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Cataluña reclamará ‘papeles’ del Archivo Militar de Ávila

La Gestapo requisó en París documentos de la Generalitat que entregó a Franco en 1940

José Ángel Montañés
Fachada del Archivo Militar de Ávila, donde fue llevada la documentación de la Generalitat requisada por la Gestapo.
Fachada del Archivo Militar de Ávila, donde fue llevada la documentación de la Generalitat requisada por la Gestapo.

El 31 de enero se cumplieron dos años de la sentencia del Tribunal Constitucional que legitimaba el proceso de restitución de los documentos catalanes trasladados a Salamanca en 1939. Dos años después, el conflicto lejos de concluir sigue añadiendo elementos de enfrentamiento entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat. Ayer, la Comisión de la Dignidad explicó que ha pedido a la Generalitat que reclame un nuevo lote de documentos, desconocidos hasta hace poco, pertenecientes al Gobierno catalán republicano depositados en el Archivo Militar de Ávila. Fuentes de la Generalitat aseguraron ayer que el Arxiu Nacional de Catalunya está estudiando de qué documentación se trata. “Los informes parecen consistentes, por lo que, con seguridad, se reclamará”, aseguraron. Para ello pedirán que “se aplique la Ley 2005 de restitución, o en caso contrario, una nueva ley que avale su retorno”.

Una de las hojas del inventario con la documentación de la Generalitat que se conserva en el Archivo Militar de Ávila.
Una de las hojas del inventario con la documentación de la Generalitat que se conserva en el Archivo Militar de Ávila.

La nueva documentación ha tenido una historia muy viajera, según Josep Cruanyes y Antoni Strubell, portavoces de la Comisión. El Gobierno catalán se llevó camino del exilio francés gran parte de su documentación. Ante el peligro de una ocupación nazi, el expresidente Josep Tarradellas escondió una parte que luego, en 1980, depositó en el fondo Tarradellas del Archivo de Poblet. El resto fue incautado por las tropas nazis de la Gestapo tras la toma de París en 1940 y entregado a las autoridades franquistas. Una vez en Madrid fue depositado en el Servicio Histórico Militar, y en 1993 en el Archivo Militar de Ávila.

“Casi toda la documentación pertenece a la Consejería de Justicia relativa a la persecución y violencia en la retaguardia republicana, que se llevó a París para evitar que cayera en manos franquistas”, explicó Cruanyes. Sin precisar el volumen total, el historiador Jordi Oliva explicó que sí ha podido transcribir el índice del catálogo que se realizó en los años sesenta del siglo pasado. En él se detallan tres legajos que contienen 22 carpetas con cerca de un centenar de documentos de diferentes tipos.

El Gobierno catalán pedirá que se aplique la Ley de restitución de 2005

Entre los documentos que se conservan en Ávila destacan una relación de personal civil que presta servicios en centros docentes oficiales, de septiembre de 1937; locuciones del presidente de la Generalitat Lluís Companys; boletines de información de la consejería; la propuesta de Tarradellas sobre la constitución de Cataluña como territorio independiente antifascista, en caso de que la República perdiera la guerra, de noviembre de 1936; informes de la llegada de material ruso a Cartagena en el que la URSS amenaza con no enviar más si hay desórdenes con la distribución; un viaje de Tarradellas a París para comprar armas, o un croquis proyecto de estudio de un avión de guerra, de 1939.

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Cruanyes y Strubell han dado a conocer también un manifiesto firmado por un centenar de profesores, investigadores e intelectuales catalanes, españoles e internacionales en las que lamentan que 76 años después de la requisa que supuso la pérdida de los papeles el proceso de restitución no haya concluido pese a lo que se mantiene desde el Ministerio. También denunciaron la actitud del Estado al incumplir la Ley de 2005 y los acuerdos de la Comisión Mixta al devolver en diciembre pasado solo una parte de lo acordado por este órgano en verano de 2013. “Una vez más el Estado ha mostrado un menosprecio e incomprensión de la necesidad de poner fin y reparar los actos de violencia cometidos por la dictadura”, aseguraron.

Cruanyes aseguró que el Estado ha incumplido el deber de restituir lo requisado en el resto de España. “No ha hecho ninguna publicidad para que las personas y entidades con documentos los recupere. Las dos únicas familias que los han pedido, la de Gonzalo de Reparaz y la de Ángel Osorio, se los han negado”.

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Sobre la firma

José Ángel Montañés
Redactor de Cultura de EL PAÍS en Cataluña, donde hace el seguimiento de los temas de Arte y Patrimonio. Es licenciado en Prehistoria e Historia Antigua y diplomado en Restauración de Bienes Culturales y autor de libros como 'El niño secreto de los Dalí', publicado en 2020.

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