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El fiscal investiga por prevaricación a Medio Rural al contratar helicópteros

Un informe del Consello de Contas, clave en el caso, censura las adjudicaciones a Inaer, la firma que opera la mayoría de los medios aéreos de la Xunta

Helicoptero contraincendios de la Xunta
Helicoptero contraincendios de la Xunta

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago y la fiscalía han hallado indicios de prevaricación en la adjudicación por parte de la Consellería do Medio Rural e do Mar del servicio de extinción de incendios con helicópteros a la empresa Inaer, responsable de la gran mayoría de las aeronaves de salvamento marítimo, guardacostas o emergencias de la Xunta. Al menos dos interventores han declarado ya en el juzgado, que está citando a otros testigos relacionados con la causa. Según fuentes de la investigación, esta se ha visto impulsada gracias a un informe del Consello de Contas que hace tres meses señaló diversas irregularidades en los contratos de helicópteros de la Xunta.

 La CIG presentó en 2012 una denuncia por prevaricación contra la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana; su entonces secretario general, Francisco José Vidal Pardo (dimitido meses después por “motivos personales”), y su director de Montes, Tomás Fernández-Couto, por contratar a dedo con Inaer por 6,6 millones de euros el servicio de ese año de transporte aéreo de las brigadas contraincendios. La empresa ya lo había prestado en años anteriores pero en ese, como novedad, asumió también la gestión de las brigadas, que antes correspondía a la Xunta y que Inaer subcontrató a su vez a otra firma, Natutecnia. La consellería justificó entonces que ante la proximidad de la época de incendios no tenía tiempo para pedir varias ofertas y optó por una encomienda de gestión a Inaer.

En 2013, Medio Rural sí convocó un concurso público para prestar ambos servicios (12 helicópteros y sus brigadas) ese año y el siguiente por 12,3 millones de euros. A ese proceso se presentó, además de Inaer, otra firma que ya había desempeñado ese trabajo en Castilla y León. Pero, un mes después de licitarlo, la consellería argumentó que ambas ofertas incumplían los pliegos de condiciones, declaró desierto el concurso y convocó un proceso negociado en el que eligió a dedo los invitados a participar. Ya solo concurrió Inaer que, con menos requisitos que en el concurso previo, se llevó el contrato con una rebaja de apenas 8.000 euros, un 0,06% de los 12,3 millones de partida. La Xunta argumentó que había cumplido escrupulosamente la ley de contratos. No opina lo mismo el Consello de Contas, para quien la consellería “demoró en exceso la convocatoria” del concurso original. Luego, según el ente fiscalizador, hubo una “modificación sustancial de las condiciones iniciales” que “constituye un obstáculo legal para la posterior convocatoria de este procedimiento negociado sin publicidad, con infracción de los principios de publicidad y transparencia”. Según Contas, Medio Rural debió convocar un nuevo concurso público.

Además, un mes y medio antes de que Inaer se adjudicase el contrato, sus helicópteros ya estaban desplegados en bases de la Xunta, según demostró la CIG con varias fotografías. Medio Rural dijo que usaron sus helipuertos antes de la adjudicación “igual que otras aeronaves emplean de forma puntual instalaciones de otros aeroclubes” sin que supusiese ningún coste.

Después, con la campaña de incendios ya iniciada, Medio Rural contrató otros tres helicópteros, también a Inaer. En dos casos la empresa fue la única candidata y no rebajó ni un céntimo los importes de licitación, de 3,7 y un millón de euros respectivamente. En el tercer caso, un helicóptero menos complejo, se presentó otra oferta y ahí sí Inaer rebajó 47.000 euros sobre el precio de partida de 682.000. En los concursos, las empresas desconocen si van a tener más competidoras así como las rebajas que estas puedan presentar, por lo que en teoría deberían reducir al máximo sus ofertas. Inaer defendió entonces que la decisión de no rebajar ni un céntimo sus ofertas forma parte de su “estrategia comercial y empresarial” y que “si no hay en España otra empresa que cumpla con determinados requisitos técnicos, no es problema de Inaer”. La empresa dice ahora desconocer la investigación judicial en marcha, no valora las irregularidades detectadas por Contas y asegura que cumple con la ley de contratos. Sindicatos y oposición han criticado en varias ocasiones que aparatos de Inaer no estuviesen disponibles por falta de tripulación o averías en accidentes marítimos o en el siniestro de Angrois.

Irregularidades en siete adjudicaciones por 62 millones

En su último informe sobre contratación autonómica, el Consello de Contas ha sido especialmente duro con las adjudicaciones de la Xunta a Inaer. El ente fiscalizador analizó nueve contratos de servicios aéreos de salvamento y contraincendios entre 2007 y 2012 adjudicados por 63,8 millones de euros. Siete de ellos, por 62 millones y sin apenas rebajas, fueron para Inaer, en solitario o en asociación con otras firmas. Contas detectó en todos alguna irregularidad.

En cuatro de los contratos, adjudicados en 2008 para el servicio contraincendios de ese año y el siguiente, las adjudicatarias originales “cambiaron la titularidad para integrarse en Inaer” después de que en esos procesos “se valoraran elementos que no estaban incluidos en el pliego”, dice Contas. Los contratos se prorrogaron dos veces, hasta diciembre de 2011, pero Contas constata que “la prestación de servicios por esta empresa (…) continuó durante el año 2012 sin la preceptiva cobertura contractual”.

En otro contrato de 2009, de 2,7 millones, que se llevó Inaer sin rebajar un céntimo, Contas critica que los pliegos de licitación “no establecen una lista cerrada de las mejoras a valorar, sino que dejan la posibilidad de valorar otras indeterminadas”.

Contas también analiza la venta y posterior alquiler a Inaer de los dos helicópteros de salvamento marítimo comprados en 2005 por 27 millones de euros. Inaer los gestiona desde entonces y, cuando en junio de 2009 venció el contrato, la Xunta, que “no planifica con la suficiente antelación”, le siguió pagando hasta que en marzo de 2010 convocó un nuevo concurso. Inaer se lo volvió a llevar por 15 millones durante dos años, pero en mayo de 2011, cuando aún quedaban ocho meses de contrato, la Xunta lo rescindió argumentando que era caro y que buscaría una solución mejor. Inaer, sin embargo, siguió prestando el servicio “sin la adecuada relación contractual”, según Contas, hasta octubre de 2012, 17 meses después, lo que para el ente fiscalizador “desvirtúa las razones alegadas por la consellería para proceder a la resolución del contrato”. Los pagos de esos 17 meses los autorizó con un “trámite excepcional” y en secreto el Consello de la Xunta, “omitiendo los procedimientos legalmente establecidos”.

Finalmente la consellería, pese a las dudas de Facenda, vendió los aparatos a Inaer y le encargó seguir operándolos. Hasta 2017 su mantenimiento costará 8,9 millones al año frente a los 7,5 de antes, cifra que se rebajará a 6,1 al dedicar a su pago lo obtenido por la venta previa. Luego, ya sin aparatos en propiedad, la Xunta deberá volver a alquilarlos. “No consta ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros en el precio de las futuras contrataciones”, sentencia Contas.