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gobierno vasco

Toña está condenado a 18 meses de inhabilitación por retrasar pagos

Los afectados son un grupo de trabajadores y la Seguridad Social. La sentencia fue favorable a Toña en primera instancia, pero perdió ante el recurso

El País
El lehendakari Urkullu estrecha la mano al nuevo consejero de Empleo, Ángel Toña, en su toma de posesión.
El lehendakari Urkullu estrecha la mano al nuevo consejero de Empleo, Ángel Toña, en su toma de posesión.l. rico

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado al actual consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, como miembro de la Administración Concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004, a reordenar los pagos realizados y a una inhabilitación de 18 meses para ser nombrado administrador de concurso, según ha informado el diario Gara, en su edición de este miércoles. El periódico asegura que la sentencia fue comunicada a las partes el 4 de febrero, antes de que Toña relevara en su cargo a Juan María Aburto al frente del Departamento de Empleo. El nuevo consejero tomó este martes posesión de su cargo.

La sentencia recoge, según Gara, que la Administración Concursal "ignoró" las constantes resoluciones judiciales que le obligaban a pagar a la Tesorería de la Seguridad Social y a varios trabajadores. Por ello, la Audiencia vizcaína habría condenado a la Administración Concursal de Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004, que en realidad forman una única empresa, por haber cambiado el orden de los pagos durante la liquidación, postergando la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social y al menos cinco trabajadores. La información del diario explica que la administración concursal de estas empresas en el procedimiento voluntario 334/06-N, estaba formada por el actual consejero, Ángel Toña Guenaga, y otras dos personas.

La resolución judicial, firmada el 8 de enero pero comunicada la semana pasada, obligaría a los administradores a reordenar los pagos efectuados, exigiendo la devolución de algunos de ellos para atender a los requerimientos de la Tesorería de la Seguridad Social, a la que adeudan 3,25 millones de euros, y a cinco trabajadores personados, a los que se les deben unos 50.000 euros. Además, impondría a los administradores de la concursada la inhabilitación durante el plazo de 18 meses para ser nombrados administradores de concursos. Contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia cabe recurso de casación o presentar un recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo.

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