Las Fallas retiran la distinción a Franco 40 años después de muerto

El pleno de la Junta Central Fallera (JCF) de Valencia ha aprobado por asentimiento retirar el bunyol de brillants, máxima distinción fallera de la época, concedido en 1947 al entonces jefe del Estado español, Francisco Franco. El órgano rector de la fiesta, que preside un concejal de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, lo hace 40 años después de muerto el dictador.

Según han informado fuentes de la JCF, la propuesta partió de Roberto Ruiz y Antonio Parrilla Sánchez, representantes de EU en el órgano rector fallero, quienes fundamentaban su petición en la aplicación de la ley de la Memoria Histórica.

La distinción, creada ex profeso para la ocasión, fue propuesta por el entonces presidente del organismo fallero, Clemente Cerdá, y aprobada por el pleno la JCF el 6 de mayo de 1947, tres días antes de la visita que Franco realizó a Valencia el 9 de mayo de ese mismo año.

Ese mismo día, la asamblea de presidentes de falla refrendó el acuerdo por unanimidad, "como exponente de adhesión y cariño de los falleros valencianos", según consta en el acta de concesión.

El bunyol de brillants concedido a Franco fue creado con carácter excepcional y único para "este caso histórico en nuestra fiesta", según consta en el acta de concesión.

Fuentes de JCF han indicado que el acuerdo de retirar la distinción fue aprobado anoche por asentimiento, ya que ningún representantes del pleno expresó su oposición a la medida.

En los fundamentos de derecho de la propuesta aprobada hace referencia al artículo 15 de la ley de Memoria Histórica, en el que se establece que las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura".

Este acuerdo del pleno de la JCF de retirar el bunyol de brillants a Franco deberá ser ratificado ahora por la asamblea de presidentes, convocada para el próximo martes 24 de febrero.

La coalición Compromís había pedido al rector de Junta Central Fallera que dejara sin efecto y retirase la máxima condecoración de este organismo a Franco, otorgada en 1947, todavía vigente y que no se concedió a nadie más.

Larga resistencia

Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, liderados por el PSPV, presentaron al Gobierno local en julio de 2014 informes de las facultades de Historia y de Derecho de la Universitat de Valencia para dejar sin efecto 24 distinciones que exaltan a figuras del franquismo. Al PP, que tiene la mayoría absoluta, no le bastaron los informes universitarios e insistieron en someter los documentos al escrutinio de los servicios jurídicos municipales. “Es una nueva maniobra del PP para dilatar la normalización democrática de Valencia”, denunció entonces el concejal socialista Salvador Broseta.

36 años después de la llegada de la democracia a España, la capital mantiene como alcalde honorario a Adolfo Rincón de Arellano, exalcalde de la capital y figura fundamental en la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión efectuada por la Dictadura franquista. Son todavía hijos adoptivos de Valencia Antonio Aranda Mata (general golpista que ocupó Valencia al término de la contienda civil), Carlos Asensio Cabanillas (otro general golpista) o Ramón Laporta Girón (inspector general del Movimiento de 1937 a 1943), entre otros. El propio dictador Francisco Franco y su presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco siguen teniendo las medallas de oro de la ciudad.

“No sabemos qué pretende el PP con esta decisión cuando hemos hecho lo que nos ha pedido", subrayó en julio Broseta, quien recordó que en 2012 y ante esta misma petición, el Gobierno de Rita Barberá les exigió informes documentados e independientes —entonces no se consideró adecuado encargarlos a los servicios jurídicos municipales— que sostuvieran la retirada de las distinciones.

Dos años después de aquello han presentado los trabajos de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultad de Derecho y del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat y tampoco son suficientes. “Nos pidieron un informe y ahora que lo tienen van a pedir un nuevo informe a los servicios jurídicos municipales para seguir poniendo obstáculos a la democratización de la ciudad", denunció el edil socialista, que acusó al Ayuntamiento de “insumisión legislativa”.