El pleno de Parla considera ilegales 100 de los 256 millones del tranvía
El PSOE se abstiene y evita refrendar la gestión de Tomás Gómez como alcalde
El Ayuntamiento de Parla aprobó ayer, con el voto favorable del PP, IU y UPyD y la abstención del PSOE, declarar “lesivos” o ilegales alrededor de 100 de los 256 millones de euros, incluidos los intereses, en que se ha presupuestado el tranvía que desde mayo de 2007 recorre esa ciudad de 125.000 habitantes. La decisión del pleno es vinculante; esto es, insta al Gobierno municipal a revisar de forma unilateral la deuda reconocida y negociada mediante un calendario de pagos hasta 2037 con la concesionaria del transporte, según destacan los grupos de la oposición. De dar ese paso, fuentes municipales dan por sentado que Tranvía de Parla, SA, acudiría a los tribunales. El tranvía tuvo un sobrecoste de 41 millones, lo que disparó su precio a unos 140 millones, sin contar 122 millones en intereses.
Un tranvía de 256 millones a pagar hasta 2037
- El tranvía de Parla fue adjudicado por 93,5 millones de euros (IVA aparte) en mayo de 2005 a un consorcio compuesto en su origen por Acciona, FCC, Detren y Caja Castilla-La Mancha para la construcción, conservación y explotación de la infraestructura. En la actualidad, Tranvía de Parla, SA, está participada en un 85% por Globalvia (forma parte de FCC), y el 15% restante por Caja Castilla-La Mancha.
- La infraestructura tuvo un sobrecoste del 38% tras dos modificaciones presupuestarias, aprobadas en junta de Gobierno en diciembre de 2006 (22,7 millones más IVA) y en junio de 2009 (13,3 millones, IVA no incluido).
- El precio global del transporte asciende a 256 millones, incluidos más de 120 en intereses. El calendario de pagos termina en 2037.
- La concesión a Tranvía de Parla, SA, es por 40 años. Comprende la construcción, suministro de material móvil, explotación, operación y mantenimiento de los 8,5 kilómetros de doble vía del medio de transporte.
- El tranvía entró en funcionamiento semanas antes de las elecciones de 2007, en las que Tomás Gómez salió reelegido alcalde con el 74,4% de votos. Tuvo un tránsito anual de 4,5 millones de pasajeros en 2013.
- La fiscalía pide la imputación de todos los concejales socialistas que aprobaron las modificaciones presupuestarias de la obra, de más de 40 millones.
El gesto supone además un serio revés a la gestión de Tomás Gómez, alcalde de 1999 a 2008 y actual secretario general del PSOE madrileño. También a las políticas de su exconcejal de Economía y Hacienda y sucesor al frente del Consistorio, José María Fraile, que el pasado octubre renunció al cargo tras ser imputado en la Operación Púnica, en la que la Guardia Civil investiga el presunto pago de mordidas a cambio de contratos públicos en los distintos niveles de la Administración. La actual alcaldesa es desde mediados de noviembre la también socialista Beatriz Arceredillo, muy crítica con la gestión de Gómez y Fraile: heredó un déficit de 343 millones y una deuda de 2.941 euros por habitante, la más abultada de los municipios madrileños de más de 50.000 habitantes. El PSOE gobierna en minoría con 11 ediles, los mismos que el PP (obtuvo 22 votos menos en las elecciones municipales de 2011). IU tiene cuatro concejales y UPyD, uno.
La infraestructura fue adjudicada en mayo de 2005 por 93,5 millones de euros, IVA no incluido. En diciembre de 2006, con Gómez todavía de regidor, la junta de Gobierno aprobó un “importe adicional total” de 22,7 millones, IVA aparte, al proyecto original. Otra junta local aprobó en junio de 2009, con Fraile de alcalde, una nueva modificación por importe de 13,3 millones, IVA no incluido. El sobrecoste aprobado por las dos juntas de Gobierno fue de 41 millones (36 millones más IVA). La fiscalía ha pedido la imputación de dos Gobiernos de Parla por el sobrecoste del 37,96% del tranvía, al considerar que se pueden haber dado los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los 11 concejales socialistas no figura Gómez, que justificó su ausencia de la junta de 2006 alegando que se encontraría “cantando villancicos en alguna escuela”.
