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Desahucio en silla de ruedas

Parado el desalojo previsto para hoy en el Guinardó de una mujer de 37 años con una dolencia que paraliza su cuerpo

María Goretti Guisande, en el salón de su casa.

María Goretti Guisande es la protagonista de una nueva pero atípica historia de desahucio. Esta mañana estaba previsto que fuera desalojada, pese a su complicada enfermedad crónica. Sin embargo, de momento el desahucio se ha parado gracias a la presencia de numerosos vecinos y activistas de 500x20 y la PAH. Gallega, de 37 años y residente en Barcelona desde los 18, María ha sido diagnosticada con el síndrome de sensibilidad química múltiple, un extraño trastorno que altera progresivamente el sistema nervioso hasta paralizar su cuerpo por completo. En 2009 fue incapaz de continuar con su vida laboral. La falta de ingresos ha condicionado que, en octubre de 2013, dejara de pagar el alquiler de su piso, ubicado en la calle Sant Antoni Maria Claret.

En mayo del año pasado, se le envió la primera de las tres órdenes de desahucio que recibió en 2014. Todas las instancias fueron aplazadas por su historial médico. Hasta el día de hoy, que se pretendía hacer efectivo su desalojo. “No se trata solo de perder el piso. Tengo una enfermedad compleja y todo lo que me rodea me hace daño. El traslado a un hospital o a una pensión significa estar expuesta a un dolor continuo. Yo atravieso una lucha muy dura para sobrevivir cada día, y no puedo aguantar un daño añadido”, explica la mujer desde su silla de ruedas con una mascarilla respiratoria. La respiración se le corta en cada frase.

Lo que empezó con una fatiga crónica hace más de diez años, derivó luego en una fibromialgia severa. Cualquier estímulo auditivo, de tacto, olfato o de visión que ella reciba, desencadena una crisis corporal intolerable. Desde el sonido del tráfico hasta la respiración de una persona. El olor de una colonia o el perfume de la ropa. Los textiles que roza e incluso un destello de luz le provocan un fuerte dolor interno que paraliza su cuerpo por completo.

El traslado a una pensión o a un hospital significa un dolor continuo

María nunca ha recibido una paga por su enfermedad. Su abogada ha adelantado que ha iniciado un proceso judicial contra el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) y la Seguridad Social para que le declaren la invalidez definitiva. Según la letrada, las instituciones mencionadas denegaron anteriormente la petición de invalidez por considerar el trastorno como una “enfermedad invisible”, lo que significa que no se puede reconocer con las pruebas médicas tradicionales. Sin embargo, los médicos del Hospital Clínic han valorado la incapacidad laboral que tiene María a raíz de su enfermedad. Con estos antecedentes, la abogada ha iniciado un nuevo proceso judicial para el cual no hay fecha definida.

María espera ser trasladada a un piso de protección oficial, una turbia posibilidad frente a un escenario sin tiempo. Según la Asociación 500 x 20, plataforma que lleva el caso de la afectada, la Administración ha comunicado que la mujer no entregó la documentación necesaria para la gestión del piso. María alega estar incomunicada en su casa, sin teléfono de línea ni Internet, de donde, además, no puede salir. Reclama que la Administración no ha procedido debidamente para hacerle saber qué papeles debía presentar.

“¿Por qué esperan a unos días antes del desahucio para decirme que no hay tiempo? Llevo aquí desde 2013 pidiendo ayuda. Es muy duro estar 24 horas, cada semana de cada mes, durante un año y medio sin poder hablar con nadie. ¿Hago señales de humo para que me vean?”, reprocha la mujer.

“He escuchado al tercer teniente de alcalde, Antoni Vives, decir que todo el mundo tiene el techo garantizado en Barcelona. Me gustaría que me venga a visitar a casa, si es posible sin perfume, para que le recuerde sus palabras”, ironiza la gallega desde el oscuro y poco ventilado salón de su hogar.

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