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El Gobierno culpa a la Xunta de un sobrecoste en la depuradora de Vigo

La Administración central exige cinco millones más por el retraso de un permiso

Santiago de Compostela -
Carta remitida por la empresa dependiente del ministerio a la consellería.
Carta remitida por la empresa dependiente del ministerio a la consellería.

Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que construye la nueva depuradora de Vigo, está apremiando a la Xunta, que paga la mitad de la obra, a fin de que agilice el permiso que el departamento autonómico de Minas debe otorgarle para finalizar una parte de los trabajos. Los retrasos que ya acumula esa autorización, le dice la empresa pública a la Xunta en una carta, puede suponer un incremento en la aportación del Ejecutivo gallego “de entre cuatro y seis millones de euros”. Por ello, Acuaes reclama al Gobierno autónomo que prevea ya una aportación extraordinaria de cinco millones de euros, según su “estimación prudente”, que habría que sumar a los 125 millones que ya destinaba la Xunta a esta actuación. El Gobierno de Feijóo asegura que el permiso se emitirá “pronto” y confía en que finalmente no tenga que pagar ese sobrecoste.

 La directora general de Acuaes, Aránzazu Vallejo, ha remitido una carta personal a la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, recibida el pasado lunes, en la que pide su mediación para agilizar los trámites necesarios a fin de culminar la obra del emisario submarino que verterá el agua ya tratada en el centro de la ría. Ese emisario, un tubo de más de tres kilómetros de longitud, discurre en parte bajo tierra y precisa de un permiso de Minas, dependiente de la Consellería de Economía e Industria, autorización por la que Vallejo muestra su “preocupación por el escaso avance en la tramitación”. “El tema es sin duda conocido por vosotros, y me consta que el director de Augas de Galicia se ha interesado por su resolución, si bien no sé si eres consciente de las repercusiones económicas que según el convenio firmado este retraso tiene para vosotros”, le dice la responsable de Acuaes a la conselleira. Y a continuación cuantifica entre cuatro y seis millones de euros el “incremento” que ese retraso supondrá en la aportación prevista por parte de la Xunta. Pero la directora de la empresa pública estatal va más allá y pide a la conselleira que reserve ya los fondos necesarios para hacer frente a ese sobrecoste. “Al objeto de actualizar la previsión de financiación de la actuación, me veo obligada a solicitarte una nueva programación de las aportaciones de la Xunta en la que se incluya una estimación prudente de ese incremento de aportación de cinco millones de euros”, concluye la misiva.

En noviembre, tras una reunión de la comisión de seguimiento de las obras en la que participaron Gobierno, Xunta y Ayuntamiento, Acuaes emitió una nota de prensa en la que se indicaba que “a partir del próximo mes de enero se iniciará la perforación” de los tramos subterráneos del emisario. El tramo submarino de ese emisario ya está fondeado en su mayor parte, pero su tramo subterráneo es el que se está viendo retrasado por la demora de Minas en otorgar el permiso necesario. La Consellería de Medio Ambiente asegura que ya trabaja con Economía e Industria para que ese permiso se emita “pronto” y muestra su confianza en que finalmente no tendrá que pagar el sobrecoste que reclama Acuaes.

La nueva depuradora de Vigo acumula años de retraso pese a las reiteradas amenazas de sanción de la Comisión Europea por la contaminación de la ría, donde se crían especies de consumo humano. Sus obras comenzaron en el verano de 2012 y, aunque estaba previsto que los trabajos durasen dos años, la instalación no estará plenamente operativa hasta 2016, según informó la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en una visita a la zona hace dos meses acompañada del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Gobierno y Xunta pagan a partes casi iguales los 230 millones que cuesta la depuradora, a los que hay que sumar otras actuaciones secundarias que elevan la factura final a 280 millones. Los 125 millones que aporta la Xunta están sirviendo para que el presidente Feijóo publicite de forma recurrente la inversión que su Gobierno realiza en Vigo frente a las críticas del alcalde, el socialista Abel Caballero.

Esta misma semana, en una reunión en Bruselas de Feijóo con el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, la Xunta destacó como un logro que “solo” falten por finalizar las infraestructuras de saneamiento de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y Ferrol “para que las rías gallegas cumplan al cien por cien” la normativa europea cuando las tres primeras son precisamente las más grandes.

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