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La fiscalía urge a Alaya a elevar el ‘caso Madeja’ a la Audiencia Nacional

La instrucción afecta a varias autonomías y acumula ya 95 imputados

Javier Martín-Arroyo
Alaya, a su salida de los juzgados de Sevilla.
Alaya, a su salida de los juzgados de Sevilla.J. Rojas

La Fiscalía de Sevilla apremia a la juez Mercedes Alaya para que eleve a la Audiencia Nacional el caso Madeja, que destapó una trama de sobornos a funcionarios de diferentes Administraciones (Ministerio de Fomento, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, etcétera) a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. La juez preguntó al fiscal que se pronunciara al respecto, y ahora este ha dado su visto bueno. La fiscalía abre la puerta para despejar el camino de Alaya hacia la Audiencia de Sevilla, donde ha logrado plaza para ascender este año, y así minimizar la sobrecarga de trabajo que soporta al desprenderse de esta causa con 95 imputados.

El fiscal destaca el efecto perverso que ha tenido el caso Madeja sobre la economía nacional, al haber movido supuestamente hasta 4,3 millones de dinero negro en comisiones ilegales. “El fraude producido ha tenido un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, lo que determina el informe favorable de la fiscalía a la competencia a los juzgados centrales de instrucción”, estima en su escrito el ministerio fiscal para justificar que el sumario se eleve a la Audiencia Nacional. Este órgano acapara causas que atañen a más de una comunidad autónoma y en esta hay indicios de delitos en al menos Andalucía, Canarias y Extremadura y Madrid.

El fiscal incide en la elevada cifra de imputados, pero también en la cantidad supuestamente invertida en mordidas por la empresa sevillana Fitonovo. “No cabe duda de la complejidad de la instrucción tanto en relación con los hechos que deben ser objeto de investigación como del número de personas inculpadas en esta ciudad y en diversidad de provincias, tanto dentro y fuera de la comunidad autónoma de Andalucía”, razona la fiscalía.

Los delitos que vislumbra el fiscal a estas alturas de la instrucción incluyen cohecho continuado, fraude y exacciones ilegales, asociación ilícita, prevaricación y falsedades en documentos mercantiles y públicos. “La complejidad de la causa y el estado actual de la instrucción solo permite realizar un juicio provisorio de la calificación jurídica de los hechos”, investigados por la Guardia Civil.

Un exdirectivo de Fitonovo sale en libertad tras tres meses en prisión

La red tejida por Fitonovo a través de sus comerciales en Administraciones de todo el país multiplicó sus adjudicaciones de contratos en diferentes regiones. Los investigadores hallaron la contabilidad B de la firma, y a partir de ahí los empresarios confirmaron la ristra de sobornos registrada en un documento informático.

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Fitonovo pagó supuestamente mordidas, pero también realizó “variados tipos de maquinaciones” con otras empresas para presentar ofertas “ficticias” y así lograr contratos. El fiscal recuerda asimismo la emisión de facturas “infladas” y la existencia de una contabilidad extraoficial.

En la causa, nacida del caso Mercasevilla, Alaya acusa al PSOE y a Izquierda Unida de financiarse de manera ilegal gracias a dichas comisiones, aunque sin que los indicios sean muy claros a excepción del pago por Fitonovo de una sede socialista en el distrito sevillano de Macarena.

Mientras, el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, abandonó la cárcel tras abonar una fianza de 50.000 euros y cumplir con la prisión preventiva, informó Europa Press. Bruguera es el supuesto responsable de la red de sobornos implantada por Fitonovo, junto a sus superiores, los dueños de la empresa. El directivo imputado entró en prisión el pasado 11 de noviembre en la Operación Enredadera, dentro del caso Madeja. La juez ha ido rebajando la fianza inicial de 180.000 euros a medida que avanzaba la investigación y se reducía el riesgo de fuga.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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