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Alicante retira el plan urbano de Castedo investigado por la justicia

El alcalde, Miguel Valor, quiere abrir el nuevo planeamiento a la ciudadanía

El alcalde de Alicante, Miguel Valor (con chaqueta negra), revisa con los técnicos de la Generalitat el plan. Ampliar foto
El alcalde de Alicante, Miguel Valor (con chaqueta negra), revisa con los técnicos de la Generalitat el plan.

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido este lunes dar carpetazo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad impulsado en su momento por los alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del Partido Popular. La medida supone un punto final del Consistorio a la gestión urbanística de los dos políticos, imputados por la justicia en una pieza del caso Brugal que investiga si desde las dependencias municipales de Urbanismo se amañó el plan en favor del constructor Enrique Ortiz, también imputado en Brugal y en el caso Gürtel.

Miguel Valor estaba llamado a ser un alcalde de transición, con los apenas cinco meses de duración que le resta al mandato, pero ayer tomó una decisión capital para el futuro de la ciudad. Hace 14 años que se gestó el plan que ayer murió, considerado por muchos como el gran fracaso del PP en los 20 años que lleva gobernando Alicante, una ciudad cuyas grandes infraestructuras e hitos urbanísticos del momento han sido pagadas por Administraciones supralocales, como la Diputación de Alicante y la Generalitat.

Todo el plan general urbano está bajo sospecha. Desde su redactor hasta varios altos funcionarios están imputados en una investigación que se dirime en el juzgado de instrucción número cinco de Alicante.

El próximo viernes, en un pleno extraordinario, se pondrá fin al actual PGOU y el nuevo comenzará con la creación de talleres de participación pública. En un comunicado, Valor anunció que la ciudad se embarca en un modelo de crecimiento que será “inteligente y sostenible medioambiental y territorialmente”.

La ciudad mirará a modelos de crecimiento vanguardistas como los creados en Bilbao, Rotterdam (Holanda) o Leipzig (Alemania). Según lo anunciado, incorporará infraestructuras verdes y con vistas a la eficiencia energética, actuaciones que harán más propicio para los próximos equipos de gobierno acceder a ayudas europeas, algo positivo para una ciudad cuya tesorería está intervenida por el Gobierno central.

Las decisiones, a decir del alcalde, han sido tomadas en consonancia con la Generalitat, que desde hacía años tenía bloqueado un plan que la justicia lleva tiempo destripando. El nuevo PGOU se podrá tramitar de acuerdo con la nueva ley urbanística, en vigor desde el pasado 20 de agosto. Actualmente, el plan en validez data de 1987, con el socialista José Luis Lassaleta de alcalde.

El cambio de posición del Partido Popular en el Consistorio trata de superar la propuesta desfasada del planeamiento de Díaz Alperi y Castedo. Pero también ofrece sospechas de cálculo electoralista. En el pleno del pasado miércoles, los populares rechazaron dos mociones desde la oposición en las que solicitaban lo que ayer ocurrió. Lo que sí aparece diáfano es la voluntad por marcar diferencias con las trayectorias de Castedo y, previamente, Díaz Alperi. La gestión urbanística municipal está bajo sospecha desde que en 2011, recién elegida Castedo, comenzaran a conocerse las conversaciones intervenidas por la policía entre ambos políticos y el principal constructor de la provincia y la ciudad, Enrique Ortiz.

Pese a su decisión, Valor mantiene el proyecto del Plan Rabassa, también pendiente de aprobación en las Cortes e impulsado al margen del PGOU por Ortiz en el barrio de este nombre. Allí, el empresario pretendía construir 13.500 casas e instalar una tienda de Ikea. Este plan, también bloqueado en Valencia, está siendo investigado por la justicia al estar considerado por la policía como un pelotazo plagado de irregularidades.

“Si se confirma que se inicia de cero la revisión del plan debería suspenderse de inmediato el plan Rabassa”, consideró el regidor de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón. La oposición al completo se ha felicitado por la decisión. El PSPV-PSOE, por boca de su portavoz, Gabriel Echávarri, pidió elaborar con rapidez un nuevo PGOU, “la desregularización anima a los especuladores”. Fernando Llopis, de UPyD, recalcó la necesidad de ser transparentes y participativos en el nuevo proyecto.