremo es la última bala del exconsejero y exportavoz del PP en las Cortes Valencianas para evitar la prisión. Si la casación es rechazada, aunque solicite el indulto tendrá que ingresar en prisión porque la pena los cuatro años, el límite que suele conllevar la suspensión de la ejecución mientras el Gobierno resuelve la petición de la medida de gracia.

La condena fue dictada en la primera pieza separada del llamado caso Cooperación, limitada a la apropiación de 1,8 millones de ayudas de la Generalitat destinadas a proyectos en Nicaragua. Blasco y otros cinco altos cargos de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, además de algunos empresarios y sus empleados, están imputados en otras dos piezas de la causa. Otro juzgado investiga, además, al exconsejero por posibles irregularidades cuando era el titular de Sanidad.

Blasco alega en el recurso que se violaron sus derechos como aforado (como miembro del Gobierno valenciano y diputado) al ser investigado por una juez ordinaria en lugar de por un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. El exdirigente alega que fue grabado ilegalmente. Según su versión, los pinchazos telefónicos que oficialmente tenían como objetivo al empresario y codirector de la trama Augusto César Tauroni buscaban en realidad cazarlo a él.

Blasco alega que la Generalitat actuó primero como defensa y después como acusación

En el recurso se alega también que la Abogacía de la Generalitat actuó inicialmente como defensa y más tarde como acusación, tanto en el proceso penal como ante el Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía y la Generalitat pretenden que la pena para el exconsejero se eleve a 14 y 11 años de prisión, respectivamente, por los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad en documento oficial.

Un portavoz del Supremo indicó que los magistrados pueden avanzar el resultado de los recursos al término de la vista. Aunque es una potestad de la que no siempre hacen uso y que es menos probable cuando, como en esta ocasión, hay nueve recursos de condenados y dos de acusaciones, lo que puede requerir matices en la respuesta del Supremo.

La coordinadora valenciana de ONGD ha pedido al alto tribunal una "sentencia ejemplarizante" en este caso.