“Pedimos que se reduzca la deuda. Hay 100 millones que entendemos que no son legales, son contratos a dedo que están de clavo”, manifestó Miguel Ángel López, portavoz del PP, partido que propuso “anular los sobrecostes” por entender que se aprobaron de forma irregular. “Solicitamos que la empresa y el Consorcio Regional de Transportes se sienten y determinen cuánto ha costado el tranvía, cuánto se ha pagado y cuánto queda por pagar. Solo pedimos pagar lo que cuesta realmente”, apostilló. Pablo Sánchez Pastor, portavoz del PSOE, candidato en las municipales y uno de los ediles para quienes la fiscalía pide la imputación, afirmó que el tranvía costó 129 millones. Ante las críticas de la oposición, subrayó que la infraestructura “está subvencionada con 0,20 euros por viajero, frente a los 13 euros del metro ligero de Las Tablas, con 13 euros por viajero”. “El consorcio regional lo pagamos todos los municipios”, esgrimió, acusando a la Comunidad de una diferencia de trato.
“Parla nunca debió tomar la decisión de construir el tranvía. Consecuencia de esa decisión es la mayor parte de la deuda de esta corporación, que condiciona, hipoteca y limita su funcionamiento y el ofrecimiento de servicios públicos”, observó Eugenio Santos, portavoz de IU. La coalición solicitó la convocatoria urgente de la comisión especial de cuentas “para conocer el actual estado de toda la deuda del Ayuntamiento”, al considerar también “lesivos e ilegítimos” los intereses bancarios.
El portavoz de UPyD, Juan Carlos Machuca, presentó una enmienda, que fue aprobada, en la que instó al Ejecutivo local a “revisar de oficio” los acuerdos de la junta de Gobierno de junio de 2013, en la que se aprobó el calendario de pagos vigente con la concesionaria. “El Gobierno municipal ha realizado numerosas omisiones en el asunto del tranvía sin seguir los pasos adecuados”, zanjó.
Sagasta, un fondo que genera recelo
Tanto la oposición como la alcaldesa de Parla recelan de "los intereses ocultos" de Sagasta Corporate, el fondo de inversión de Luxemburgo que en agosto de 2013 compró por 73 millones parte de la deuda que la ciudad mantiene con la concesionaria del tranvía, participada en un 85% por Globalvia, SA, y en un 15% por Caja Castilla-La Mancha. Una auditoría de Deloitte a las cuentas de la adjudicataria refleja que Parla debía a la firma 180 millones al cierre de 2013. Es más, el Consistorio no pagó en ese ejercicio los 24 millones que debía abonar por el servicio del transporte. El impago se repitió el ejercicio pasado.
El fondo presentó el pasado noviembre una denuncia, admitida a trámite, en la que demanda por impago al Ayuntamiento, pide "medidas cautelares" y le exige 29 millones. Con un presupuesto que no llega a los 70 millones, Parla promedia unos números rojos de 25 millones por ejercicio desde 2009 (el de 2013 lo cerró con un déficit de 14,7 millones). Aun así, Sagasta exige el "pago inmediato de la deuda".
Sagasta Corporate fue constituida en julio de 2013, dos semanas antes de la operación en la que compró la deuda del tranvía. Fuentes del sector financiero que operan desde hace años en Luxemburgo han sido incapaces de aclarar quiénes están detrás del fondo. El objeto de Sagasta es, “fundamentalmente, adquirir, disponer e invertir en préstamos u otro tipo de activos mediante compartimentos creados a tal efecto”.
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