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Dorado blanqueó millones en la época de su amistad con Feijóo

El fallo de la Audiencia Nacional atribuye el origen de la fortuna del arousano al tráfico de drogas pese a que era conocido como “el rey del tabaco”

Dorado, bajo la bandera de España, y Feijóo, tercero por la derecha, en el Oratus en 1997.
Dorado, bajo la bandera de España, y Feijóo, tercero por la derecha, en el Oratus en 1997.

Marcial Dorado Baúlde recibió la pasada semana el veredicto más severo que respecto a la responsabilidad patrimonial haya dictado un tribunal en el último cuarto de siglo de historia del contrabando y el narcotráfico en España. Tres magistrados de la Audiencia Nacional necesitaron siete meses para valorar miles de pruebas documentales hasta levantar el velo sobre el origen de la fortuna del famoso tabaquero de la ría de Arousa y concluir que, además de los cigarrillos de contrabando, el tráfico de drogas fue la otra fuente de “las inmensas cantidades de dinero que acumuló” desde los años ochenta. Una buena parte de los millonarios movimientos de capitales que documenta la sentencia se registraron a mediados de los noventa, la época en que el ahora presidente de la Xunta y entonces número dos de la Consellería de Sanidade, Alberto Núñez Feijóo, disfrutó de vacaciones de verano, viajes y celebraciones navideñas en compañía de Dorado. Feijóo aseguró en su día que había roto la relación con Dorado en torno a 1997, al tener noticia de sus actividades, aunque posteriormente tuvo que admitir, al conocerse la existencia de una grabación policial, que siguió hablando esporádicamente con él al menos hasta 2003.

Los principales argumentos para la condena a seis años de cárcel por blanqueo y el decomiso de todos sus bienes se centran en operaciones realizadas en esa década de los noventa. El contrabandista y narcotraficante movió 106 millones de francos suizos (69 millones de euros), de los cuales 51 fueron ingresados en efectivo, en 16 cuentas abiertas en diferentes bancos helvéticos. Movimientos bancarios que la sentencia ve imposible “que solo procedieran de la venta de tabaco”, tal y como Dorado declaró en el juicio.

Ya en 1989, el célebre contrabandista de A Illa de Arousa había creado la primera sociedad suiza, Adlata A.G., para ocultar fondos bancarios depositados en una sucursal de Lugano utilizando a fiduciarios y testaferros como el gestor Luciano Cattaneo. En esta etapa también impulsó sus negocios vinícolas, de hidrocarburos, inmobiliarios y navales en España, Portugal y Marruecos y millonarias transacciones en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Bahamas, Jersey y Liechtenstein.

Entre enero de 1991 y octubre de 1994, cuando ya empezaba a frecuentar la compañía de Feijóo, abrió cuatro cuentas en la Societé de Banque Suisse de Lugano donde ingresó, entre otras cantidades, más de seis millones de euros en metálico hasta que la entidad le comunicó que no aceptaba más efectivo, por lo que a partir de mayo de 1995 recurrió a un banco de Andorra donde abrió una cuenta con otro medio millón de euros. En septiembre de 1997, aconsejado por el gestor de fortunas Vicenzo Liparulo, eligió el Banco Paribas de Ginebra desde donde movió más de un millón de euros en paraísos fiscales y un año después creó el grupo Programallo, con sede en Vilagarcía, a cuyo nombre puso todo su patrimonio, incluido su chalé de A Illa, valorado en 3,5 millones.

Así llegó a gestionar un trust de 28 sociedades nacionales y extranjeras. “No hay por lo tanto duda de la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; de lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto; de la naturaleza y características poco comunes de las operaciones económicas llevadas a cabo con el uso de abundante dinero en metálico”, afirma la sentencia. Además, incide en la nula justificación de los ingresos y “la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales por el señor Dorado”, que dijo que procedían de negocios de “duty free”.

Además de sacar a la luz el emporio societario con el que adquirió 204 propiedades (la mitad registradas en A Illa), en las que invirtió más de 20 millones de euros, el tribunal hizo en la sentencia un perfil nuevo del personaje al atribuirle una posición relevante en el narcotráfico que él siempre negó. Los jueces desmontan las alegaciones de su abogado, Manuel Tuero, que trató “más de insinuar o sugerir que de probar” que el dinero lo había obtenido con el contrabando cuando aún no era delito. “Es verdad que Marcial Dorado ha sido un contrabandista de tabaco”, admite el tribunal, que destaca que “incluso a nivel popular era conocido como el 'rey del tabaco”. “Pero esto no quiere decir que no se dedicase al narcotráfico”, subraya.

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El tribunal recuerda los argumentos expuestos por Marcial Dorado en el juicio: “Intentó justificar algo así como una ética del contrabandista: 'puedo haber cometido otros delitos pero nunca, por razones éticas, el del tráfico de droga', y dicha aseveración casa mal con su condena firme por un delito de narcotráfico”. Dorado insistió en que la condena que ya estaba cumpliendo fue injusta porque él no sabía que un barco que vendió se acabaría usando en 2003 para transportar 5,7 toneladas de cocaína, pero el tribunal replica que esos hechos ya fueron sentenciados.

El fallo —que Dorado recurrirá ante el Tribunal Supremo— confirma prácticamente la versión de la fiscalía antidroga de la Audiencia Nacional que se basó en la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dirigida por los mismos funcionarios que persiguieron a Dorado en sus épocas de contrabandista y que luego lo detuvieron en 2003. El tribunal ha admitido además como indicios de su relación con el tráfico de drogas un envío de madera desde Togo, en 2000, en un contenedor que supuestamente ocultaba un alijo de cocaína y en cuya investigación aparecieron dos empresas del holding de Dorado, además de movimientos bancarios con las sociedades vinculadas al narcotráfico.

Esta es la tercera condena a Marcial Dorado desde 2005. La primera consideró probado que en mayo de 1997 —la época en la que Feijóo asegura que interrumpió la relación con él y en plena efervescencia de sus movimientos de capital— sobornó a guardias civiles con 5.020.000 pesetas para que colaborasen en operaciones de contrabando y fue condenado a dos años y cinco meses de prisión.

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