Cinco diputados cobrarán 14.000 euros por asistir a cuatro plenos

Las dimisiones de Tomás Gómez, exsecretario del PSM, Maru Menéndez y Rosa Alcalá como diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid tras la crisis que ha afectado al partido, y de Tania Sánchez y María Espinosa por la renuncia de la primera como candidata autonómica de IU a causa de sus diferencias con la dirección regional, provocó la semana pasada el debut de cinco parlamentarios que solo tendrán de margen hasta mediados de marzo para ejercer su labor en la Asamblea regional. Con solo tres plenos por delante hasta el final de la actividad en la Cámara, previsto para el 19 de marzo, cobrarán por su labor un mínimo de 3.503 euros brutos mensuales hasta la celebración de las elecciones autonómicas el 24 de mayo (un total de 14.012 euros). Exactamente igual que el resto de diputados (son 129: 72 del PP, 36 del PSM, 13 de IU y 8 de UPyD). Como sus colegas, en este tiempo contarán con móvil y ordenador propio, un abono transporte C2 (cubre toda la región) y una tarjeta de taxi para gastos. La situación, excepcional, refleja el funcionamiento “anquilosado” y “falto de coherencia” de la Asamblea, según distintos diputados consultados, incluidos del PP.

“Pues no sabía que se cobraba hasta mayo. Pensaba que se retribuía a los parlamentarios mientras hubiera plenos plenos y comisiones... La lógica te lleva a pensar eso, aunque tu condición jurídica de diputado se mantenga hasta mayo”, observa con sorpresa Eddy Sánchez, excoordinador regional de IU, cargo que ocupó dos años y al que renunció el pasado diciembre. Desde el pasado jueves es uno de los nuevos diputados. “La norma establece que no hay disolución de la Cámara sino agotamiento del mandato… Ha dado la casualidad de que aterrizamos cinco nuevos parlamentarios y solo tenemos marzo como periodo hábil para presentar iniciativas. Se debería incrementar el periodo de sesiones hasta el principio de la campaña electoral, que es como funcionan los Ayuntamientos”, interviene Óscar Monterrubio, parlamentario socialista en legislaturas anteriores y otro de los debutantes. La normativa obliga a que intervengan, al menos, en una comisión.

La Mesa de la Asamblea, con representación de todos los partidos, fijó en enero el calendario del periodo de sesiones del primer semestre del año, señalan fuentes del PP, que subrayan que se aprobó “por unanimidad”. Y añaden que en 2007 y 2011, años electorales, la actividad parlamentaria acabó a mediados de marzo, “también” con el visto bueno de todos los partidos. “El reglamento es prácticamente el mismo desde la época de Joaquín Leguina”, zanjan en el PP, en alusión al presidente socialista de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995.

“El funcionamiento de la Cámara es mejorable y por eso hemos presentado varias propuestas para ampliar los periodos de sesiones sin que el PP permitiese que prosperasen”, observa José Manuel Franco, portavoz del PSM en la Asamblea, que recuerda que es inhábil —es decir, que no hay plenos ni comisiones— en agosto, septiembre salvo el debate del estado de la región y enero.

“Es absurdo que se interrumpa la actividad parlamentaria ordinaria hasta la celebración de las elecciones. Nos impide ejercitar nuestra labor de control al Ejecutivo”, porfía Gregorio Gordo, portavoz de IU. “Es que la retribución económica debería ser acorde a tu productividad, a tu trabajo legislativo. Y eso se mide en comisiones y en plenos. Esa es tu responsabilidad laboral, y otra cosa es tu función política”, piensa Eddy Sánchez.

“Es un disparate del sistema, no se puede demonizar a los diputados que acaban de llegar a la Cámara. Habría que repensar el funcionamiento de la Asamblea, debería haber un capacidad de control al Gobierno regional hasta el periodo electoral”, apostilla Ramón Marcos, portavoz de UPyD en el Parlamento regional. Para eso existe la Diputación Permanente, una versión a menor escala del hemiciclo con capacidad para convocar un pleno extraordinario. “No es lo mismo. Y el PP con su mayoría absoluta puede impedirlo”, finaliza Marcos.