Juristas y profesionales proponen 99 medidas contra la corrupción
Los jueces Tomás y Tío, Manuela Carmena, los catedráticos Adela Cortina y Aurelio Martínez, entre los impulsores de la iniciativa
Nace un frente cívico contra la corrupción. La reducción a un tercio el número de cargos públicos, la supresión de asesores en la Administración Pública, el apartamiento del cargo a un político imputado, la estricta regulación de las subvenciones a sindicatos y patronales, o la imposibilidad de sustituir a un fiscal que investigue casos de corrupción son algunas de las 99 propuestas presentadas hoy por la Fundación por la Justicia en Valencia y Madrid para combatir la corrupción. Las dos últimas propuestas consisten en la creación de un Observatorio y un Foro ciudadano sobre temas de Corrupción.
Incluyen medidas relacionadas con el sistema financiero. Las dos primeras instan a aprobar una directiva europea que impida optar a ningún contrato público en cinco años a las empresas implicadas en casos de corrupción, así como aplicar una tasa especial del 5% a todas las ventas que realicen estas mismas empresas. También apuntan a una "tasa penalizadora (entre el 1 y el 5%) a cualquier transación llevada a cabo en un paraíso fiscal", en tanto existan estos paraísos.
El catálogo
Las 99 propuestas se distribuyen en VIII apartados: Administración general, local, sistema de partidos, sistema financiero, escenarios sensibles (como la contratación pública, el urbanismo o la justicia), o el Código Penal. He aquí algunas:
La primera se refiere al "fortalecimiento de las instituciones", con medidas como la reducción de los cargos públicos a 150.000 (España tiene el triple que Alemania con la mitad de población) la imposibilidad de realizar otro trabajo remunerado los funcionarios que tenga dedicación exclusiva.
La segunda supone "reducir sensiblemente el número de personas de designación política y apostar por funcionarios de carrera". Directamente se sugiere "suprimir la contratación de asesores".
Respecto a los altos cargos, invitan a ir hacia sistemas de listas abiertas que rebajen el poder de las cúpulas partidistas y la exigencia de que quien acceda a un cargo "tenga un trabajo remunerado al que renuncie temporalmente".
"No son soluciones, son propuestas para la reflexión, aunque muy concretas", ha puntualizado en el Aula Magna de la Universitat de València el magistrado José María Tomás y Tío, presidente de la fundación que coordina esta iniciativa de "una parte de la sociedad civil, estupefacta ante lo que se pasea todos los días por sus calles y se asoma a sus ventanas" y que "se alza contra la corrupción".
El magistrado de la Audiencia de Valencia y presidente de la Fundación promotora de la iniciativa ha explicado por qué no son 100 propuestas. "La cien es la más importante", ha dicho, porque "es la decisión de cada de que esto vale la pena, la propuesta número cien la tiene que escribir cada uno".
Junto a Tomás y Tío se encontraba la catedrática Adela Cortina, último premio nacional de ensayo y partícipe del grupo de 28 profesionales liberales, en su mayoría juristas, que han planteado estas propuestas. "Deben sumarse a esta tarea las empresas, las universidades y también los partidos políticos", ha subrayado Cortina en la presentación. "El principal problema que tenemos en España es la pobreza y la corrupción, la desviación de rcursos públicos y los paraísos fiscales generan pobreza".
Entre los firmantes del texto figuran también los jueces Vicente Ríos, Manuela Carmena y Pedro Viguer, la abogada Ana Móner o el catedrático de Economía Aplicada y expresidente del ICO, Aurelio Martínez. Partícipe en el acto de presentación, Martínez ha señalado que "la lucha contra la corrupción pasa por procede contra el corruptor" y ha recordado que la corrupción supone el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) anual mundial o el 25% del PIB africano. En España, según una última investigación universitaria, la corrupción costaría al año 40.000 millones de euros, es decir, el 3,5% del PIB.
